¿Por qué, señor Gobernador?

Es apenas una pregunta que requiere una respuesta honesta. Pregunta que la sociedad se formula sin haber recibido hasta aquí una explicación de parte del gobernador Juan Manzur, cuyo puño y letra se empeñaron en firmar la absolución de un juez. ¿Por qué le habilitó a Juan Francisco Pisa el retiro dorado del que gozan los magistrados? Como el que calla otorga, ese silencio no es otra cosa que una caja de resonancia en la que estallan toda clase de conjeturas y especulaciones, justificadas una por una a partir de ese mutis por el foro elegido como estrategia en Casa de Gobierno. Es la lógica de la devolución de favores en su más descarnada expresión, impuesta desde el momento en que el Gobernador firmó y calló.

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Quien debió ponerle el cuerpo al miércoles en el que el Gobierno se hizo cenizas fue la ministra de Gobierno. No le quedaba otra, a fin de cuentas también debió rubricar el diploma que Pisa tanto esperaba. “Obligados por una cuestión de jurisprudencia”. Palabras más, palabras menos, fue la síntesis argumental esgrimida por Carolina Vargas Aignasse frente a los micrófonos. Mientras, los integrantes de la poco entusiasta Comisión de Juicio Polìtico se hacían los desentendidos, con cara de “yo no fui”. Nada nuevo tratándose de una Legislatura que de honorable sólo tiene la formalidad del enunciado.

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Hay tanto de obsceno en este entramado que cuesta encontrar por dónde empezar. Se habla de costo político, por ejemplo. Del costo político que implicó jubilar a Pisa sin que los representantes del pueblo (los legisladores) tuvieran la oportunidad de preguntarle por qué actuó como actuó. Tan sólo eso. ¿Qué es el costo político? ¿Cómo puede ser el tema de discusión por encima del derecho a la Justicia, así, con mayúsculas? El costo político, como un índice de la miserabilidad del sistema, es un insulto -otro más- a la memoria de Paola Tacacho y a la lucha de sus familiares y amigos. El costo político es la síntesis de todo lo que no funciona, ese agujero negro de la calidad de vida ciudadana al que empujaron a Paola Tacacho, a Paulina Lebbos y a cada rostro de la impunidad. “El Gobernador paga un alto costo político por esta decisión”, explican, y no en broma. O sea que, en el fondo, Manzur también sería una víctima, en este caso de su propio acto sacrificial. Porque paga un costo político, por más que se trate de la exculpación de un juez -cuanto menos- sospechado. Una indulgencia que borra las faltas. Es de locos.

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Porque la cuestión es que todo se mide. Como vivimos en una sociedad regulada por las métricas, cada segmento del comportamiento humano se traduce en datos que alguien se encarga de interpretar. Se “mide” a Manzur en relación con el femicidio de Paola Tacacho. Se “mide” en qué medida influye toda esta situación de cara a futuras elecciones. Se “mide” qué clase de malhumor social produce la jubilación de Pisa. Se “mide” hasta qué punto se acordarán del juez y de Paola en el futuro octubre. Se “mide” dónde impacta más el caso (¿en el centro, en la periferia?), cómo mueve la aguja en las distintas secciones electorales, cómo sube o baja la imagen de Manzur, cómo reacciona la sociedad, de qué manera se bambolea el termómetro de las redes sociales. Todo se mide, menos el dolor. De eso nadie puede ni quiere encargarse. El dolor de una madre o de un padre que perdió a su hijo o a su hija por el arrebato de un crimen no cabe en las estadísticas. El dolor de la sociedad que -a veces- funciona en modo empático tampoco puede medirse. Es de esto de lo que no hablan los encargados de “medir”. No porque no escondan algún gramo de sensibilidad, sólo pueden saberlo ellos, sino porque para eso se requiere un mínimo de vergüenza.

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No tienen vergüenza ni perdón quienes le manotearon a la madre y a la hermana de Paola Tacacho las cubiertas que pretendían quemar el miércoles frente a la Casa de Gobierno. Cubiertas que ellas mismas se encargaron de cargar a pulso, demostración de que no responden a aparatos ni a facciones, de que sólo las mueve el dolor y la indignación. Esa certeza que representa la soledad ante la inmensidad del poder, la certeza de la impotencia, es la compartida por la familia Tacacho y por la tucumanidad en su conjunto.

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Parecería que el femicidio de Abigail Riquel y el posterior linchamiento de “Culón” Guaymás sucedieron hace mucho. Pero no. Fue, a mediados de octubre, cuestión de unos pocos meses. El día que la turba mató a Guaymás, Tucumán se convirtió en el far west. O si es realmente el far west y estamos tan cómodamente adormecidos que no nos damos cuenta, por lo menos ese día quedó visibilizado con toda la crudeza imaginable. La sociedad estaba shockeada, tanto como puede generar el hecho de que un asesinato se transmita en directo por Facebook o Whatsapp. ¿Qué hacía falta en ese momento? Una palabra tranquilizadora del Gobernador. Con tres o cuatro minutos bastaba. “Estamos trabajando para resolver este caso y asegurarnos de que no se repita algo similar”. Tan simple como eso. Pero no. Nadie fue capaz de hablar, explicar, comunicar, informar, dar precisiones. Tampoco es cuestión de marcarle la agenda ni el discurso al Gobernador, sólo de advertir lo alejados que suelen estar sus tiempos de las inquietudes sociales. De lo contrario, como lo descubrió la familia Tacacho cuando hizo pie en Tucumán, esa certeza de que estamos solos se agiganta.

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Claro que esto va mucho más allá. Es infinitamente más grave. José Alperovich miró de frente a sus interlocutores, con las cámaras encendidas, y anunció que el femicidio de Paulina Lebbos se resolvería. Públicamente prometió justicia. No sólo el crimen sigue impune, 15 años después, sino que la causa es uno de los tantos emergentes de la destrucción institucional de la provincia. La danza de Leivas y Pedicones lo reflejó y nadie puede sorprenderse. Los Poderes del Estado protagonizan un juego al que la sociedad no está invitada. A lo sumo, de vez en cuando, a la ciudadanía le permiten asistir a uno que otro partido. El espectáculo quita las ganas de seguir mirando. Alperovich gobernó Tucumán durante 12 años, la mayoría de ellos después de haber mentido sobre lo referido a Paulina. Esa es la parte que nos toca. ¿O nadie lo votó?

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Cuando el gobernador Manzur calla sólo se habla de las causas en las que Pisa intervino. Por ejemplo:

- “PIBE”, que culminó con todos los involucrados sobreseídos. empezando por Beatriz Rojkés de Alperovich, presidenta de la Fundación. Pisa había sido designado por José Alperovich.

- “Teves”, “Gasnor”, “Funsal”, “Marchese”, “Lebbos”; siempre con fallos favorables a los funcionarios políticos o judiciales de turno.

- “Manzur”, causa por supuesto enriquecimiento ilícito en el período 2003-2009, en la que Pisa sobreseyó al Gobernador.

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Es apenas una pregunta directa, y que pide algo más que una justificación jurídica. La madre de Paola Tacacho siente que para su hija fue como morir otra vez y así lo exclamó. Mientras la Legislatura se barre a sí misma bajo la alfombra el concepto de impunidad sigue creciendo. Una y otra vez, como un karma que Tucumán arrastra; como si estuviéramos purgando la culpa de algún pecado original. Entonces, con el mayor de los respetos, ¿por qué, señor Gobernador?