Carlos Duguech
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En el muy bien documentado análisis (28/05) que hace la periodista Irene Benito del comportamiento de nueve legisladores que integran la Comisión de Juicio Político de la Legislatura sobresale el secretismo de Estado. En un Estado de Derecho, con mayúsculas, como lo establece el ordenamiento constitucional, el “secreto de Estado” solamente se restringe a cuestiones ligadas con la defensa y la seguridad nacional. Y nada más. Porque la norma amplia y general es nada menos que la publicidad de los actos de gobierno. De todos.
El caso del decreto 41/1 (2015)
El mismo día que asumió Manzur como gobernador por primera vez (29/10/2015) dicta, entre otros, el decreto por el cual se designa asesor (Ad-Honorem) del Poder Ejecutivo (con rango de ministro) al que hasta entonces había cumplido 12 años al frente del PE.
El decreto, en su artículo 4º expresa: “Dése al Registro Oficial de Leyes y Decretos, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese”. Se archivó tan bien bajo siete llaves que solamente la persistencia y el profesionalismo del periodista Juan M. Asís de LA GACETA en su nota del 4 de septiembre de 2016 obligaron al gobierno a publicar el decreto.
En el Boletín Oficial, resumido a dos líneas, se oculta el artículo 2º: “Dispónese que los gastos emergentes del cumplimento de las tareas que desarrolle el C.P.N. Alperovich, serán atendidos… (Cita partidas, etc). Cabe preguntarse y preguntarle al Tribunal de Cuentas: ¿Cómo se aprobaron esos gastos autorizados por un decreto que no se había publicado? Y nada menos que, pese a que en su artículo 4º, se inserta la norma de todo decreto del PE: “Dése al Registro Oficial de Leyes y Decretos, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese”. Los gastos autorizados se aprobaron por un decreto que no cumplió su propia demanda de publicarse.
El caso del juez Pisa
También, en este turno de gobierno de Manzur, la Legislatura comandada con riendas cortas por su presidente Jaldo imitó el “derecho al secretismo” -al que dos veces que se sepa, hasta ahora- recurrió el PE. Recién el 27 de mayo último trascendió que la clausura del procedimiento se dispuso el 24 de febrero, fecha en la que el gobernador Juan Manzur y la ministra Vargas Aignasse suscribieron el decreto 369/14 de aceptación de la renuncia condicionada del juez Pisa. Los integrantes de la comisión de Juicio Político, sin que el decreto tuviera vigencia (con la publicación en el Boletín Oficial (B.O.) que recién se hizo dos días después (26/02/21) clausuraron extra legem un procedimiento. Violaron la ley, simplemente, los que diseñan las leyes.
El secretismo en el Gobierno
No podemos afirmar que no haya otros decretos secretos en la antesala de su publicación en el B.O. con el antecedente apuntado, en este turno de Manzur. Hubo uno de 550 millones del último tramo de Alperovich. El decreto 2.941/3 (SH) del 16/09/2015 por el que se extrae del programa “Obligaciones a cargo del Tesoro Provincial” nada menos que $550 millones remitidos al Poder Legislativo que entonces presidía Manzur. ¿Para qué? Para la partida “gastos de personal “y la sub-parcial “retribución del cargo”. Lenguaje cuasi críptico. ¿Qué pasaba entonces? Tiempo de elecciones. De abundantes “gastos sociales”. De ocultamiento de pruebas al Poder Judicial que las requirió y que se las negó Jaldo. Y el tesorero de la Legislatura de ese tiempo, Claudio Pérez, que recibía las valijas con billetes traídas en vehículos comunes (no blindados) desde el banco a la sede legislativa es hoy el secretario de la Cámara (elegido en voto por signos, no nominal, por los legisladores) y ¡guardián de los comprobantes de los gastos sociales! Y este decreto se mantuvo oculto durante más de un lustro. ¿Habrá algún funcionario de cualquiera de los tres poderes del Estado provincial que se anime a investigar sobre decretos en la antesala de una publicación deliberadamente ocultada al conocimiento público? Larga pregunta, corta esperanza.
