Las virtudes, por encima de lo político

La definición del nuevo defensor del Pueblo de Tucumán tendrá lugar el próximo lunes en la sede del Poder Legislativo. Por disposición constitucional, corresponde a los legisladores la designación del titular del organismo encargado de velar por los intereses colectivos de la comunidad. A pocos días de la votación, la discusión por las ternas de postulantes quedó enfrascada en las diferencias políticas. Por el momento, los antecedentes, el perfil profesional y las propuestas de los postulantes parecen haber quedado de lado.

La relevancia institucional de la Defensoría del Pueblo está consignada en el texto de la Carta Magna de la Provincia. Allí consta que son atribuciones y deberes de dicha repartición “la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos e intereses individuales y colectivos”, en especial frente “a los actos, hechos u omisiones de la Administración Pública provincial y municipal, o de prestadores de servicios públicos, siendo todas sus actuaciones gratuitas para el ciudadano”.

Cada año, miles de tucumanos recurren a las distintas dependencias de la Defensoría del Pueblo para plantear sus quejas por situaciones que van desde anécdotas hasta episodios graves.

Sólo en 2020, el organismo gestionó 1.404 reclamos sólo relativos al servicio de energía eléctrica (principalmente por facturación excesiva); 343 planteos por prestaciones del ámbito de la salud; 312 presentaciones por los servicios de aguas y cloacas; 218 bajo la categoría de “asuntos municipales, comunales y de seguridad vial”; y 152 por problemas generados a partir de la distribución de gas natural.

A estos ítems se agregan otras incontables situaciones en las cuales el ciudadano se percibe como David enfrentando a Goliat. Es entonces cuando emerge la figura del defensor del Pueblo, cuya misión es equilibrar la balanza para que los conflictos sean dirimidos de manera equitativa, sin perder de vista en muchas ocasiones el estado de vulnerabilidad de quienes trasladan los reclamos.

Ayer, en la Legislatura, los integrantes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones y Acuerdos no se pusieron de acuerdo. Ante un empate entre las mociones del oficialismo -cuatro a cuatro- y la posterior aplicación de un criterio de “voto doble” a cargo de la presidencia, se escogió la terna de postulantes que será sometida a votación el próximo lunes, ya en el recinto de la Cámara provincial. Sin embargo, luego de la reunión afloraron las tensiones entre los integrantes del espacio que representa al Gobierno provincial.

A la discusión en el ámbito de las comisiones legislativas le siguieron mensajes cruzados y duras acusaciones entre los participantes. Al margen de los nombres escogidos en esta instancia y de los que quedaron afuera de la decisión final, no fueron abordados tras el debate aspectos que en realidad deberían hacer al espíritu del proceso, tales como el nivel de formación, la trayectoria y otros datos clave para conocimiento de la ciudadanía.

Aunque las controversias políticas resultan naturales -e incluso necesarias para la salud del sistema democrático-, sería positivo que los procesos de designación de autoridades de organismos fundamentales para la comunidad estuvieran marcados de manera preponderante por las virtudes de los candidatos, y no sólo por otros factores que resultan ajenos al interés colectivo, cuya defensa será al final de cuentas la misión fundamental del funcionario que se vaya a designar.