El cuerpo social pide una “ola de transparencia”

Tucumán está entre las provincias argentinas con desempeño estatal más opaco durante el año de la pandemia, según la investigación que llevó adelante El Ruido, una red nacional de comunicadores, especialistas en datos abiertos y referentes de organizaciones civiles. El informe presentado recientemente coloca a esta jurisdicción junto a Formosa y Santiago del Estero en un polo de oscuridad donde no hay acceso a la información pública, y donde el Gobierno no ha detallado cómo hizo las compras motivadas en la emergencia sanitaria.

La pesquisa periodística desarrollada en 13 distritos provinciales y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) revela que la urgencia dio lugar al abuso de las contrataciones directas, y que las administraciones pagaron precios muy distintos por los mismos artículos, desde barbijos hasta alcohol etílico. El 92% de las erogaciones analizadas evitaron el procedimiento de la licitación pública.

“Mientras que provincias como Córdoba, Catamarca o Entre Ríos consiguieron ambulancias de alta complejidad por valores cercanos a los 4 millones de pesos (las variaciones según el equipamiento no superan los $ 500.000), la provincia de Buenos Aires pagó $13.610.671 por cada una”, expresa el informe disponible en elruido.org

Entre las conclusiones consta que, si bien el acceso a la información pública es difícil en las provincias que disponen de leyes que garantizan ese derecho, en Formosa, Tucumán y Santiago del Estero directamente imperan el hermetismo y el silencio. “Ninguno de estos distritos respondieron los pedidos de acceso a la información que hizo Ruido. No es casual que los dos primeros carezcan de una ley de acceso público a la información. Aquellos distritos en los que fue más fácil hallar los datos (y donde se los encontró más completos) fueron la Nación, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos y la CABA”, especifica la investigación.

Los corolarios del estudio resultan especialmente preocupantes en momentos donde la llamada segunda ola del coronavirus ha comenzado a golpear a la comunidad y anticipa la profundización de la crisis existente. Ya el último documento de Transparencia Internacional, la organización no gubernamental que elabora el Índice Global de Percepción de la Corrupción, había advertido acerca de cómo la covid-19 había servido de excusa para incrementar el secretismo estatal y las sospechas de irregularidades.

Transparencia Internacional había observado que la manipulación de la distribución de vacunas podía erigirse en un foco de discrecionalidad y de privilegios indebidos, algo que lamentablemente sucedió en distintos puntos de la Argentina, entre ellos Tucumán.

Con una economía devastada y la amenaza letal de la pandemia por delante, cabe preguntarse si no ha llegado la hora de que las autoridades concreten sus promesas de integridad.

El gobernador Juan Manzur anunció en 2016 que iba a enviar un proyecto de ley de acceso a la información pública incluso mejor que el que terminó sancionando el Congreso de la Nación, pero eso no ha sucedido. A esta altura no hay razones válidas para demorar la incorporación de una herramienta para el control de la cosa pública, que sin duda mejorará la democracia y elevará la vapuleada institucionalidad provincial.

Cumplir esta promesa no sólo sacaría a Tucumán del fondo de la tabla de rendición de cuentas, sino que también saldaría una antigua deuda con las obligaciones anticorrupción que el país asumió mediante tratados internacionales vigentes.

No es posible controlar por completo la epidemia ni hay soluciones mágicas para la pobreza e inseguridad galopantes, pero desatar una “peste de transparencia” sí depende de la voluntad de los poderes del Estado. Un mensaje en esa dirección brindaría alivio y confort moral a un cuerpo social cada vez más hastiado de los vicios de la política.