La inseguridad llegó a las zonas vigiladas

Una cosa es el robo de bicicletas, por más caras que estas sean, del interior de un country. Otra cosa, muy diferente, es que se lleven $ 30 millones de una vivienda de un barrio cerrado. Entraron al interior de un lugar vigilado, cuidado, con gente atenta a lo que pasa, que toma datos de los visitantes y que se ocupa de hacer que los residentes cumplan con las normas internas con las cuales todos están de acuerdo, en lo que hace a la estética, la higiene, la conducta y la seguridad. Los barrios cerrados son como pequeñas urbes cuyos habitantes han elegido un estilo de vida y casi hasta saben del tipo de composición social del vecindario. A diferencia de la vida en las ciudades donde el caos aparece allí donde se percibe abandono del Estado, esas cuestiones que establecen las normas internas se dan por sobreentendidas. Por eso la noticia del robo en La Arboleda abre un espacio fuerte de debate y vuelve a traer al country al centro de la escena, porque hace que se replantee al menos una de las razones por las que la gente elige esos lugares y paga por vivir allí. Y también habla sobre la vida en nuestra sociedad agrietada por la inseguridad.

Desafíos jurisdiccionales

Los barrios cerrados han crecido en los últimos lustros en todo el piedemonte y ante la limitación puesta hace seis años en Yerba Buena (con aproximadamente 30 countries y unos 30 barrios cerrados se han extendido hacia el norte (desde Cebil Redondo hasta Tafí Viejo, que están limitados hacia el Oeste por el parque Biológico de la UNT) y hacia el sur, en dirección a San Pablo. Algunos van a ser megabarrios: uno que crece entre la avenida Solano Vera y la ruta 301 plantea desafíos jurisdiccionales, ya que depende de las comunas de San Pablo y del Manantial.

Uno de los desafíos es la percepción de que Yerba Buena tiene que ver con esos vecindarios de San Pablo y se le reclama medidas para cuidarlos. De hecho, el secretario de Seguridad de Yerba Buena, Mauricio Argiró, que advierte que los límites de Yerba Buena llegan hasta el área de La Rinconada, anunció que se está revisando la forma de hacer prevención pública en esos sectores en los que la vía pública prácticamente es una desolada (y a veces peligrosa) vía de unión (o de separación) entre dos vecindarios tapiados. Una tierra de nadie. Argiró dice que en el código urbano que se proyecta para Yerba Buena se establece que pueda haber vecinos frentistas en las calles de los countries. Eso va a vincular más esos bloques vecinales aislados con la ciudad. De eso habló hace cinco años el urbanista colombiano Gustavo Restrepo. También esperan que se instalen en breve las cámaras de vigilancia.

Por otra parte, se está revisando la estrategia con las empresas de seguridad privada, que han sido cuestionadas con los últimos robos. “Queremos trabajar con ellos. Hemos creado un registro para saber quiénes son y cuál es su nivel de profesionalismo”, dice. “Algunas son muy serias. Hay casos en que son particulares que dan seguridad”, agrega.

Y acá comienza un lado B de la seguridad. Yerba Buena ha estado en la mira desde el asesinato del adolescente Valentín Villegas, en 2017. Tras la tragedia se enviaron más policías, luego se los redestinó; después se cuestionó que muchos agentes se dedicaran más a servicio adicional que a la custodia pública y a partir de eso fue cambiada la ley de servicio adicional. Hoy Yerba Buena apenas tiene unos cuantos policías más que entonces y las quejas de los comerciantes han recrudecido. La Municipalidad, que tiene 60 guardias urbanos, quiere militalizarlos y anhela autorización para que usen pistolas eléctricas. Hay una estrategia de seguridad que está en debate y sin resolver. Pese a la pobreza policial, Yerba Buena es una zona bastante custodiada. Al menos sus barrios privados.

Vicios del sistema

Pero esa seguridad ha sido puesta en duda ahora. El presidente de la Cámara de Agencias de Seguridad Privada, Marcial Escobar, dice que en el robo en el country La Arboleda debió haber una mano interna (lo mismo opinan Argiró y también el subsecretario de Seguridad provincial, José Ardiles), además del hecho de que “la delincuencia en Tucumán creció en forma desmedida; en ningún lugar se puede estar seguro”. Si bien Argiró apunta que el fenómeno de robos en countries se está dando en todo el país, Escobar apunta a vicios del sistema que están saliendo a luz. En la provincia hay registrados 1.800 hombres de seguridad privada (aunque en la AFIP figuran unos 5.000) y en muchos barrios privados se hacen contratos de servicios por menos dinero (por “precio vil”, dice, que obliga a muchos a poner hombres “en negro” o bien a poner menos agentes que los necesarios). En Tafí Viejo hay un country que contrata policías de servicio adicional, disfrazados de personal de maestranza, cuenta. “Las agencias autorizadas por el Ministerio de Seguridad son 70. Hay agencias truchas y formales con precio vil, lo que va en desmedro del cliente pero este busca abaratar costos”.

Nada de esto explica ni aporta salidas claras, no obstante, a la crisis de inseguridad que se vive en la provincia. Acaso los robos están mostrando esa realidad que pinta Marcial Escobar que sienten los habitantes que pagan directamente la vigilancia mientras en los barrios abiertos y en zonas más densas del Gran Tucumán ocurren cosas de espanto.

¿Cómo se puede estudiar el fenómeno de estos extremos sociales en convivencia? Hay quienes han analizado el crecimiento o las manifestaciones del delito en la crisis, como Osvaldo Meloni y Ana María Cerro (“Investigaciones sobre la economía de la delincuencia en Argentina”) y como Lucia Cid Ferreira, Matías Lorenzo Pisarello y Roxana Laks (“1as Jornadas de estudios sociales sobre delito, violencia y policía”), trabajos en los que se advierten las relaciones entre desigualdad y aumento de la agresividad y la violencia.

Los funcionarios tendrán que repensar los vínculos en la vía pública y achicar el impacto de las desigualdades. Con nuevas estrategias. El coeficiente de Gini (índice que sirve para medir la desigualdad en las sociedades) ayuda a entender esos problemas. Los sectores del piedemonte con sus barrios urbanizados y cerrados, muestran la dicotomía dura entre los que disponen de recursos y los que viven por sus manos. San Pablo y El Manantial, comunas de segunda y con escasos servicios, sufren una gran transformación. En su interior se gestan los megabarrios cerrados y las están reconfigurando.