La economía, víctima de la inseguridad

La economía, víctima de la inseguridad

Los reclamos por la inseguridad crecen a lo largo y a lo ancho de la provincia. Ahora fueron los productores rurales los que dieron a conocer una lista con los delitos que vienen sufriendo en los últimos tiempos. Su reclamo se sumó a los de los comerciantes, choferes de colectivos y de taxis. Ya no se puede hablar de una sensación, sino de una realidad que golpea y que hasta el momento ninguno de los tres poderes pudo ni siquiera plantear un debate para tratar de solucionar los problemas que no cesan de aparecer. Ni siquiera teniendo en cuenta que la situación tiende a agravarse porque el accionar de los delincuentes no sólo está castigando a los ciudadanos, sino también a los sectores que movilizan la economía provincial.

En sus últimas ediciones, LA GACETA realizó un sondeo de opiniones entre 30 ruralistas que producen en esta y en otras provincias que arrojaron datos clave: 25 de ellos dijeron haber sufrido un hecho de inseguridad en los últimos dos años. La rama joven de la Confederación de la Mediana Empresa Argentina hizo un relevamiento similar. En esta actividad, el 31% de los encuestados señaló haber sido víctima de un delito contra la propiedad en idéntico período de tiempo. Los taxistas autoconvocados estimaron que entre cuatro y cinco choferes son asaltados por día sólo en la capital. Y el listado de números elocuentes podría extenderse por varios párrafos más.

La del campo es una situación bastante particular que deja al descubierto dos situaciones concretas. La primera es que la Policía no cuenta con los recursos para poder custodiar el interior de la provincia. Los ruralistas entienden de esta situación y por eso no cuestionan a la fuerza y al Ministerio de Seguridad por el incremento de delitos que se observa en las zonas rurales. Luego hay una cuestión cultural bien arraigada en nuestra provincia y que se trata de nada menos que el mercado de la ilegalidad.

Abusos

Los productores señalaron que el principal delito que sufren es el hurto del fruto de sus cosechas. Los botines de esos robos no terminan en la mesa de personas urgidas por un plato de comida, sino que quedan en manos de organizaciones que han montado un verdadero negocio vendiendo el esfuerzo de otros. Por la Semana Santa, en diferentes puntos de la ciudad, decenas de camiones se pararon en puntos estratégicos de la ciudad para ofrecer choclos. “Nuestros maizales se transformaron en miel para las abejas en estos días”, se quejó amargamente un productor de granos que confesó que él, como otros productores, abre sus campos para que los lugareños saquen lo que necesitan para comer. “El problema son los abusos”, añadió.

Y dentro de la definición de “abusos” ingresan los grupos que llegan a los campos con personas contratadas para realizar cosechas clandestinas. Luego, sin ningún tipo de problemas, la trasladan por las rutas de la provincia y se dan el gusto de ingresar a los centros de concentración -llámese Mercofrut o ferias populares itinerantes- sin ningún tipo de control. Lo mismo les sucede, pero durante casi todo el año y no durante una determina época, a los citricultores que sufren el ataque en sus quintas. Ahora bien, surge una pregunta polémica: ¿qué responsabilidad tienen los ciudadanos comunes en esta problemática cuando compran los productos de dudosa procedencia? Mucha, porque en definitiva, no hacen otra cosa más que alimentar ese mercado negro. Y esto no es nuevo, sino que se repite con el robo de motos, ruedas de auxilio y bicicletas de alta gama, entre otras.

Los agricultores también denunciaron que sus campos son elegidos por narcotraficantes para arrojar la droga que es trasladada en avionetas, en los vulgarmente llamados vuelos narcos. Las tierras elegidas para desarrollar este bombardeo ilícito ocupan toda la franja del este de la provincia. Según los relatos de los productores, las naves sobrevuelan a muy baja altura, tiran la carga y, en cuestión de minutos, aparece gente que las carga en camionetas y se las lleva. Esos testimonios no son aislados. En el doble crimen de La Invernada ya se había rumoreado que las víctimas habrían sido asesinadas por un problema generado por la desaparición de una carga de marihuana que llegó a la provincia por vía área.

El porqué se generan los problemas de inseguridad, tanto en el campo como en la ciudad, tiene una sola respuesta: no hay una política de seguridad que defienda a los ciudadanos y a los sectores que movilizan la economía provincia. Y acá es importante destacar que no se trata de nombres, sino de proyectos. Acciones a largo plazo. Inversiones importantes para que la Policía pueda realizar su trabajo y no pasar lástima al hablar de la escasez de recursos que tienen cada vez que participan de una reunión para tratar de solucionar los problemas de seguridad que los afectan. El Poder Legislativo y el Judicial esperan salir a la cancha, pero sus referentes parecieran no darse cuenta que el partido está por terminar con una clara derrota en contra de los tucumanos que sólo pretenden vivir en paz.

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