El country La Arboleda, en San Pablo, está intervenido por la Justicia desde hace dos años. La Intervención fue pedida y otorgada a una vecina, esposa de un camarista de la Justicia. La presunta finalidad era regularizar la administración (estaba administrada prolijamente por los vecinos) y llamar a asamblea. En vez de durar 60 días, se instaló hace dos años, mediante una medida judicial para proteger a los desarrolladores del country, que incumplieron con obras millonarias que debían realizar. El objetivo aparente es que prescriban las deudas del Fideicomiso, lo cual viene ocurriendo, pero aún hoy adeudan sólo de expensas más de $28 millones. La Intervención sólo ha ejecutado al 10% de los deudores e intima únicamente a los que deben menos de $ 140.000. Los principales deudores son el Fideicomiso y el ex-concesionario del Club House, puesto por ellos. Además, hoy la intervención debe casi $4 millones a la empresa de seguridad, pese a que cuando asumió no se le debía nada. También, millones a AFIP. Esto es una estafa de parte de la Justicia de Tucumán, que encubre a los desarrolladores y cajonea el expediente para seguir dilatando la asamblea de los vecinos.
Alejo González Garaño
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