Arrasaron hasta con la historia personal de Tacacho

Las autoridades del Estado “trucumano” lucen decididas a dar vuelta la página ignominiosa del femicidio de Paola Tacacho sin sancionar a los múltiples responsables de este crimen impulsado por una violencia institucional alevosa. Para el poder ya pasó el momento de indignación mayúscula y sólo resta esperar que el tiempo mande el caso al desván del olvido. No importa que la montaña de impunidad parezca un Aconcagua, ni que el escándalo manche a seis fiscales, a un auxiliar de fiscal y a un juez, y a la comisaría Iº. Las muertes injustas antes hacían saltar funcionarios: hoy los ratifican. Este cambio expone cómo la decadencia del Estado de derecho acarrea la naturalización de los abusos y de la iniquidad.

La crueldad está a la vista. A Tacacho no sólo le truncaron el presente y el futuro, sino que también le estropearon la historia. Este encarnizamiento surge de la causa Nº9. Y es esencial para entender el laberinto judicial que, tras 13 casos penales, desembocó en el homicidio cometido el 30 de octubre de 2020. Decía Juan Bautista Alberdi en “El fragmento preliminar al estudio del derecho” (1837) que “hace más víctimas la inepcia que la mala fe de los abogados”. ¿Habrá sido inepcia -ineptitud- o mala fe lo que llevó al Ministerio Público Fiscal representado por Ignacio López Bustos a modificar el vínculo entre Tacacho y su ex alumno, el femicida Mauricio Parada Parejas? Al requerir la tercera medida de restricción de acercamiento, el fiscal consignó que la profesora y el estudiante eran “pareja”. Ello acaeció pese a que la docente oriunda de Salta se hartó de decir que nada, “ni siquiera una amistad” (cita textual), la unía al victimario, como se desprende de la denuncia policial del 11 de mayo de 2020 que encabeza el legajo y del testimonio que aquella prestó dos días después en la Fiscalía -el acta especifica que el contenido era “para constancia” de López Bustos-.

El relato de Tacacho guarda correspondencia total con sus restantes acusaciones y testimonios hasta el punto de que en junio de 2018, en la llamada causa Nº6, la Oficina Especializada en Violencia Familiar (Ovifam) del Ministerio Público Fiscal observó que el conflicto no encuadraba en su ámbito porque entre la víctima y Parada Parejas no existía un lazo de familia, aunque pronosticó que aquella afrontaba un nivel alto de riesgo. Más allá de la vulneración que implica la invención de una relación amorosa, la gravedad radica en el efecto que la ficción surtió sobre el derrotero del expediente Nº9.

El análisis del trámite indica que, a continuación, el entonces juez Nº2, Facundo Maggio, concedió la nueva medida de restricción de acercamiento y se inhibió. ¿Por qué? Porque consideró, a partir del dictamen de López Bustos, que el conflicto debía ser procesado por la Justicia de Familia. Maggio ordenó: “me inhibo de continuar entendiendo en el seguimiento de la presente cautelar. Debe la Fiscalía interviniente remitir copias certificadas de las actuaciones al Juzgado de Familia que por turno corresponda”.

En síntesis, la transformación de Parada Parejas en “pareja” de Tacacho y viceversa indujo a quien debía controlar la actuación del fiscal a considerar que el caso Nº9 debía pasar a un fuero civil para que allí prosiga el monitoreo de la orden de alejamiento. Pero ello tampoco sucedió. ¿Por qué? En otro giro atípico, López Bustos archivó la causa. El mismo fiscal que había tratado a Tacacho como mujer víctima de violencia sometida a una amenaza tangible al requerir la cautelar y ordenar un patrullaje policial, al día siguiente opinó: “no se han obtenido medios probatorios suficientes. Ello torna injustificado la recepción de declaración (indagatoria) en calidad de imputado (al denunciado)”. El “se” impersonal oculta la circunstancia de que, según la ley, quien debía procurar las evidencias para probar o descartar los supuestos delitos era el Ministerio Público Fiscal. Horas antes del archivo, los defensores del femicida, Juan Andrés Robles y Claudia Cecilia Robles, se habían “presentado espontáneamente” porque “habían tomado conocimiento de la persecución penal”.

Cuatro días después del cierre del proceso, aconteció otro acto peculiar: López Bustos mandó un oficio a la Mesa de Entrada Civil. En esta notificación de un párrafo, el fiscal dijo que había una medida en contra de Parada Parejas dictada por Maggio y fin del comunicado. Nunca llegaron al fuero de Familia las copias certificadas del expediente cuya remisión había ordenado el juez en su intervención del 14 de mayo de 2020.

La falta de la documentación dejó a ciegas a los Tribunales porque nadie corrigió la errónea transformación de Tacacho en pareja de Parada Parejas. En saco roto cayó también la plancha con más de 13 causas penales contra el femicida debidamente incorporada al noveno expediente, que el fiscal tampoco tuvo en cuenta como indicio. ¿Inepcia o mala fe? La realidad es que tampoco hubo seguimiento alguno de la perimetral. La secretaria de Superintendencia de la Corte Suprema, Gabriela Blanco, explicó que, por un sorteo practicado el mismo 19 de mayo de 2020, el oficio terminó en el Juzgado de Familia Nº2 de esta capital a cargo del juez Víctor Carlos; que aquel invitó a Tacacho a continuar la tramitación de la causa allí “si era su voluntad” y que no consta que la víctima haya acudido a la unidad. El involucramiento efímero de la Justicia de Familia pasó inadvertido para los auditores de la Corte que se lanzaron a buscar los rastros del femicidio al día siguiente de su perpetración, según la Acordada 1.138/20.

Hay quienes podrán atribuir esta conjunción de pasos en falso y equivocaciones a la pandemia, pero esa justificación queda desmentida por el desenlace igualmente frustrante de los procesos instruidos durante “la normalidad”. Además, en ese momento ya había un consenso de que el confinamiento había disparado la peste del maltrato. Esta novena causa presenta un agravante: es la primera sustanciada con el esquema de especialidad en Violencia Familiar y de Género montado por el jefe de los fiscales, Edmundo Jiménez. Se suponía que López Bustos tenía un entrenamiento específico para este drama. En una entrevista de esa época, el fiscal incluso manifestó su preocupación por el descenso de denuncias. “En este momento tenemos que estar al lado de las víctimas. Las mujeres no deben temer: también estamos atentos a si fueron escuchadas. Si no es así, se abrirá una investigación”, había prometido López Bustos en abril de 2020, días antes de recibir la causa de Tacacho.