El asado prometido

Las promesas de campaña se quedaron en el tiempo. La realidad se va comiendo el poder adquisitivo de los argentinos. La inflación del primer trimestre es una clara muestra de que el monstruo sigue vivo y que ni siquiera la artillería que el Gobierno nacional utiliza siempre que se dan estas estampidas han sido eficaces para contrarrestar los aumentos sostenidos de precios. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerró los primeros tres meses del año en torno de un 12% en un horizonte que vaticina que este año electoral terminará con una inflación del 44%, una de las más altas del planeta.

El Gobierno acelera algunos reajustes, como por ejemplo en el valor del combustible que, hasta mediados de mayo, crecerá un 11%, según lo convenido con las petroleras. Pero ese mismo gobierno no es capaz aún de darle la misma previsibilidad a una actividad que, en el caso de Tucumán, es altamente demandante de empleo: la sucroalcoholera. No hay indicios aún de que la Casa Rosada extenderá la vigencia de la Ley de Combustibles por más que las principales cámaras empresarias se lo vienen pidiendo y con promesas, ya no electorales sino institucionales, de que habrá una extensión de la normativa para que se reacomode la producción de bioetanol y el precio del azúcar se tonifique. Sólo queda esperar que el Frente de Todos haga madurar un proyecto de ley que cambiaría las reglas de juego y que no convence a las provincias productoras. La pasividad en el oficialismo es manifiesta. El gobernador, Juan Manzur, no emite opinión. Pide quedarse con aquellas palabras que en febrero pasado pronunció el propio Alberto Fernández en territorio tucumano. Y espera. Lo mismo pasa con los representantes justicialistas en el Congreso. Hay 50.000 familias, de manera directa, que esperan que el sector azucarero continúe en el proceso de reconversión.

El oficialismo necesita tomar medidas, más por una cuestión de supervivencia electoral que de convencimiento. La máquina de imprimir billetes sigue encendida y es probable que los papeles vuelvan a circular masivamente a medida que se acerquen las PASO y las parlamentarias. A partir del segundo trimestre, el Gobierno acrecentará los esfuerzos para desacelerar la inflación y mejorar el poder adquisitivo con el objetivo de dinamizar la actividad en la previa electoral, señala un reporte de Ecolatina. Para lograrlo, apuntaría a reducir la depreciación del tipo de cambio oficial y mantener programas como Precios Máximos -que en principio se extiende hasta mayo- para contener los precios de los alimentos. A su vez, podrían existir incrementos en las tarifas de servicios públicos que aún resta confirmar, pero se ubicarían por debajo del ajuste necesario para corregir los atrasos de precios relativos. Estos incrementos operarán de lleno a partir de las facturas de mayo. La Casa Rosada quiere bajar las persianas de los aumentos, por lo menos, hasta antes del inicio de julio. Luego puede llegar a cambiar el humor social y, por ende, del votante. Esto no implica que el “congelamiento” se mantendrá en lo que resta del año. Bien terminen las elecciones volverán las pujas para actualizar los valores de bienes y servicios. Es un clásico de los años impares en la Argentina.

Hoy la mesa de los argentinos está lejos de disfrutar un buen asado. Hace casi dos años, siendo candidato, Alberto Fernández prometió el retorno del asado a la mesa de todos. “Lo bueno es que en un tiempito, todo va a mejorar”, prometía en un spot publicitario en la campaña proselitista anterior. Ni la recesión y luego ni la pandemia de la Covid-19 han permitido que aquella promesa de campaña se cumpla. Las consecuencias están a la vista. Cualquier familia tucumana que un domingo quiera disfrutar de un asado no tiene más que comprometer entre un 5% y un 8% (según se resigne o no calidad) para compartir esa clásica comida de fin de semana. Pero esa actividad no levanta cabeza. Con mayor velocidad de lo querido, del menú semanal está desapareciendo la carne. El consumo de carne vacuna cayó 4,3% durante el primer trimestre, según las estimaciones de consumo aparente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina. Estas parten de una producción total de 725.300 toneladas, de las cuales 198.000 habrían salido como exportaciones y las 527.300 toneladas restantes, absorbidas por el mercado interno. Según el informe, ese consumo habría sido el más bajo de los últimos 18 años, cuando la economía argentina recién comenzaba a recuperarse de la crisis de 2001-2002 y marcaba en los primeros meses de 2003 un consumo apenas 1,3% menor al actual.

El peor escenario para una gestión es que el consumo tenga un ritmo decreciente justo antes de las elecciones. Seis de cada 10 argentinos ven en la inflación al principal enemigo a vencer. Toda gestión siempre apostó a ponerles plata en el bolsillo a los argentinos. Y este año no será la excepción. La exención del pago del impuesto a las Ganancias para los que cobran hasta $ 150.000 brutos mensuales va en esa vía. La cuestión es que se trata de medidas artificiales, esas que sirven para esconder por un tiempo los problemas debajo de la alfombra. Así, el problema de fondo seguirá sin resolverse en una Argentina que crecerá de rebote, con un 40% de su población por debajo de la línea de pobreza y sin un horizonte claro sobre qué es lo que se quiere para el mediano y largo plazo.