La economía argentina es como una manguera pinchada de aquellos bomberos que intentan apagar un incendio parchándola permanentemente. En medio de esta crisis, los argentinos nos acostumbramos a vivir con una inflación mensual del 4,8%, tan alta como la que Uruguay prevé para todo un año (3,07%) o la de Brasil, que ha pautado una evolución de su Índice de Precios al Consumidor en torno de un 2,1% hasta fines de diciembre. Peor aún: en el primer cuatrimestre la inflación argentina acumulará un 17%, más que toda la variación anual de los países vecinos.
El estancamiento con alta inflación es un escollo de difícil resolución. El consumo está sintiendo todo el peso del “efecto acumulación”. Hace un año, los argentinos se preparaban para atravesar la cuarentena más larga que se recuerde. Sólo en marzo, la caída ha sido del 26%, producto de aquel fenómeno.
“El consumo muestra una caída interanual frente a un marzo de 2021 donde se vivió el efecto stockeo en la previa a la cuarentena estricta en nuestro país. Sin embargo, la evolución de la inflación en alimentos en el primer trimestre del año deja al argentino medio y de clase baja con una fuerte pérdida de su poder adquisitivo para comprar la misma cantidad de bienes con su nivel de ingresos. Por su parte, la caída es más intensa en el área metropolitana que en el interior del país”, explica Damián Di Pace, de la Consultora Focus Market.
La caída en el salario real de los trabajadores formales desde que se inició la crisis en el 2018 es del 15%. El resto de las remuneraciones, como las jubilaciones y los salarios informales, siguen la misma tendencia. Aunque los pronósticos sean de recuperación de la actividad productiva luego de la pandemia, con una tasa de inflación por encima del 4% mensual, es imposible que los salarios le ganen a la inflación durante este año, advierte el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa). Según este razonamiento, tampoco resulta eficaz “reprimir” la inflación para que los salarios le ganen a la inflación con atraso cambiario, congelamiento de tarifas, controles de precios y contracción monetaria a través del aumento de la deuda pública. Para amortiguar el impacto de los incrementos de precios en el bolsillo de los argentinos, el presidente Alberto Fernández promulgó ayer la ley que modifica Ganancias para que cerca de 1,6 millón de trabajadores, que cobran menos de $ 150.000 mensuales brutos, no sea alcanzado por aquel tributo.
¿Cuál es la estrategia oficial? Continuar con las conversaciones con las grandes empresas, con el fin de acordar una canasta de entre 100 y 120 productos para que congelen precios entre mayo y noviembre próximo, es decir, durante el período en que el país estará en “modo elecciones”. Pero la realidad agobia a la Casa Rosada. El aumento del 6% en el precio de las naftas contaba con el aval del Gobierno nacional. Aún resta por aplicar otro 5% que podría observarse antes del 10 de mayo. En tiempos de pandemia, enfermarse es prácticamente privativo. Los medicamentos han subido entre un 5% y un 10%. Ayer también se conoció que las acciones de Laboratorios Richmond treparon un 33,2% luego de que se anunciara que comenzará a producir la vacuna Sputnik V contra el coronavirus en la Argentina. Los papeles de esa compañía pasaron de $ 194 por unidad hasta los $ 258.
Hay otro precio que desvela al Gobierno, el del dólar. El tipo de cambio bajó con fuerza su nivel de devaluación, que superaba el ritmo del 50% interanual en enero, al 20% de ahora. Esto es una clara muestra de que la gestión de Fernández insiste con volver a atrasar el tipo de cambio para que éste no impacte profundamente en los demás precios de la economía. La pregunta que se hace el mercado es cuánto durará esta ancla cambiaria, tomando en cuenta que, a medida que se acercan las elecciones, más tendencia al alza tendrá la divisa estadounidense. Los anteriores turnos electorales han sido una clara muestra de que este fenómeno es recurrente, más allá de los cepos cambiarios que se instrumenten. De todas maneras, ayer había un gesto de satisfacción en el Palacio de Hacienda. Las cuentas públicas nacionales acumularon un resultado primario deficitario que equivale al 0,18% del PBI durante el primer trimestre del año.
El déficit fiscal acumulado al primer trimestre es el menor déficit trimestral en los últimos seis años, indica el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). De todas maneras, ese centro abre el paraguas por lo que puede venir, ya que la segunda ola de la Covid-19 abre un interrogante principalmente por el lado del gasto público. El presupuesto nacional 2021 no tiene contemplado un “gasto Covid”. Algo parecido sucede en la provincia, pero el mismo Ministerio de Economía señala que el Presupuesto está abierto a cualquier gasto que implique hacer frente a la pandemia. En Tucumán también hay varios signos de interrogación abiertos. Si bien el financiamiento de las obras públicas vendrán de las arcas nacionales y del financiamiento que organismos multilaterales de crédito suelen destinar a las provincias, la gestión del gobernador Juan Manzur tendrá que hacer frente a partir de septiembre, cuando se anualice, un mayor costo salarial por efecto de las paritarias (no menos de $ 15.000 millones). La respuesta es transitoria: todo sale de una mayor carga impositiva. Ahora bien, la política lanza otra pregunta. ¿Cuál será el impacto de las elecciones en las finanzas provinciales? La apuesta de Manzur es fuerte. Prometió la mayor cantidad de bancas posibles a la Rosada. Y eso tendrá un costo extraordinario. El tiempo dirá cuánto será el monto.
