No se logra frenar la violencia machista

La frase de la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, sonó como un mensaje alentador. “El trabajo que hacemos nosotros acá en la provincia va a ser mirado con atención para ser replicado a nivel nacional”, dijo. Se refería a la tarea de la reciente oficina de Control de Medidas Cautelares, de medidas preventivas que se dan en causas de violencia de género. Cuando explicó la labor en esa oficina, la secretaria de Derechos Humanos, Érica Brunotto, dijo: “trabajamos en esto para que no se repitan los casos como ocurrió con (Paola) Tacacho”. Caso que aún está resonando dolorosamente en el entramado del sistema, tanto en la tarea del Poder Ejecutivo, obligado a velar por la seguridad de la gente, como del Poder Judicial -que ha tropezado vergonzosamente para evitar el asesinato de la profesora de Inglés a manos de Mauricio Parada Parejas-, como del Poder Legislativo, que absolvió de culpa al juez Francisco Pisa, acusado a fin del año pasado de haber dejado libre a Parada Parejas en 2016.

¿Son las medidas que se llevan adelante en esa oficina las que abrirán el camino hacia la protección de la mujer? De eso se trató el encuentro que hubo esta semana en Tucumán, con la presencia de tres ministros nacionales, Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Géneros y Diversidad), Sabina Frederic (Seguridad) y Martín Soria (Justicia y Derechos Humanos). Frederic abrió en nuestra provincia el Primer Consejo Federal de Prevención y Abordaje Integral de Femicidios y Muertes de Personas Trans. Anunció el desarrollo del sistema URGE, para registrar y unificar denuncias (y denunciados) en todo el país; dijo que ya existía ese registro en Tucumán y que se exigiría capacitación de policías y se vincularían las líneas 144 y 911, para que el sistema de emergencias policial responda con celeridad. Esto en el marco en el que, además, acaba de anunciarse en nuestro medio -en la capital tucumana por ahora- la implementación de la denuncia digital. Las palabras de la ministra Vargas Aignasse suenan alentadoras realmente.

Resistencia al cambio

La realidad, por ahora, se resiste a ser vista con grandes expectativas. La minuciosa revisión que se va publicando en LA GACETA de los pormenores de las causas pone en tela de juicio a fiscales, jueces y personal de juzgados y fiscalías que ignoraron o archivaron las denuncias desesperadas de la joven docente. El lunes pasado se publicó que en un solo mes de 2018 hubo cinco pedidos desesperados de Tacacho a la Justicia y que “un fiscal consideró irrazonable acusar por las palabras de Tacacho y cerro su octava causa”.

Toda esta revisión despliega la realidad más allá del hecho de que ya se haya librado al juez Pisa de responsabilidad (ya el gobernador Juan Manzur le dio vía libre para que se jubile apenas pueda con el 82% móvil), porque la intervención de los otros funcionarios y empleados podría dar lugar a una mirada escrutadora de los poderes por actuaciones tan cuestionables como la del magistrado que zafó del juicio político. Hace dos semanas la familia de Paola, junto con el legislador José María Canelada, hizo una presentación ante la Comisión legislativa de Juicio Político contra la fiscala Mariana Rivadeneira, que intervino en dos causas de la profesora. La Comisión debería decidir si acepta o rechaza el pedido el miércoles próximo.

Pero también esta revisión de expedientes muestra la curiosa lenidad con que se ve la tarea de los funcionarios. La Corte Suprema de Justicia ha pedido tibiamente que se le envíen los expedientes (los mismos que se están publicando en LA GACETA) por canales oficiales y el Ministerio Público Fiscal se los denegó. Y la Corte, que tiene potestad administrativa sobre el funcionamiento de la Justicia, hasta ahora no ha dicho nada. El Ministerio Fiscal, que tan expuesto queda con estos trámites del caso Tacacho, es el mismo que acaba de anunciar cuánto va a mejorar la Justicia penal con la denuncia digital. Y de aquí queda una pregunta (arbitraria, por cierto): ¿las dificultades para tratar las presentaciones de la docente fueron por el sistema de recepción de denuncias en papel y traslado por agentes de las comisarías a tribunales, por burocracia o por otra causa? Si fuera por otra causa, ¿eso será superado con la denuncia digital?

