Las celdas de las comisarías encierran pura miseria humana

Los detenidos comienzan a vivir un infierno en el mismo momento en el que sienten el seco sonido del candado con el que el carcelero cierra la puerta del calabozo de una comisaría. Hacinamiento, hambre, miseria, promiscuidad, enfermedades, frío, calor y violencia. Esos son algunas de las consecuencias de la crisis carcelaria y con la que se están violando los derechos de los arrestados y todos los acuerdos a los que se encuentra adherida la provincia.

“Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice”, establece la Constitución Nacional. Pero en la provincia pareciera que nadie se acordó de este punto. Sí lo hacen los familiares de los detenidos que, con mucho miedo, denuncian lo que está ocurriendo.

“Mi hijo está acá porque es un drogón. Roba para drogarse y así cayó. Hace dos meses está acá. Le queda un mes más, pero para desgracia de él ya no hay tiempo para que lo trasladen al penal”, dijo Juana M. dejando en claro que por las condiciones de encierro que tiene, la cárcel de Villa Urquiza, que está sobrepasada en su capacidad en un 30%, podría ser un pasaje directo a una especie de paraíso. “Los chicos aquí están muy mal. Mi chango cada que vez que salió pasaba por dos etapas: de la depresión pasaba a la violencia por todo lo que vivía”, agregó.

Las dependencias policiales tienen capacidad para albergar a poco más de 400 reos. Actualmente, según la información oficial, hay unos 1.300 detenidos. De ese grupo, a más de 750 ya se le dictó la prisión preventiva y habría más de 150 condenados. “No tienen colchones, duermen en el piso. Si hay 20 en un calabozo para 10 es imposible que lo tengan. Mi hijo me contó que a veces no les queda otra que dormir sentados porque no entran”, explicó la mujer.

Tampoco se respetan las normas vigentes: los procesados deben estar en un penal, no en una comisaría. Y tampoco están separados por su situación. Un contraventor, por ejemplo, puede compartir encierro con un asaltante que espera ser enjuiciado o un condenado por homicidio. “Los más ‘pillos’ se aprovechan de esta situación”, dijo Mario B. que fue a visitar a su hermano. Lo sufrió el empresario de la construcción Miguel Cruz Grandi, que casi fue asesinado durante un motín en Yerba Buena.

Mal olor

Algunos jefes policiales permitieron el ingreso de LA GACETA para que observaran el estado de los arrestos. Lo hicieron con la condición de que no se tomaran imágenes, ni que se identificaran cuáles eran los lugares visitados para no tener problemas con las autoridades, y se prohibió intercambiar palabras con los arrestados para evitar incidentes. El panorama es más o menos el mismo en todos lados. Decenas de personas amontonadas en calabozos con paredes cuyos problemas de humedad están tapados con escrituras indescifrables por el paso del tiempo.

Los aromas, en varios de esos lugares son repugnantes y todos generados por la falta de sanitarios. El olor a cuerpo sucio trasciende los barrotes. “No tenemos baños, entonces sólo se pueden lavar por partes utilizando un tarro de pintura de 20 litros y un jarro”, explicó un carcelero. En las celdas también dan vueltas botellas de plástico cortadas. Las utilizan para orinar y su contenido lo arrojan en un tacho que está estratégicamente ubicado para que el guardia lo vacíe cada tanto. Rudimentarias letrinas sirven para que los hombres puedan defecar, siempre y cuando puedan ser usadas, ya que cada tanto tienen problemas porque no fueron diseñadas para el uso de tantas personas.

Los rostros y los cuerpos de los detenidos brillan en medio de la oscuridad. La piel, en algunos de ellos, es de color amarillo por no haber tenido contacto con la luz del día durante semanas y hasta meses. “No tenemos patio para que salgan a tomar aire o algún tipo de actividad. Sólo toman contacto con el mundo exterior cuando reciben las visitas de sus familiares, que son dos veces por semana como máximo”, explicó un comisario. ¿En toda la provincia pasa lo mismo? “Sí, lamentablemente”, respondió.

