Guardias urbanos: serían observadores, no policías - LA GACETA Tucumán

Guardias urbanos: serían observadores, no policías

En Seguridad dicen que los vigías no podrán realizar detenciones. Afirman quelo que aún se analiza respecto a la implementación de la ley es un pedido de equipamiento de armas no letales.

16 Abr 2021 varios autores
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OBSERVADORES. La función de las Guardias Urbanas seguiría siendo la de prevención a través de darle aviso a la Policía y de colaborar con la Fuerza. [email protected]

A más de una semana del hecho que despertó la polémica, aún no está claro si la ley provincial 9.144 de Policías Municipales, sancionada en 2018, se reglamentará y entrará en vigencia algún día. El lunes 5 de abril, dos adolescentes, uno de ellos mayor de edad, fueron acusados de haber ingresado en una vivienda de Yerba Buena y sustraído una bicicleta. A dos días del hecho, la Guardia Urbana Municipal (GUM) de Yerba Buena localizó al menor, lo aprehendió y lo trasladó a una comisaría.

La validez de la detención se discutió durante una audiencia judicial. La defensora oficial, Laura Fernández y la defensora de Niñez, Alejandra Rivas, cuestionaron que los miembros de la GUM no tienen facultades para hacer arrestos. Planteo que fue aceptado por el juez Federico Moeykens. El fiscal de Robos y Hurtos, Diego López Ávila, se opuso a la resolución.

Malestar

La Municipalidad de Yerba Buena envió una carta al gobernador, Juan Manzur, para solicitar que se reglamente de una vez por todas la Ley 9.144, que prevé la creación de una Policía Municipal. El objetivo de esta solicitud es que se aplique la ley y que la Guardia Urbana Municipal (GUM) de Yerba Buena pase a tener rango de Policía. Se trata de un planteo que la “Ciudad Jardín” lleva tiempo solicitándole a la Provincia, sin frutos. “Acá hay una cuestión básica: la seguridad municipal existe. No sólo en Yerba Buena, sino en todos los municipios de la provincia. Todos tienen un dispositivo de seguridad de alguna manera. Entonces lo que hay que hacer es reglamentar, más allá del reglamento de seguridad del municipio. La idea es reconocer los tres niveles de Seguridad, así como hay tres niveles de Gobierno, de Educación, etcétera”, explicó Mauricio Argiró, secretario de Seguridad de Yerba Buena.

Esta solicitud surge ante la disconformidad por parte de la Municipalidad ante la resolución tomada por Moeykens. En ese sentido, cabe aclarar que actualmente la GUM, sólo puede actuar en flagrancia, es decir, en el mismo momento en el que se comete el hecho delictivo, o bien cuando el supuesto delincuente está escapando. Al haber sido aprehendidos dos días después del hecho, el juez entendió que no había flagrancia y dictó el arresto domiciliario de los acusados.

“Primero debemos entender que no son chicos, son delincuentes. Según él (por el juez) en ese momento ya no se está produciendo el hecho, pero para nosotros al haber sido reconocido públicamente por cámaras de seguridad y al saber quiénes eran los delincuentes se sigue expandiendo la flagrancia; todavía están escapando”, sostuvo el secretario de Seguridad. Por otro lado, criticó la decisión tomada por el magistrado: “se equivoca en la aplicación del Código y en la administración de justicia, desde el punto de vista técnico y desde el filosófico. La resolución abusa de un tecnicismo y perjudica a la víctima. Eso apuntamos a corregir, a que se dé un estatus de policía a las guardias urbanas municipales”.

Detalles de la Ley

La Ley provincial 9.144 dispone la creación de las Policías Municipales de Prevención Local en aquellos municipios de la provincia cuyas autoridades decidan suscribir el “Convenio Específico de Conformación y Cooperación” con el Poder Ejecutivo Provincial. Además, determina que las unidades de Policía Municipal, como la GUM, serán coordinadas por el Ministerio de Seguridad mediante un Área de Coordinación Operativa de Unidades de Prevención Local.

Si se pone en vigencia, la norma establece que los vigías pasarían a trabajar bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Para ello, los intendentes debían adherirse aprobando una ordenanza. Si lo hacían, la Policía se encargaría de evaluarlos y, en caso de ser aceptados, capacitarlos para que puedan salir a las calles. El Gobierno provincial se haría cargo de los salarios del personal que cumpliese con estas funciones y además se encargaría de dotarlos de equipos, móviles y tecnología. Pero lo más importante es que en la Policía se fijarían líneas de trabajo a seguir.

“La aplicación de la ley permitiría también el uso de armas, la detención según lo establece el Código Procesal para las Policías y no para un civil; sería una detención y no una aprehensión civil, y aunque parezca menor, hay una diferencia”, dijo Argiró.

