Personas cumpliendo cuarentena. Foto HRW Leo Fernández.
El gobierno de la provincia de Formosa utilizó “medidas frecuentemente abusivas e insalubres para prevenir la propagación del covid-19”, concluyeron en un crítico informe la organización mundial de derechos humanos Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins.
Apuntaron contra el gobierno de Gildo Insfrán. Responsabilizaron al gobernador de restringir el trabajo de la prensa, de emplear excesivamente la fuerza contra quienes protestaban por las medidas relacionadas con el Covid-19 y limitar severamente la posibilidad traslado a la gente de Clorinda y el acceso a la atención médica.
Las entidades norteamericanas corroboraron que más de 24.000 personas fueron obligadas a permanecer confinadas en circunstancias que, en muchos casos, “podrían considerarse detenciones arbitrarias”. Aseguraron que la intervención del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, no fue exhaustiva ni priorizó “documentar las violaciones de derechos humanos” durante las protestas que culminaron en represión y detenciones.
La conclusión surge de un relevamiento que realizó Human Rights Watch entre enero y marzo de 2021, con 45 entrevistas telefónicas. De ese grupo, 30 estuvieron confinadas en centros de aislamiento o cuarentena, mientras que el resto fueron médicos, abogados, víctimas de abuso policial, periodistas, una legisladora y dos concejalas. Según esos testimonios recogidos, la mayoría “temía sufrir represalias”.
