"Vacunagate": todos los indicios apuntan al sector privado

A diferencia del resto de las provincias, en Tucumán las posibles irregularidades en la vacunación no pertenecen al ámbito público.

. . ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO

Fue una semana de turbulencia en el Ministerio de Salud de la provincia. Luego de iniciar la tan esperada vacunación contra la covid-19 el 29 de diciembre, los que pasaron fueron los días más complicados para las autoridades designadas para llevar adelante ese proceso, destinado a brindar algo de esperanza luego de un 2020 en el cual esa palabra parecía utópica.

Todo se desencadenó luego del escándalo nacional del vacunatorio VIP, que eyectó de su puesto al ministro Ginés González García luego de conocerse que había una lista de amigos del poder que, con levantar un teléfono, eran recibidos en el mismo Ministerio y vacunados, tal como relató el periodista Horacio Verbitsky, uno de los beneficiados por esta maniobra. De allí en adelante, como bola de nieve, comenzaron a aparecer casos en distintas provincias como Buenos Aires, Salta, Jujuy, Mendoza, Entre Ríos y Córdoba. ¿Y Tucumán? Hace siete días, exactamente el domingo pasado, se viralizó una lista de personas que se había vacunado, pero lo que más llamó la atención era que uno de ellos era un abogado, José Antonio Gandur, de 39 años, que trabajaba como secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Desarrollo Social. Las preguntas comenzaron a surgir: no le daba la edad, ni la profesión ni el lugar de trabajo para ubicarse entre los elegidos para recibir las dosis de vacuna. Al menos, las otras 17 personas que aparecieron en esa lista (choferes, administrativos, periodistas, mozos) trabajaban en el Ministerio de Salud y de una u otra manera podrían haber tenido contacto con pacientes contagiados de coronavirus.

¿Pero por qué estaba Gandur entre los beneficiados? La respuesta llegó de la mano de la propia ministra del área, Rossana Chahla. Gandur figuraba en una lista enviada por un laboratorio privado, propiedad de la esposa del funcionario. Así, Tucumán pasó a ser la única provincia -raro “privilegio”- en la que se descubrieron casos, como mínimo, reñidos con la moral en la campaña de vacunación. Casos que no tenían que ver tanto con lo público, sino más con lo privado.

Desde el momento en que se conoció lo sucedido con Gandur comenzaron las declaraciones, para justificar o para rechazar lo que hicieron el funcionario del Ministerio de Desarrollo Social y dos de sus hermanos, Javier Gustavo Gandur, subdirector del Ministerio de Economía, e Iliana Emilce Gandur, agente del Sistema Provincial de Salud, tal como se descubrió más tarde.

La misma Legislatura, ante la envergadura del caso y por notas enviadas por el legislador Renee Ramírez, pidió informes acerca de quiénes son las personas que se vacunaron o pidieron vacunarse por medio de establecimientos privados. Así, Tucumán tiene su propia versión del “vacunatorio VIP”, donde lo privado se inmiscuye con lo público, pero beneficia hasta aquí a personas que cobran de los dos sectores, mientras hay mayores de 60 años que aún deben esperar para recibir las dosis.

Lo que por debajo algunos musitan es que, así como sucedió con la familia Gandur, puede haber más funcionarios, de los tres Poderes del Estado, que tengan vinculación con entes privados de salud, llámese clínicas, sanatorios, centros de diagnóstico por imágenes, laboratorios u obras sociales que estén incluidos en las listas enviadas al Siprosa para obtener la vacunación. Como pasó con los Gandur. El jueves, Eduardo Vega Olguín, presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados, sostuvo que se pide la vacunación para todos los empleados del establecimiento, sin importar el trabajo que realicen en cada uno de ellos. ¿En el Siprosa cruzarán listas para saber si no hay “infiltrados” y no tener que vivir otro round de escándalo? ¿O habrá quienes a último momento decidieron borrar su nombre de los pedidos para no verse envueltos en esta mezcla entre públicos y privados, en las que los únicos que pierden son los que más necesitan las vacunas? El tiempo dará las respuestas.

Denuncias
Tres presentaciones

Hasta el momento se concretaron tres denuncias por los presuntos casos de “vacunatorios VIP” en Tucumán. El legislador radical José Canelada lo hizo en la Justicia local; pidió que se analicen contradicciones y que se busquen pruebas para determinar si se había vacunado alguien a quien no le correspondía. El también legislador radical Ricardo Ascárate prefirió recurrir a la Justicia Federal para que se soliciten las nóminas de vacunados por el Siprosa. Finalmente, el ex director de Salud de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Eduardo Gómez Ponce, también pidió la intervención de la Justicia Federal.

El perfil de los Gandur:

- José, secretario en Desarrollo Social

José Gandur (h) tiene 39 años, es abogado y secretario de Gestión Administrativa en el Ministerio de Desarrollo Social. Su vacunación fue la primera en conocerse entre los tres hijos de José Antonio Gandur, secretario administrativo contable del Siprosa. José recibió la Sputnik V “de forma privada”, según el Gobierno, como miembro de un laboratorio familiar.

- Javier Gustavo, de Economía

Javier Gustavo Gandur es miembro con categoría 23 de la planta permanente en el Ministerio de Economía. Al igual que su hermano, accedió a la vacuna gracias al laboratorio privado que había recibido dosis de Sputnik V. Es licenciado en Economía y se desempeña como subdirector de la Unidad de Coordinación en la cartera que dirige el ministro Eduardo Garvich. Juan Manzur le asignó esa función en octubre de 2020.

- Iliana, agente del Siprosa

Vacunagate: todos los indicios apuntan al sector privado

Iliana Emilce Gandur también accedió a la vacuna por medio de un laboratorio, beneficiada por el cupo de vacunas que el Ministerio de Salud asignó a entidades privadas. Es agente del Siprosa y prestó servicios en Buenos Aires gracias a un decreto firmado por Manzur. La hipótesis es que habría viajado a Tucumán para acceder a las dos dosis.

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