Mala comida

Al mediodía y por las tardes las dependencias policiales tienen otro ritmo. Es el horario en el que los familiares les llevan la comida para que los detenidos se alimenten. Forman fila y se presentan ante el oficial de guardia. El uniformado, con colaboración de uno o dos compañeros, revisa cada una de las viandas que ingresan. “Ese trabajo nos lleva tiempo, pero no nos queda otra que hacerlo porque si no te meten cualquier cosa”, explicó un efectivo. Y dentro de la frase “cualquier cosa” pueden pasar drogas, una punta carcelaria, un celular y hasta una herramienta con la que podrían fugarse. Eso fue lo que utilizaron cuatro detenidos en la seccional 11ª para hacer un boquete y escaparse

“Si no les traemos la comida se mueren de hambre. Lo que les mandan de la cárcel, si es que llega, es incomible”, dijo Jennifer García. Una vez por día, la joven de 18 años le lleva comida a su pareja, que está detenido por haber cometido un robo. No sabe cuánto tiempo le queda de encierro, pero sí que estará bastante tiempo.

“El doctor (abogado al que no supo identificar) me dijo que se había ‘moquiao’ (sic) feo y que lo mejor que le podía pasar es que lo lleven al penal porque ahí al menos le dan de comer y se pueden mover. Aquí están amontonados como en un chiquero”, describió.

La Policía no tiene la obligación de alimentar a los detenidos. Es responsabilidad del Servicio Penitenciario. Pero no lo hace. Los presos deben recibir desayuno, almuerzo, merienda y cena.

Sin embargo, a las dependencias policiales llega un plato del día. Son casi 1.000 las viandas que deberían distribuirse en toda la provincia y que son facturadas al Estado. “Con suerte puede llegar una por jornada, pero siempre es después de las 15 o las 16”, explicó una alta fuente policial.

La ración, en la mayoría de los casos, consiste en un sándwich de jamón y queso en pan de viena. En otras oportunidades puede ser una bandeja de un guiso congelado. “La verdad es que son raciones incomibles. En el Sur las viandas se hacen en el penal de Concepción y de ahí las distribuyen a todas las comisarías. Imagínese cómo llegan cuando les toca llevarlas a La Cocha. Los detenidos comen bien si sus familiares les llevan los alimentos”, relató la jueza de Ejecución Alicia Merched.

Esa es una de las principales razones por las que los acusados, durante las audiencias, piden que se los ubique en una seccional en particular. “Es que si no les llevan la comida, no se alimentan bien o no les queda otra que comer lo que les manda el penal, si es que llega. Pero el problema es que no siempre se le puede conceder lo que piden”, aseguró la magistrada.

Conclusiones

En 2015, la ex fiscala Adriana Giannoni y el fiscal Diego López Ávila denunciaron la crisis carcelaria y presentaron un hábeas corpus. No sólo pensaron en los detenidos, sino en el personal policial que debía custodiarlos y desempeñar sus funciones en un ambiente insalubre. También salieron en defensa de los vecinos que sufrían las consecuencias de los problemas que generaba el hacinamiento de los detenidos. El escándalo se había desatado cuando había más de 450 detenidos. Hoy hay unos 1.300.

“Veo a mi hijo porque no puedo dejarlo abandonado. Él se equivocó, hizo una macana y ahora la está pagando. Pero otra cosa es que lo tengan como a un animal. ¿Dónde están los de Derechos Humanos que no controlan esto? Aparecerán cuando se mueran tres o cuatro”, explicó María Luisa N., docente cuya vida se transformó en un calvario por la adicción de su hijo.

En la fuerza esperan que el problema se solucione cuanto antes porque no saben hasta cuándo podrán mantener la paz en los calabozos. “Los changos ya están hartos. Si no se los pasa al penal o encuentran un lugar mejor, esto se pudrirá y habrá muchos más motines”, advirtió Zulema P.

El drama diario de las comisarías

Las comisarías de nuestra provincia tienen capacidad para 400 detenidos, pero actualmente alojan a más de 1.300 personas.

Los detenidos duermen como pueden sobre el suelo porque no tienen espacio para colocar colchones. A veces, lo hacen sentados.

Por la falta de sanitarios, los presos hacen sus necesidades en botellas y tachos. Pocas seccionales tienen espacio para que los reos salgan al aire libre.

