Cartas de lectores IV: disfraz constitucional

04 Mayo 2021

La Constitución Nacional adopta para su gobierno la forma representativa, republicana federal. Ello impone, el cumplimiento, entre otros principios, el de división de poderes y de publicidad de los actos de gobierno. En Tucumán, las reformas constitucionales de 1990 y 2006 generaron una grave distorsión institucional, incumpliendo los lineamientos constitucionales federales sobre la estructura gubernamental. El reciente y público enfrentamiento entre el gobernador Manzur y su vicegobernador Jaldo adquirió contornos bochornosos involucrando, en la Legislatura, el manejo arbitrario, de miles de contrataciones y cesantías de empleados de carácter político decididos exclusivamente por Jaldo, pagados con dinero público, Estos hechos desnudaron los contornos institucionales más tenebrosos del antirrepubicano régimen constitucional vigente en Tucumán. El bloque legislativo oficialista en la Legislatura quedó dividido y enfrentado por los nombramientos y cesantías que, deliberadamente, Jaldo se niega a publicitar, en violación al derecho humano esencial de acceso a las fuentes de información pública. Jaldo decidió cesantear a unos 1.100 empleados contratados en la Legislatura, por su presunta identificación política con Manzur, expresando, insólitamente, como justificación de su decisión, que "No nos olvidemos que, si hubo cesantías, hubo de los dos lados, si hubo bajas, hubo de los dos lados. Es muy fácil venir a pedir a la Legislatura sin hacerse cargo de lo que está pasando  en el Poder Ejecutivo” (informe de LA GACETA, 28/04). Recordemos, nuevamente, que todas las designaciones de empleados públicos las paga el pueblo al abonar sus impuestos. La Constitución local establece que es el vicegobernador, el "compañero de fórmula" del Gobernador, electos conjuntamente, quien preside la Legislatura, debiendo "proveer a las necesidades funcionales del Poder Legislativo y sectores que integran el Cuerpo"(art.59).La Constitución es la que establece que la Legislatura es el órgano encargado de controlar y, eventualmente, destituir en juicio político, al gobernador y a su vicegobernador (art.47 CP).Con la normativa constitucional y reglamentaria vigente, tal misión de control se torna puramente nominal. Los enfrentamientos políticos ocasionales entre ambas jefaturas se "resuelven", conforme lo observamos, cesanteando empleados políticos o no designándolos . Así manejan el dinero del pueblo. Así entienden el manejo institucional. Es la Constitución local la que establece que es facultad exclusiva del vicegobernador nombrar empleados" para el cumplimiento de sus funciones", fijándoles sus remuneraciones en el presupuesto (art. 59). El Reglamento de la Legislatura, a su turno, lo faculta para "proveer todo lo necesario al funcionamiento de la Legislatura, ordenando y aprobando la administración, inversión y manejo de fondos y recursos asignados, autorizando las rendiciones de cuentas, presentando el presupuesto de la Legislatura, nombrando y removiendo los empleados de acuerdo a este Reglamento (art.20, inc.10º). A tal punto llegan las facultades extraordinarias de Jaldo como presidente y "dueño" de la Legislatura, que la Constitución le atribuye facultad exclusiva para fijar, sin pauta constitucional alguna, el monto de la dieta que perciben todos los legisladores (art.68). Jaldo sigue ejercitando esta potestad pese a una sentencia firme de la Corte Suprema local que invalidó dicha norma constitucional, ordenando que la dieta de los representantes del pueblo se establezca por ley, debatida y sancionada de cara al pueblo, que es quien paga sus remuneraciones. Por otra parte, las leyes de presupuesto anual de nuestra provincia para los años 2019 y 2020-Nº 9.138 y 9.213, respectivamente- establecieron que "sin perjuicio de lo dispuesto en el art.59 de la Constitución de la Provincia, el Presidente de la Legislatura podrá, mediante Decreto, modificar la escala de sueldos de su personal conforme a la política salarial que implemente para ese Poder del Estado". Ningún parlamentario, siguiendo el ejemplo del vicegobernador, quiso revelar cuántos empleados tiene designado por Jaldo, sus identidades y sueldos percibidos. El secretismo antirrepublicano es una condición que identifica a oficialistas y "opositores" por igual. En 2023 esto no debe continuar.

Luis Iriarte

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