Piden más tiempo para sumar pruebas contra detenidos

El sistema judicial de la provincia podría tener un importante cambio si se aprueba un proyecto de ley presentado por legisladores oficialistas. La iniciativa pretende darles más plazo a la Policía y al Ministerio Público Fiscal para que preparen los casos y acumulen pruebas en contra de los sospechosos detenidos. La iniciativa ha generado beneplácito entre los acusadores, malestar en los defensores y dudas en los magistrados.

El nuevo Código Procesal Penal establece que todos los acusados privados de su libertad deben ser presentados ante un juez hasta 24 horas después de haber sido aprehendidos o detenidos para que declaren (si quieren hacerlo porque no están obligados), para que se realice el control de su detención (define si fue correcta o no) y para resolver su situación procesal (si se le dictará la prisión preventiva o cuál será la medida que se le aplicará). Los legisladores Jorge Leal, Sergio Mansilla y Gerónimo Vargas Aignasse presentaron un pedido para que se modifiquen tres artículos del digesto así se logre extender ese plazo a 48 horas.

“Ante lo incipiente de la investigación”; “nos falta que la Policía analice…”; “tenemos que esperar los resultados de…” son algunas de las frases clásicas que se escuchan de los fiscales o de los auxiliares de fiscales a la hora de presentar una acusación desde que se puso en marcha el digesto, el 1 de septiembre de 2020.

“Es la realidad con la que nos enfrentamos muchas veces. Los jueces están obligados a fallar con la información que se presentan en esos debates, pero si no están completas o no son claras, pueden equivocarse. Esta modificación, entiendo, ayudará a todo el sistema, no sólo al MPF”, indicó un investigador al opinar del tema.

La opinión de los magistrados está dividida. La mayoría sostiene que es lógico el planteo de aplazamientos para conseguir más pruebas, pero al mismo tiempo se mostraron preocupados porque se perderá la inmediatez del control de los derechos de una persona que es detenida y porque a partir de ahora se vaya a iniciar una suerte de avalancha en el sistema, no por problemas del Código, sino generada por los operadores. “Un sospechoso no tiene la culpa de que los investigadores no tengan los elementos necesarios para, por ejemplo, hacer una pericia”, explicó un juez.

Fundamentos

“El nuevo código viene dando muestras claras, en su novel puesta en vigencia, de conseguir acortar el tiempo entre el delito y su efectivo reproche legal. La existencia de procedimientos policiales y judiciales que pudieran caerse por falta de tiempo en la recolección de la pruebas sería atentar contra su propia razón de ser”, razonaron los legisladores que presentaron el proyecto de la norma.

Vargas Aignase, Mansilla y Leal agregaron en los fundamentos: “sabemos que el trabajo de la Policía de la provincia es arduo y desde el momento de la aprehensión, en especial para los delitos en flagrancia, es muy exiguo el tiempo que tienen para ponerlo a disposición de la justicia y al mismo tiempo recabar las pruebas necesarias para la primera audiencia”.

“El objetivo principal del proyecto es proveer a la Policía de la mayor cantidad de recursos, en este caso temporales, para la consecución de sus fines específicos y que la investigación de un ilícito no se frustre”, agregaron.

Otras miradas

Los abogados penalistas se mostraron críticos a la hora de analizar el proyecto. “Lo que no se pudo hacer en 24 horas es muy poco probable que lo hagan en 48. El control de detención, como lo establece el nuevo código, debe ser inmediato. Si se extienden los plazos, los malos policías tendrán más tiempo para armar las causas a los inocentes”, sostuvo Silvia Furque.

“El tiempo de 24 horas es muy poco para recabar datos, sobre todo lo relativo a antecedentes, que todavía se hace pintando los dedos con tinta. Pero aquí la cuestión de fondo no se resuelve con más tiempo, la Policía sigue sin tener a su alcance los medios necesarios para que sea más eficiente”, sostuvo el penalista Mariano Arcas.

“En la práctica se pudo ver que el plazo de 24 horas resultaba exiguo en lo atinente a la posibilidad del imputado. En ese tiempo, un acusado debe contratar un defensor y buscar pruebas para llevar a la audiencia. También es cierto que la defensa podrá tener más tiempo para preparar el caso, pero lo preocupante es desarrollar el control para determinar si fue legalmente detenido”, explicó José del Río. Arcas agregó: “sinceramente creo que este planteo responde a una triste realidad. La Policía no tiene la logística ni la operatividad necesaria para implementar como se debe el código. La virtualidad salvó la reforma. Lo que corresponde es que toda persona imputada realice la audiencia en una sala de audiencias con la comodidad de las mismas, no en una silla de una comisaría y a través de un celular”.