"La GUM es auxiliar de la Justicia y tiene rol de Policía"

“Hemos tenido seis o siete intervenciones similares de aprehensiones, pero luego de que este hecho puntual salió en el diario, parecería que quisieron molestarnos (desde la Justicia)”, indicó el intendente de Yerba Buena Mariano Campero, quien mostró su desacuerdo ante la declaración de ilegal una aprehensión hecha por un guardia urbano de Yerba Buena y ante los dichos del secretario de Seguridad Luis Ibáñez en la que aclaró que los vigías no pueden realizar detenciones que no sean en flagrancia.

-¿Qué piensa sobre la postura de Seguridad sobre el rol de la GUM?

-Somos auxiliares de la Justicia, quien haya dicho lo contrario se confunde. Estuve hablando con algunos funcionarios y no me parecieron acertadas las declaraciones, sobre todo si tenemos en cuenta el marco de la emergencia en seguridad que se vive en la provincia. La Guardia Urbana de Yerba Buena viene realizando una tarea de prevención del delito muy importante para el municipio. Podríamos invertir recursos en otra cosa, pero tenemos un presupuesto importante destinado al área Seguridad.

-Pero parecería que se aleja la posibilidad de que el efectivo municipal tenga rol de policía...

- Al rol de policía lo tienen nuestros efectivos. Lo tienen los municipios, de hecho hay una ordenanza, por eso sostengo que hay una confusión. Hicimos una gran cantidad de operativos en los últimos meses, por eso no deja de sorprendernos esta declaración.

-¿Y qué pasa con el planteo de incorporar pistolas Taser?

- Estamos haciendo los trámites burocráticos pertinentes para llevar adelante ese proyecto.

-Pero por ahora la Provincia no daría luz verde para ese pedido...

- Tenemos una fuerza de seguridad que está homologada a nivel nacional, por eso insisto en que hay una confusión. No se está teniendo en cuenta el hecho de que la GUM se creó por una situación excepcional de emergencia. Nos encantaría poder invertir esos recursos en más alumbrado, o en pavimentación; pero la problemática de la inseguridad nos obliga a los municipios a poner en funcionamiento una guardia, que por otro lado está llevando adelante una tarea muy importante en prevención de delitos.

-¿Van a seguir apostando por la seguridad?

- Vamos a redoblar los esfuerzos contra la inseguridad. Quisiera que el secretario Luis Ibáñez nos acompañe y vea cómo están las cuatro comisarías de Yerba Buena. Está claro que la policía necesita del auxilio de la GUM y de nuestro trabajo en conjunto con ellos. Queremos solucionar un flagelo que nos está golpeando a todos los tucumanos: la inseguridad. .

- ¿Qué opina de la reglamentación de la ley de Policías Municipales?

- Esperamos que se la reglamente, que se la ponga en vigencia, de hecho somos uno de los que más empujamos para que se genere esa norma. Hoy en día la seguridad municipal existe en muchos distritos del país, y queremos seguir trabajando en la prevención del delito, pero para eso necesitamos de la colaboración de las autoridades: si un juez se demora un año en ordenar un allanamiento, y será imposible, nunca podremos avanzar ni conseguir resultados positivos... Ahí está el desafío, en aportar cada uno desde nuestro rol, y como municipio podemos aportar a la prevención del delito. Si no hay interés en que nosotros colaboremos con la prevención al delito, no hay inconveniente, podemos invertir en otras cosas, pero hoy creemos que esto es lo más importante.

- Entonces reprueban la decisión judicial de que no se avalara una aprehensión hecha por un guardia…

- Me pareció una decisión desacertada y fuera del contexto que vivimos. Somos una provincia que tiene hechos de inseguridad de manera sistemática. Si no nos permiten prevenir y la Justicia no aplica el peso de la Ley, le están entregando la ciudadanía a los delincuentes, y eso no podemos permitirlo.

- ¿Y sobre el hecho puntual?

- Lo que pasa es que había imágenes de una persona robando, 48 horas después no había una orden de detención contra ella. Eso fue lo que derivó luego en la discusión sobre si tenemos o no facultades para llevar a cabo un procedimiento de detención. Si la Justicia demora un año en ordenar un allanamiento, el delincuente tiene tiempo de acomodar todo y hasta de fugarse.