Los Toro siguen acumulando causas que la Justicia no resuelve - LA GACETA Tucumán

Los Toro siguen acumulando causas que la Justicia no resuelve

“Coco” Toro recuperó la libertad después de haber pagado una fianza de $50.000. Los defensores sostienen que sufren una persecución. Los casos de los primos.

27 Mar 2021 Por Gustavo Rodríguez

Cristian “Coco” Toro, miembro del clan Toro que está bajo sospecha de dirigir una red de narcomenudeo en Villa 9 de Julio,abandonó el lunes por la noche la comisaría donde se encontraba detenido después de haber estado detenido poco más de 24 horas. Lo habían arrestado el sábado por la tarde en Alderetes por portación ilegal de armas de guerra, pero ofreció pagar una caución de $50.000 y quedó en libertad.

“Ellos siempre se mueven con plata. Pagan y todo queda en la nada. Son conocidos por hacer eso”, dijo Lucía, vecina del barrio Matadero, donde reside la mayoría de los miembros de la familia. “Tanto circo que hicieron y a los dos días lo vimos en la calle de vuelta, como si nada”, explicó.

El detenido circulaba por la ciudad de Alderetes conduciendo un Peugeot 208. Según el informe policial, fue detenido en un control para solicitarle la documentación. Los efectivos descubrieron que tenía en su poder una pistola Jericho -la misma que tiene actualmente la fuerza- con $9.000 en su poder y el auto en el que circulaba estaba a nombre de un tercero.

El domingo se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos. La auxiliar fiscal María José Agüero, por orden de su superior, Ernesto Salas López, pidió que se le imputara del delito de portación ilegal de armas, pero no solicitó que se le dictara la prisión preventiva. Sí dispuso que recuperara la libertad con una caución real de $50.000.

LA DETENCIÓN. El acusado fue aprehendido el sábado en Alderetes.

Por esta decisión, el Ministerio Público Fiscal inició un sumario a ambos funcionarios, al entender que no habían actuado tal como establece la política criminal. Fuentes judiciales explicaron que tomaron esta decisión al darse cuenta de que la aprehensión no habría sido legal. “Prefirieron dar ese paso a cambio de que se mantuviera el proceso en su contra”, explicó un allegado al MPF.

“Su aprehensión fue completamente ilegal por dos razones. Primero, porque se produjo a través de una denuncia anónima, lo que está totalmente prohibido y después, porque los testigos del procedimiento dijeron que fueron llamados después de que se encontrara el dinero y el arma”, aseguró Horacio Agustín Monteros que, junto a Ricardo Fanlo, defienden a Toro. “El trabajo que realizó la fiscalía fue perfecto y ajustado a derecho. Sigo sin entender qué se les cuestiona”, agregó.

Sin respuestas

La investigación de este caso no se detuvo. Con el arma secuestrada, las autoridades están tratando de establecer cuál es su origen. Los pesquisas establecieron que la pistola no está registrada en el Registro Provincial de Armas y en la Anmac sólo anunciaron que brindarán una respuesta sólo si lo piden con un oficio judicial.

Los pesquisas sostienen que “Coco” Toro habría estado retirando la recaudación de los “quioscos” de venta de drogas de esa ciudad. “Eso es totalmente falso. Su mujer tiene una tía que vive en la zona y él las había ido a buscar. Él nunca tuvo ni un proceso abierto por venta de drogas”, señaló Monteros a LA GACETA.

En Villa 9 de Julio son pocos los que quieren hablar del clan Toro. El miedo los invade y enmudece sus voces. Son muy pocos los que hablan. “Ellos tienen mucha plata. Pagan para no quedar presos y pagan para dañar a todos los que se animen a denunciarlos. Es una desgracia esta provincia. No trabajan, pero tienen autos de alta gama y hasta se dan el gusto de hacer fiestas con grupos famosos. ¿Nadie nunca los va a investigar?”, señaló Raúl, un hombre de pelo blanco que, según dijo, habló porque está más cerca del cielo que de la tierra.

Antecedentes

“Coco” Toro repite la historia familiar. En 2011, cuando era menor de edad, fue imputado por un homicidio. Pero nunca fue enjuiciado por el hecho. En 2012 también se le abrió un expediente por el mismo delito del que fue acusado recientemente. El fiscal Salas López estaba analizando la posibilidad de acumular estas dos últimas causas, pero el defensor indicó que sería imposible, puesto que ya había sido archivada sin que se precisaran los motivos. Nunca se lo acusó de ningún delito por haberse tomado una imagen con una ametralladora y dos pistolas colocadas en su cintura, que posteó en su Facebook.

“En lo que se refiere al crimen, tal como lo dispuso la Corte Suprema de Justicia, estamos esperando que se adecue al nuevo código, ya que él era menor de edad cuando ocurrió el hecho”, explicó Monteros.

La misma situación tienen sus primos, Maximiliano “Maxi Toro” Martínez y Jonathan Ismael “Isma Toro” Tévez, que afrontan varias causas. Sus nombres fueron mencionados en causas de homicidios, y los imputaron por los delitos tentativa de homicidio, lesiones, robos y amenazas, entre otros, pero nunca fueron juzgados.

“La inactividad de la Justicia nunca es imputable al sujeto acusado. Ellos siempre han colaborado con la justicia y siempre lo harán”, señaló Mariano Arcas, que, junto a Gerardo Perdiguero, representan legalmente a los jóvenes. “Hay una persecución en su contra. Lo descubrí en forma directa con ‘Maxi’. Es un joven trabajador y honesto al que persiguen por su apellido nomás. Tiene una carnicería hace años y trabaja de forma correcta y honesta”, agregó.

“Ellos están dispuestos a enfrentarse a cualquier tribunal. Muchas de las causas que tienen en su contra son armadas, es decir, orquestadas. Hemos denunciado que les inventan denuncias para extorsionarlos. Les piden plata para retirarlas”, concluyeron los profesionales.

Pedido de informes: “Este caso debe ser investigado a fondo”, sostuvo el legislador Ascárate

“Esto no puede pasar por desapercibido. Estamos ante un joven que está acusado de integrar un clan sospechado de vender droga que fue encontrado con un arma y que se fue a su casa”, señaló el legislador radical Ricardo Ascárate. El parlamentario realizó estas declaraciones después de haber presentado ante el presidente de la Comisión de Seguridad Gerónimo Vargas Aignasse una nota para que solicite informes al Ministerio Público Fiscal sobre la actuación de los funcionarios judiciales y al ministerio de Seguridad para que se establezca el origen de la pistola nueve milímetros que se incautó. “El fiscal o la auxiliar fiscal deberían haber profundizado la investigación, no dejarlo libre al sospechoso, porque estamos ante un hecho grave”, señaló. “Por otra parte, el arma es de marca Jericho, que no se vende en la provincia y es la misma que se les entregó a los policías de la provincia. Me parece oportuno que se verifique cuál es el origen de esa arma”, concluyó.

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