Resulta paradigmático que el cisma del oficialismo haya ocurrido en ocasión de la cobertura del defensor del Pueblo, cabeza de una institución de control que en la historia no se destacó por ello, pero que sí creció desmedidamente como estructura de ubicación de parientes, amigos y allegados del poder siempre presta a servir los intereses oficiales. Más paradigmático aún es que las facciones en pugna propiciaran para el cargo a dos peronistas acendrados cuando el artículo 8 de la Ley 6.644 dice que el puesto del ombudsman tiene las mismas incompatibilidades e inhabilidades que las previstas para el ejercicio de la magistratura judicial, y que a este “le está especialmente vedado” la afiliación y el activismo en partidos políticos. El ex legislador Eduardo Cobos consideró cumplido aquel recaudo con la renuncia a la membresía justicialista el mismo día que inscribió su candidatura. Y con esta “mera formalidad” se dio por acreditada -con el concurso decisivo de cuatro opositores llamados a fiscalizar la legalidad del nombramiento: José María Canelada, José Ascárate, Paulo Ternavasio y Juan Rojas- la independencia elemental (consagrada en el artículo 5 de la norma) para que el defensor defienda al pueblo de quienes lo gobiernan.
Hay quienes razonan con candidez que, por una paradoja del destino, Cobos representa al fin a una minoría: la formada alrededor del vicegobernador Osvaldo Jaldo. Esa visión entusiasta de la división oficialista olvida que en los seis años previos Jaldo y el gobernador Juan Manzur fueron socios siameses mayoritarios en la creación de un califato a la tucumana. La propia Defensoría del Pueblo expresa a esta especie de sociedad erosiva de la república. La gestión del ex titular Fernando Juri Debo no se caracterizó por la actuación de oficio para esclarecer las irregularidades de la administración pública y de los funcionarios difundidas por la prensa, atribución contenida en el inciso 3 del artículo 10 de la Ley 6.644 que, por citar un caso reciente, obliga al defensor a investigar el affaire de las vacunas desatado en el Siprosa por las ventajas que recibieron los funcionarios de apellido Gandur. Tampoco se distinguió por la transparencia. Para corroborarlo basta con echar un vistazo a la página web institucional (defensoriatucuman.gob.ar), donde sobresalen por su ausencia “los informes periódicos a la opinión pública sobre las investigaciones practicadas y los resultados obtenidos” prevista en el artículo 21.
La tradición empática del defensor con las élites condiciona a Cobos, quien tras su juramento se comprometió a “hacer lo que pueda”, aunque aseguró que “ya no tenía puesta la camiseta del partido”. Sus primeros pasos serán determinantes para comprender el significado de tales palabras, y para definir si dará continuidad al estilo de gestión de Juri Debo o si romperá con él para lo cual, según recetan dentro de la institución, hace falta una auditoría exhaustiva. Pareciera que el plantel aumentó de forma llamativa en el último lustro hasta el punto de que algunos calculan que si todo el personal acudiese al mismo tiempo a sus puestos habría que sacar escritorios y sillas a la vereda. La inexistencia de concursos públicos que garanticen la igualdad de oportunidades para el ingreso a la Defensoría es per se una señal elocuente de la concepción de servicio comunitario que impera en aquel ámbito.
A la vista de tantas contradicciones, un príncipe del foro reflexionó que Manzur y Jaldo estuvieron juntos en el vaciamiento de los controles, y que, por lo mismo, es difícil pensar en una separación que llegue hasta el extremo de revertir esa empresa. Algunos apuestan a que el binomio enfadado no se atreverá a desmontar la Corte Suprema que forjó con dos ex fiscales de Estado de este Poder Ejecutivo, uno ligado al vicegobernador (Daniel Leiva) y otra al mandatario (Eleonora Rodríguez Campos). Manzur tendría que deconstruirse para borrar el apoyo que prestó a Leiva en su pugna contra el ex juez Enrique Pedicone mediante la actuación del titular de la Fiscalía de Estado, Federico Nazur, y del legislador justicialista Zacarías Khoder. Aunque la coherencia murió hace tiempo en “Trucumán”, se especula que, antes que entrar en un choque contra las propias astillas, sería más factible lograr la desocupación de las vocalías pertenecientes a los tres jueces supremos heredados de la era de José Alperovich: Antonio Daniel Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse. Es que dentro y fuera del Palacio de Justicia inquietan las proyecciones del fin de la hegemonía en la renovación de la presidencia del alto tribunal, función que en el próximo bienio comporta la titularidad de la Junta Electoral local que organizará los comicios de 2023. Tal aflicción explicaría las versiones de propuestas de cargos políticos nacionales que rondan a los integrantes de la Corte y no sólo a la presidenta Sbdar.
El concepto de un Gobierno débil, que no reúne los dos tercios necesarios para echar a un magistrado, podría envalentonar a unos Tribunales sedientos de recuperar la confianza de la comunidad. Pero el espanto de que, como consecuencia de las fisuras políticas, avancen las denuncias de corrupción podría funcionar como el pegamento que abroquele a los bloques separados. En el Poder Judicial abundan las posibilidades de precipitar el reencuentro incluso en fueros no penales: hay litigios en trámite tanto para definir la constitucionalidad del reparto de los gastos sociales legislativos en la época de Manzur como para transparentar las nóminas de empleados de la administración de Jaldo. La indivisión del poder llegó hasta el punto de tornar inviable un desmantelamiento de aquel sistema que no implique la destrucción de sus beneficiarios, como probó el episodio de la aceptación de la renuncia del juez Juan Francisco Pisa. Ninguna jefatura digna de los califas cedió sin aniquilamientos. Y del otro lado siempre hubo un pueblo a expensas de la violencia convencido de que no existe nadie capaz de defenderlo.
