Por Gustavo Rodríguez
14 Mayo 2021
Tres jueces diferentes, con distintos fundamentos, terminaron rechazando los pedidos de habeas corpus presentados por los defensores de tres miembros del clan Caro con que el que pretendían detener la investigación que lleva adelante la Justicia y la Policía en su contra.
El grupo, según confirmaron fuentes judiciales, está sospechado de integrar una organización que se dedicaría a cometer “escruches” (robos en viviendas cuando sus dueños no se encuentran) en todo el Gran San Miguel de Tucumán.
En los últimos 45 días se realizaron varios allanamientos en diferentes domicilios para buscar pruebas que sirvieran en las causas que llevan adelante los fiscales Diego López Avila y Pedro Gallo. En esos domicilios secuestraron numerosos bienes de valor, por lo que también se habría iniciado una causa por enriquecimiento ilícito.
El último incidente se registró el sábado por la noche. Según las actuaciones policiales, tres de los miembros del grupo fueron descubiertos por efectivos cuando se encontraban en una esquina en actitud sospechosa. Se inició una persecución que incluyó un tiroteo. Los individuos fueron acusados de atentado y resistencia a la autoridad.
Planteos
Manuel Pedernera y Lucas Ramón pidieron habeas corpus a favor de Miguel Antonio “Gatita” Lizárraga y de los hermanos Marcos “Batore” y Francisco “Vitunga” Caro, ya que consideraron que su libertad estaba amenazada. Por ese motivo, pidieron a las autoridades judiciales que fueran citados el jefe de Policía Manuel Bernachi (por cuestiones de agenda fue representado por el asesor letrado de la fuerza, Roque Yñigo; y los jefes de: la División Robos y Hurtos, Miguel Carabajal, de la seccional 1°, Alfredo Díaz, y de la Brigada de Yerba Buena, Héctor Marín.
Se hicieron tres audiencias diferentes, pero los planteos fueron más o menos los mismos. Los profesionales explicaron que sus defendidos son víctimas de una persecución policial con el apoyo de dos representantes del Ministerio Público Fiscal y que ellos solicitaban que se les informe si existía una orden de detención y si se los estaba investigando por alguna causa en particular. “Nos hacen recordar a otros tiempos que se vivieron en nuestro país”, indicó Pedernera.
López Ávila, que participó en dos de las audiencias, y los auxiliares fiscales Florencia Cocimano y Gonzalo Zavalía pidieron que se rechazaran los pedidos porque, con los informes conseguidos, no existe ninguna medida en contra de los mencionados y que todas las disposiciones realizadas por el momento fueron autorizadas por un juez. “Los invito a que se presenten en nuestras oficinas para que realicen todas las averiguaciones que crean convenientes”, explicó el titular de la fiscalía de Robos y Hurtos II.
“Investigar a una persona no es ningún delito”, señaló la jueza Lorena Rocha, que atendió en el caso de Lizárraga. “Además, si es como dice el defensor que el amparado se encuentra en Córdoba desde hace meses, no se entiende por qué tiene temor a perder su libertad”, agregó. Alejandro Tomas y Juana López también rechazaron el pedido con casi idénticos argumentos. La jueza sí recomendó a los policías que actuaran en un marco de legalidad.
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