¿SE REPETIRÁ A IMAGEN? El año pasado el concejal Romano fue absuelto por el beneficio de la duda. Ahora quedó cerca de ser enjuiciado.
Un concejal de Juan Bautista Alberdi quedó a un paso de ser enjuiciado por segunda vez en una causa de violencia de género. El edil Bruno Gabriel Alexis Romano fue acusado de amenazas simple en contexto de violencia de género contra su ex pareja, delito por el que podría recibir una condena de entre seis meses a dos años.
Romano conoció a la víctima en un gimnasio donde fueron compañeros hace varios años. Se pusieron de novios y a los pocos meses comenzaron a convivir. Ella quedó embarazada y tuvieron una hija.
“Del relato de la propia víctima surge que comenzaron los hechos de violencia que generaron grandes cambios en su vida lo que fue también percibido por sus padres, ya que ella dejó de ser alegre, emprendedora y activa. Esa situación también fue advertida por la empleada Marta Elena Lobo que trabajaba en la casa donde convivían y que notaba los cambios de su empleadora, siempre temblorosa, con miedo y preocupada cuando Romano llegaba”, se puede leer en el expediente.
El concejal fue acusado en un primer momento de lesiones graves por el vínculo. Por esa causa fue enjuiciado y absuelto en julio del año pasado por el juez Juan Fernando Saracho Daza, por el beneficio de la duda. El fallo generó un escándalo en el sur de la provincia.
La sentencia fue la segunda victoria judicial del edil aliado a la ex legisladora oficialista Nancy Bulacio en un año. Antes, los camaristas en lo contencioso administrativo, Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello, habían autorizado a Romano a candidatearse en los comicios de 2019 y luego, a asumir su banca, con el argumento de que las acusaciones de lesiones y amenazas formuladas en su contra no habían desembocado en una condena penal firme. Pero ahora debe responder por otro proceso. Él niega la denuncia en su contra. (Ver nota aparte).
El otro hecho
El 21 de noviembre de 2019, según la acusación realizada por el fiscal Héctor Fabián Assad, Romano, en las inmediaciones del Centro Judicial de Concepción, junto a un sujeto no identificado, interceptó a la víctima y le habría dicho que él “había salido adelante” y que “había logrado que le dieran el cargo de concejal y como estaba en el poder, nadie lo iba a parar”.
A una persona que estaba con la denunciante le habría advertido: “la voy a hacer desaparecer” y que “si era necesario la iba a dejar tirada en una zanja porque le tenía mucha bronca”. Estas amenazas fueron escuchadas por Ángel Pedro Olea, que se presentó en tribunales para ratificar esa situación en dos oportunidades.
El fiscal solicitó además que intervinieran los profesionales del Ministerio Público Fiscal y la Oficina de Violencia Doméstica. La licenciada en Psicología Patricia Gallo señaló: “se percibe en la víctima un estado de ánimo decaído, bajo nivel energético, sentimientos de inutilidad, impotencia, indefensión y desprotección, tendencia al pensamiento negativo y pesimista. Presenta temor por el alcance del poder político que interpreta que se encuentra en las manos del denunciado, pero por sobre todo, temor por su vida, que le genera intensa angustia”.
Por otro lado, el informe del Gabinete Interdisciplinario, elaborado por Gallo y su par Silvina Aguirre Paz, determinaron que se encontraron ante una situación de alto riesgo para la víctima.
Al hablar sobre la entrevista que le realizaron, indicaron que encontraron estos indicadores: “Violencia emocional/psicológica: insultos, amenazas de muerte, celos, escraches en redes sociales, burlas en reiteradas oportunidades. Violencia física: ahorcamiento, patadas en las piernas, en la cadera y cintarazos en la espalda. Violencia sexual: la habría forzado a mantener relaciones sexuales no consentidas. Violencia ambiental: piñas, patadas a las puertas y atada al catre donde se encontraba la hija en común de ambos. Violencia social: no le permitía tener amigos como así tampoco tener contacto con su familia de origen”.
Las profesionales destacaron las consecuencias que las amenazas generaron en la víctima. “tiene angustia con propensión al llanto, intenso temor por su vida en indicadores de dificultad para tramitar situaciones que habrían desbordado su capacidad psíquica, dificultando la elaboración de situaciones vividas como amenazantes para su integridad”.
La resolución
La víctima, representada por Gustavo Morales, pidió que se lo imputara por desobediencia judicial porque al proferirle las amenazas había violado la perimetral que se le impuso y lo mismo ocurrió cuando se la cruzó en tribunales.
El fiscal se opuso al planteo del querellante sobre la violación de la restricción que se le dictó, pero sí le dio la razón en lo que se refiere a las amenazas propinadas por el acusado.
“Las presentes amenazas indirectas proferidas hacia la víctima también deben ser contextualizadas desde una perspectiva de género porque es una continuación de la violencia emocional, psicológica, física, ambiental y sexual sufrida por la víctima en el transcurso de la relación con Romano y posterior a ellas”, argumentó a la hora de pedir el enjuiciamiento.
Iniciativa: buscan una atención temprana de los casos
Mujeres de las casas EME de los barrios Echeverría y 360 viviendas y el de La Florida (Cruz Alta) fueron capacitadas por la Policía sobre un protocolo para saber como proceder en casos de violencia de género, intrafamiliar, desaparición de personas o trata. “Esto es un adelanto muy importante para la sociedad porque demuestra el trabajo intenso que se realiza con la Policía en un contexto en el que los índices de violencia de género son altos. Además, refleja un trabajo de articulación con las instituciones para dar respuestas a las problemáticas que tiene la sociedad referidas a la violencia”, señaló la subsecretaria Mariela Martín Domenichelli. El Subsecretario de Seguridad, José Ardiles, remarcó que la intención es que se pueda atender de manera temprana los casos de violencia de género.