Lenta capacitación

La realidad también se resiste a ser vista con expectativas por la actuación policial. Desde hace un año y medio se está impartiendo capacitación en la Ley Micaela, sobre violencia de género, a los agentes de la administración pública. La subsecretaria de Control de Gestión, María Emilia Tarifa, dice que se ha capacitado a los funcionarios policiales y del Ministerio y también a personal de menor jerarquía y de calle. No a todos, porque la pandemia ralentizó la capacitación y además obligó a que se haga de modo virtual. No obstante, explica, se tomaron exámenes (presentaron trabajos o respondieron cuestionarios). ¿Se sabe los resultados? Aún no. Además, dice, este año se ha incorporado una subplanificación en materia de género (abarca Ley Micaela, violencia familiar, acoso callejero, desaparición de personas, femicidio). Finalmente, ahora se está capacitando en toma de denuncias a los sumariantes de comisarías. ¿Hasta dónde impacta eso en los agentes policiales? “Sé que mandaron circular a oficiales y jueces sobre la nueva ley, pero justo ha coincidido con la pandemia. Se dictan cursos por internet pero no con la frecuencia con que se hacía antes... ahora está más lento, a cuentagotas”, dice el agente Víctor Nacusse, referente de policías.

En todo caso, a muchos les falta algo más que capacitación, como denunciaron los familiares de Vicky Nieva, chica trans asesinada hace tres semanas en Aguilares. “Ella se presentaba en la comisaría a denunciarlo y los policías la miraban de pies a cabeza y le decían que no estaba el jefe o el oficial, que no había papeles o que no tenían lapiceras. Cualquier excusa era buena para no ayudarla, por su condición”.

Otra cuestión es cuán efectiva y profunda es la capacitación. “A mi modo de ver, no está completa porque no tiene evaluación. Hay que evaluar qué cambios ha tenido”, razona la abogada feminista Soledad Deza, quien ha participado como capacitadora en los cursos que ha dado la Facultad de Derecho de la UNT.

Muchísimas custodias

Por otra parte, la realidad está llevando a niveles de saturación al sistema policial. El subsecretario de Seguridad, José Ardiles, dice que sólo en la capital tienen 400 consignas por violencia de género, “ y en muchos casos implican un agente para custodiar a la víctima, otro para sus hijos si ella debe salir, y otro para vigilar al denunciado. Y son custodias por 24 horas, es decir tres agentes por cada custodia”. Ardiles calcula que en el interior de la provincia puede haber un número similar de custodias. ¿Unos 2.000 policías asignados a vigilancia por violencia de género? ¿Quién hace prevención de otros delitos?

Es decir que sí están trabajando y cada vez más para atender la emergencia que significa esta otra pandemia de la violencia machista, y es cierto que para las nuevas medidas de las nuevas oficinas se va a exigir la capacitación de agentes, así como se va a preparar a la policía para los desafíos que genera el uso de la denuncia digital.

La cuestión es si esa capacitación va a generar cambios en el modo de trabajo, y en el comportamiento de los agentes estatales. Dice el mexicano Ernesto López Portillo (coordinador del programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana) que las capacitaciones policiales son “aspirinas para un moribundo” si no se hacen en en marco de profundas reformas de toda la estructura. Si no, dice, “la reproducción del ciclo está garantizada”.

Soledad Deza, por su parte, opina que el tratamiento de la violencia de género debe ser “de forma transversal. No puede ser una visión espasmódica con cercanía de fechas del movimiento de mujeres. Tiene que que ser transversal; judicial, legislativo y ejecutivo. Debe tener presupuesto. Debe tener al frente gente que tenga competencias, habilidades y destreza de género”.

Como sea, las altas jerarquías nacionales han centrado en Tucumán una propuesta de cambio en el sistema que trata de reprimir la violencia machista. Habrá que ver cuán profundo se puede entrar en la anquilosada estructura que debe llevar a cabo ese cambio.