“Son delincuentes que se metieron en una casa, en una propiedad privada, sacaron una bicicleta y se escaparon. Todo el mundo los vio y aquí funcionó todo: el vecino que tiene la cámara los captó, se disparó una alerta, se los buscó y se los encontró. El proceso es impecable, no es que se los aisló en una cárcel ilegal, se los aprehendió y se los entregó a la Policía. Y a la persona que cometió el robo, que tiene antecedentes, la terminaron liberando. Entonces esto es una puerta giratoria. Contra eso peleamos”, finalizó.

Primero capacitar

El secretario de Seguridad de Banda del Río Salí, Marcelo Moreno, coincidió en que sería positivo que se reglamente la norma y entre en vigencia. Sin embargo, consideró que los vigías municipales y las intendencias pueden colaborar desde su actual estatus. “Nosotros apostamos a unificar la seguridad física con la electrónica, que es la tecnológica. Eso hasta el momento nos viene dando muy buenos resultados, junto a la capacitación de nuestro personal de seguridad y a la diagramación estratégica para ayudar a la Policía en la prevención”, sostuvo.

“En relación a la ley, que ya está creada, sería importante su reglamentación a los efectos de que tenga un mayor alcance el cuerpo de vigías municipales en su accionar. Sería importantísimo para el sector (de Seguridad), sobre todo para complementar un trabajo de prevención que venimos realizando desde 2015 y que hasta la fecha, según entendemos, viene siendo bien vista por los vecinos y comerciantes. Eso lo hemos logrado realizando una inversión muy importante encabezada por el intendente, para que Banda del Río Salí sea una ciudad más tranquila y segura”, agregó Moreno.

El plan de seguridad en la ciudad del este tucumano implicó colocar una red digital propia, y proporcionarles una aplicación con botón antipánico a los comerciantes. “Esto los mantiene en constante contacto con el centro de monitoreo. Hoy tenemos más de 4.000 aplicaciones entregadas a comerciantes y a otras instituciones como escuelas o centro de jubilados”, dijo el funcionario.

Según consideró, la inversión en las herramientas de seguridad y la capacitación son clave.

“Si no hay un plan y no están las herramientas, no se puede hacer nada. Se necesitan ambas cosas para lograr bajar los índices de inseguridad”, aseveró. Luego añadió que “la ley nos daría las herramientas necesarias para que esto (aprehensión ilegítima) no ocurra. En nuestro caso, trabajamos al lado de la Unidad Regional Este (URE). Todos nuestros móviles tienen un policía; pero reglamentando la ley optimizaríamos recursos y se evitaría este tipo de inconvenientes como el que ocurrió hace unos días”.

“No hay debate”

“La promulgación de la ley está hecha desde hace un tiempo, pero ahora hay una modificación en lo que es la reglamentación de la norma”, explicó el secretario de Seguridad, Luis Ibáñez.

Según señaló, el ítem que sigue en análisis es el de permitir el uso de armas a los vigías. “El desacuerdo ronda sobre las armas que algunos municipios quieren portar. Hay un pedido de parte de las guardias municipales, pero no está permitido el uso de armas no letales”, argumentó.

Ibáñez aclaró cuál es el rol y la función que tienen hoy las guardias municipales: “la función que tienen es la de observadores, la de dar aviso a las Fuerzas de Seguridad, pueden participar de una aprehensión civil en caso de flagrancia. Hasta pueden aplicar ciertas tomas para reducir a una persona agresiva”. Sobre el tema de las aprehensiones precisó que los vigías: “pueden realizar aprehensiones privadas como el Código le autoriza a cualquier civil, pero ellos no están avalados como auxiliares de la Justicia para que, como fuerza municipal, puedan ejercer el rol de policías”, enfatizó, y por último subrayó: “no hay ningún debate sobre ese aspecto”.

Audiencia: cuestionan la requisa de un aprehendido

Un joven fue aprehendido por los Guardias Urbanos de Yerba Buena luego de haber sido acusado de robar un farol de una carnicería. Al realizarse la audiencia, la defensora oficial cuestionó que los vigías hayan requisado al sospechoso, tarea que sólo corresponde a la Policía, por lo que solicitó que se declare ilegítima la detención. La auxiliar fiscal se opuso al planteo, asegurando que sí están autorizados a hacerlo y que no era el momento oportuno para realizar el planteo. La jueza Isabel Méndez le dio la razón a la representante del Ministerio Público Fiscal  (MPF) y resumió que esa cuestión tendría que dirimirse en la audiencia en la que se resolverá si se admite o no la prueba. Más allá de lo discusión jurídica, la magistrada le dictó la prisión preventiva por 30 días, a pesar de que el MPF había solicitado 90 y de que la defensora se había opuesto.

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