ANUNCIO. Desesperación por alquilar.
El Gobierno nacional sistirá a las familias que se encuentren en situación de desalojo ante el inminente vencimiento, el miércoles de la semana que viene, de la vigencia del decreto que prorrogaba de forma automática los contratos de alquiler y prohibía desalojos.
Mediante la Resolución 88/2021, publicada hoy en el Boletín Oficial, el Ministerio de Desarrollo Territorial instruyó a la Secretaría de Desarrollo Territorial a elaborar y aprobar el Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales.
"Se va a trabajar en un protocolo que permita caracterizar el universo de desalojos posible, y arbitrar las herramientas para conseguir soluciones habitacionales. El objetivo de este gobierno es poner muchos recursos como no se hizo en los últimos años en Argentina, en la construcción de vivienda con las unidades ejecutoras en las provincias y también a través del Procrear (Programa de Crédito Argentino)”, destacó el secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini.
Para la elaboración del protocolo, se convocó al Ministerio de Justicia y a otros organismos nacionales, y se invitó a aquellos organismos provinciales pertinentes a la suscripción de convenios de cooperación, con el fin de recabar información sobre solicitudes de procesos de mediación y sobre existencia de sentencias judiciales de desalojo, en los casos comprendidos en contratos de locación alcanzados por el Decreto 320/20 y sus sucesivas prórrogas y modificaciones, que extendieron los contratos de los alquileres y prohibieron los desalojos.
Asimismo, el ministerio instruyó a la Secretaría a arbitrar los medios necesarios para coordinar acciones de colaboración y cooperación con los entes ejecutores provinciales y locales de los proyectos de viviendas construidas con aportes del Estado Nacional, con el fin de abordar soluciones habitacionales para aquellos hogares que requieran asistencia pública.
El decreto remarcó que a tal efecto, se establecerán los criterios de priorización de las personas, teniendo en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros.
“Vamos a trabajar en articular el esfuerzo del Estado en revertir esta situación habitacional a partir de una oferta de viviendas, y mientras tanto tener una respuesta, con un protocolo con pasos concretos, para atender la situación de cada familia y dar una solución habitacional a partir del financiamiento que el Estado hace de los programas de viviendas”, señalo Scatolini.
Explicó que se hará un relevamiento de información fehaciente de sentencias que se podrían llegar a ejecutar, con un criterio de prioridad de situaciones de mayor vulnerabilidad. "También vamos a realizar un relevamiento con las unidades ejecutoras de soluciones habitacionales de todo el país que arman el listado de adjudicatarios de viviendas para que dentro de esos listados se priorice a personas en situación de desalojo”, dijo.
Remarcó que el plan del Gobierno es generar en el lapso de tres años 264.000 soluciones habitacionales; pero precisó que no es lo único en lo que se trabaja. “Impulsamos una nueva Ley de Alquileres que por primera vez regula y protege al sector más vulnerable de la relación contractual, que es el inquilino. También un Plan Nacional de Suelo Urbano, para regularlo, porque sin suelo urbano no hay vivienda. Y además una política de ciudades con criterios de acceso justos a los territorios, porque sin eso, no hay equidad territorial. Todas estas acciones van a la vez”, enumeró Scatolini.
Subrayó que en el armado del protocolo para atender los desalojos se está trabajando sobre datos muy inciertos aún y una situación económica angustiante.
