A 12 años de iniciada una causa, la Justicia indagará a Calvo, ex interventor de la SAT

A 12 años de iniciada una causa, la Justicia indagará a Calvo, ex interventor de la SAT

Todo empezó en 2007, con un reclamo administrativo por pérdidas cloacales dentro de una casa. Ante la inacción de las autoridades, en mayo de 2009 una ciudadana formalizó la denuncia judicial.

AVANCE JUDICIAL. A 12 años de iniciada una causa, la Justicia indagará a Calvo, ex interventor de la empresa estatal Sociedad Aguas del Tucumán. AVANCE JUDICIAL. A 12 años de iniciada una causa, la Justicia indagará a Calvo, ex interventor de la empresa estatal Sociedad Aguas del Tucumán. LA GACETA / ARCHIVO.
13 Abril 2021

La Justicia federal citó a declaración indagatoria al ex interventor de la empresa estatal Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) Alfredo Benigno Calvo. Cuando el ex funcionario alperovichista se siente frente al juez subrogante Guillermo Daniel Molinari -debe presentarse el viernes 28 del mes que viene- habrán pasado casi exactamente 12 años del inicio de la causa que lo investiga por la presunta comisión de delitos contra el ambiente. En mayo de 2009, la ciudadana María Elba Ledesma formalizó la denuncia contra los directivos de la SAT -con Calvo a la cabeza- y de la planta de tratamiento San Felipe.

El peregrinaje de Ledesma había comenzado, sin embargo, un par de años antes. En 2007 notó que dentro de su propia casa, más precisamente en la cocina y en el comedor, emanaba agua cloacal, y decidió comunicarse con la SAT. Según había contado, tras el inicio del reclamo administrativo la empresa cerró el pozo que generaba el derrame y por un tiempo el problema se solucionó.

Igualmente, los vecinos del barrio CGT debieron cambiar de lugar las cámaras sépticas de sus hogares. Pero con el trasncurso de los meses, los caños volvieron a colapsar y el líquido cloacal volvió a emanar por sus frentes.

De nada sirvieron la juntada de firmas, las protestas, los expedientes. Pero Ledesma no estaba dispuesta a aceptar que debía vivir con riesgos, en medio de la inmundicia. Entonces, por mayo de 2009, decidió comenzar una carrera judicial que le viene insumiendo una docena de años.

Ahora celebra la citación a Calvo y a otros directivos, que también desfilarán ante Molinari desde mediados del mes que viene, en el marco de sendas citaciones a indagatoria.

"Se logró que los llamaran; a Calvo y a los que en ese momento conformaban el directorio de la SAT; y a mucha otra gente. Es una buena noticia para la gente; porque los tucumanos ya estamos cansados de andar pisando efluentes cloacales", señaló Ledesma a LAGACETA.Com.

Añadió que a pesar del tiempo transcurrido, no cejará en su decisión de llegar hasta el final. "Seguiremos en esta lucha para que se haga justicia", avisó.

La causa, a tras año

- Mayo de 2009: Ledesma ratifica la denuncia y se libra de oficio a Gendarmería para que realice la inspección de la planta San Felipe y tome muestras del agua.

- Junio de 2009: Gendarmería presenta un informe en el que establece la toma de muestras, pero resalta que no tiene los elementos necesarios -según la ley- para analizarlas.

- Agosto de 2010: extraen las muestras de la planta.

- Octubre de 2010: se hacen los peritajes de las muestras de agua y el informe bacteriológico informa que los niveles de contaminación están por encima de lo establecido por ley. Ledesma denuncia amenazas.

- Febrero de 2011: el juez desestima el informe y pide nuevas pericias.

- Marzo de 2011: la defensa de Alfredo Calvo interpone un recurso de nulidad y la excepción de falta de acción.

- Julio de 2011: designan a un perito de la UNT y a la Comisión Nacional de Energía Atómica, para llevar a cabo la toma de las muestras y el análisis. La Comisión se excusa de poder realizar el trabajo.

- Octubre de 2011: se pide a la facultad de Ciencias Exactas que designe un profesional para actuar como perito.

- Noviembre de 2011: se designan los peritos propuestos por la UNT.

- Septiembre de 2012: Ledesma -quien ya había recorrido la planta- propone lugares para la toma de muestras.

- Septiembre de 2013: se ordena la toma de muestras de las efluentes cloacales emanados de la planta depuradora San Felipe y se libra una orden de allanamiento al lugar. Los estudios arrojan que "el valor de los parámetros de conductividad supera el máximo establecido para descargas de cuerpos receptores de agua superficiales, y que el valor de los parámetros coliformes fecales supera el máximo del valor establecido para diferentes usos del cuerpo de agua receptor".

- Diciembre de 2014: se agrega a la causa un informe producido por una bioquímica y profesora adjunta de "Salud Pública" de la UNT. La especialista concluye que los valores de algunos compuestos analizados superan los valores guía de la ley de Residuos Peligrosos n° 24.051, anexo II, tabla 1 del decreto reglamentario 831/93.

- Abril de 2016: el Fiscal General señala la falta de presentación del certificado ambiental, solicita la indagatoria a Alfredo Calvo y solicita la inclusión de Ledesma al programa de protección de testigos.

- Noviembre de 2016: el Fiscal General pide que se efectúe la pericia sobre los líquidos cloacales con un método más sensible.

- Marzo de 2017: Juez Federal II resuelve: I) no hacer lugar al pedido del Fiscal General; II) encomendar al médico forense la elaboración de un informe en el que se expida al respecto de si los parámetros analizados en el laboratorio implican un riesgo para la salud pública; III) reservar el pedido de la querella del llamado a indagatoria; IV) no hacer lugar al pedido del cierre de la planta de tratamiento San Felipe.

- Julio de 2017: médico forense elabora el informe.

- Agosto de 2017: Ledesma impugna el informe anterior.

- Diciembre de 2017: el juez decide sobreseer a Alfredo Calvo, en relación al hecho por el que fue indagado; declarar la incompetencia de ese fuero federal y remitir las actuaciones a la fiscalía en lo penal de instrucción de los Tribunales Provinciales; y mantener las medidas de protección ordenadas.

- Febrero de 2018: la querella apela la decisión del juez.

- Diciembre de 2018: conceden la apelación.

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