Se alimentan con lo que les llevan sus familiares. La comida que les envía el Servicio Penitenciario no llega siempre y no es de buena calidad.

Legislatura: la Comisión de Derechos Humanos se reunirá la semana que viene por los detenidos

“La única solución para la crisis carcelaria es la construcción de nuevos centros de reclusión que sean modernos y estén destinados a la reinserción social”, planteó el legislador Federico Masso, de Libres del Sur, quien desde marzo preside la comisión de Derechos Humanos del recinto. “Uno de los problemas más graves de la inseguridad que nos golpea diariamente son los reincidentes. El fracaso del sistema carcelario actual se ve claramente en la incapacidad de reinsertar a los reos a la sociedad. ¿Y cómo se va a reinsertar una persona que sufre vejaciones y torturas, que no come ni duerme adecuadamente, que no se forma en oficios o profesionalmente durante su reclusión?”, alegó.
“Cite a la comisión para la próxima semana habida cuenta de que debemos proseguir con el llamado a inscripción y confirmación a nivel Provincial de la Comisión de Prevención de Torturas. Esto será un paso importante para avanzar en un cuadro de la dura realidad que afronta el Sistema Penitenciario en Tucumán y la Argentina. Durante la pandemia esta comisión funcionó poco, ya que prácticamente nos abocamos en su totalidad a tratar proyectos de ley y resolución para mitigar la Covid, tanto lo referido a Salud como a la economía”, dijo.

Proyectos: Ibáñez informó que se planea construir dos nuevas alcaldías en la provincia

“Avanzamos en la concesión de dos lugares para acondicionar, uno en Río Seco y otro en Delfín Gallo. Primero hicimos la parte administrativa para el traspaso de los predios de un ministerio a otro y después para plantear la construcción de dos alcaldías. La idea es que puedan recibir a un número importante de personas que puedan ser alojadas ahí”, indicó el secretario de Seguridad, Luis Ibáñez. “Respecto a Río Seco, ya tenemos hecho el trámite del traspaso, ya tenemos los papeles; y en el caso de Delfín Gallo, está en proceso aún”, añadió el funcionario.
En cuanto a la publicación hecha ayer por nuestro diario, el legislador Javier Morof señaló que la interna peronista no tiene nada que ver en todo esto. “La Legislatura sacó la ley emergencia en seguridad y carcelaria. Esto permitió contrataciones directas en las comisarías, que se refaccionaron. Se aprobó comprar armas que no sabemos si llegaron, ni cuántas se adquirió. Se aprobó la expropiación del terreno para la alcaldía de Banda Río Salí. Se anunció la construcción de una cárcel, con ayuda de Nación; pasó un año y nada. Si se escapan los presos, si están hacinados y en malas condiciones, no es culpa de la interna sino de la inutilidad de los funcionarios de seguridad”, disparó.

Reconocimiento: “Macri construyó cárceles en las provincias que eran afines a él”

“Es una realidad lo que planteó el secretario Luis Ibáñez, de que hay mucha más cantidad de arrestos en las comisarías de lo que se debiera, pero también es cierto que esto se está dando a nivel nacional por una cuestión estructural. Estamos trabajando en tratar de resolver este problema”, explicó Érica Brunotto, secretaria de Derechos Humanos y Justicia. “Venimos trabajando con la Justicia para ver cómo podemos ir mejorando la situación en virtud del código nuevo, porque hay muchísimas más prisiones preventivas”, agregó. “Hacemos fiscalizaciones de monitoreo en las comisarías y en el penal también. Venimos cumpliendo con todo lo que es la sentencia del habeas corpus que se hizo hace un par de años. Estamos cumpliendo, pero por desgracia hoy no hay más capacidad en Villa Urquiza y las comisarías están sobrepobladas”, dijo. La funcionaria disparó: “sorprenden las críticas hechas por la oposición, porque el pedido para el nuevo complejo penitenciario se hizo en la gestión del presidente Mauricio Macri. Tucumán fue una de las primeras provincias que presentó el proyecto y sin embargo, las cárceles que se construyeron en ese tiempo fueron en las provincias que eran del color político afín al presidente”, añadió.