El Defensor del Pueblo disertó sobre tres puntos clave

El defensor del pueblo de Tucumán, Eduardo Cobos, participó del Plenario de ADPRA, de manera virtual, y expuso sobre tres temas importantes.

Uno de ellos fue el caracter vinculante de las propuestas de Adpra para su tratamiento legislativo. Cobos dijo que es necesario que desde ADPRA se presente una propuesta o proyecto de ley para su tratamiento legislativo, con el fin de que los informes técnicos y resoluciones sobre temas específicos que sean de interés general, sean vinculantes, aunque no obligatorias, para su tratamiento en el Congreso de la Nación Argentina.

Sobre Planes de Ahorro, Cobos propuso dictar una Ley de Emergencia Crediticia, que disponga la suspensión por 180 días del inicio o prosecución de juicios ya iniciados de secuestros y ejecuciones prendarias, con alcances a todos aquellos que suscribieron planes de ahorro con anterioridad al 30 de septiembre de 2019, y que a la fecha se encuentren en situación de decaimiento de planes, o de falta de pago de cuotas. “Otorgar un plazo de 180 días para que todos los deudores de planes de ahorro, que hayan recurrido a la justicia, puedan regularizar su situación con las administradoras”, se explayó. Señaló, además, la necesidad de promover y plantear ante los Representantes del Congreso de la Nación esta problemática, a fin de elaborar un proyecto de ley, que tenga por finalidad el salvataje económico-financiero de los consumidores, titulares de planes ahorro suscriptos con anterioridad al 30 de septiembre de 2019. 

Sobre las tarifas y servicios públicos bajo jurisdicción federal propuso solicitar  a los organismos competentes que informen de manera clara a la ciudadanía el procedimiento para la confección de los precios de las tarifas, que terminan en un precio unitario final a pagar por el usuario, pero que “a la fecha no sabemos cómo se determina, ni que incidencia final tendrán en la factura”.

Por último señaló que es necesario el reordenamiento de los entes reguladores para asegurar una gestión eficiente de los mismos, y debe colocar a las Provincias en situación tal de poder efectuar un control efectivo de los servicios que se prestan dentro de sus territorios, lo que debería darse a través de la creación de Órganos Propios de Control, con competencia limitada a sus respectivas jurisdicciones sin que su tarea importe desconocer el control de los Ente Nacionales.