Nueva ley: el Gobierno propone regular las restricciones

Mientras el presidente, Alberto Fernández, continúa en Europa buscando respaldo para las negociaciones del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional, el Congreso empezará a discutir un proyecto que buscará respaldar las restricciones que se adopten a futuro contra la pandemia. La iniciativa ingresó ayer a la Cámara de Senadores y surgió como una clara respuesta al fallo de la Corte Suprema de Justicia que dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires respecto del decreto sobre la presencialidad en las clases.

Fundamentado en los artículos 41 y 42 de la Constitución Nacional y en los compromisos internacionales que asumió nuestro país, el proyecto de ley distribuye las facultades de tomar decisiones entre el Poder Ejecutivo, gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esta manera y en caso de que la medida obtenga consenso suficiente entre los bloques, las provincias continuarán ejerciendo las facultades concurrentes de control y fiscalización. Por su parte, el ejercicio de las facultades del Poder Ejecutivo, relativas a ampliar lo dispuesto en la ley, quedarán condicionadas a la previa consulta con las autoridades jurisdiccionales, en los lugares de “alto riesgo sanitario” y “alarma epidemiológica”.

El objetivo de la ley es “establecer medidas sanitarias generales de prevención que se aplicarán en todo el país y disposiciones sanitarias locales y focalizadas de contención y disminución de contagios por covid-19”. Y para esto se detalla que el establecimiento de restricciones en cada jurisdicción se ajustará a parámetros epidemiológicos y sanitarios. Así, por ejemplo, la suspensión de las clases presenciales se dispone únicamente para los lugares de “alarma epidemiológica” y se establece que, previa consulta con las provincias, el Poder Ejecutivo podrá morigerar o dejar sin efecto esa restricción.

En consonancia con los últimos Decretos de Necesidad y Urgencia, el texto legislativo determina la suspensión en todo el país -con excepción de las zonas de riesgo “bajo”- los viajes de egresados, estudiantiles y de jubilados, y las reuniones sociales de más de 20 personas en domicilios particulares. En tanto, las actividades económicas, de servicios, culturales, deportivas y religiosas podrán realizarse en tanto posean un protocolo autorizado. Además se fomenta el teletrabajo y se limita el uso del transporte público al personal calificado como esencial.

Aunque la idea es que la discusión del proyecto empiece en los próximos días, la futura ley entrará en vigencia el 22 de mayo.