Los condenados por el caso “Betty” podrían quedar libres - LA GACETA Tucumán

Los condenados por el caso “Betty” podrían quedar libres

Susana del Valle Acosta y Marcos Daniel Fernández, quien cambió de género y nombre, ya cumplieron con 15 años de la pena. La condena dictada en 2009 fue por 20 años.

21 Ene 2021
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SENTENCIADAS. La Justicia condenó en 2009 a 20 a años de prisión a Nélida Fernández y a Susana del Valle Acosta por el homicidio de “Betty”.

A casi 12 años de haber sido condenados por el homicidio de Ángela Beatriz Argañaraz ; Nélida Fernández (ahora Marcos Daniel Fernández) y Susana del Valle Acosta podrán quedar en libertad si es que un juez de Ejecución aprueba el régimen de libertad condicional que propuso el abogado Gustavo Morales.

El 31 de junio de 2006, “Betty”, como era apodada la víctima, desapareció misteriosamente cuando se dirigía a dictar clases en la escuela Padre Roque Correa. A los cuatro días de que Argañaraz saliera de casa por última vez, la fiscala Adriana Giannoni ordenó la aprehensión de las dos novicias por considerar que habían privado ilegítimamente de la libertad a la maestra. Con el correr de las semanas y los meses, fueron surgiendo pruebas en contra de las sospechosas.

En base a los rastros de sangre hallados en el departamento de las acusadas, que a través de estudios genéticos se confirmó que los rastros biológicos pertenecían a la víctima, la fiscala elaboró la hipótesis de que la víctima llegó mediante engaños al domicilio donde vivían Acosta y Fernández. Según la teoría, allí la pareja mató a golpes a la maestra y luego ocultaron el cuerpo, que hasta el día de hoy yacería en algún lugar desconocido de nuestra provincia.

Posteriormente, Giannoni sumó indicios para determinar que Luis Fernández, hermano del acusado, podría haber colaborado con el crimen. El tercer sospechoso era remisero y estuvo prófugo por un año hasta que decidió entregarse a la Justicia.

EL RECUERDO. La hermana de “Betty” exhibe el retrato de la docente.

En el año 2006 la fiscala solicitó que los tres acusados fueran enjuiciados por el delito de homicidio agravado por haber actuado premeditadamente, por alevosía y por haber actuado dos o más personas en el crimen.

La investigadora argumentó que el móvil del hecho habría sido generado porque Argañaraz había sido nombrada directora del colegio Padre Roque Correa, cargo que aspiraba ocupar Acosta.

En diciembre de 2009, el tribunal condenó a las dos novicias a 20 años de prisión por considerarlas culpables del delito de homicidio simple. Según argumentaron los magistrados que resolvieron la causa, no se pudo probar los agravantes que el Ministerio Público Fiscal consideraba. Luis Fernández, por otro lado, fue absuelto dado que no se probó que hubiera tenido participación en la desaparición y crimen de la maestra. En octubre de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó el falle condenatorio y absolutorio.

Luego de la condena, ya en prisión, las novicias se casaron en el penal de mujeres y luego Nélida Fernández, acogiéndose a las leyes ya vigentes, decidió cambiar su género y pasar a llamarse Marcos Daniel.

“Desde que fueron encerradas en agosto de 2006 ninguna de mis dos defendidas ha gozado de salidas transitorias o de algún otro tipo de beneficio, ya que el juez de Ejecución, Roberto Guyot, se las negó sistemáticamente, pese a que estaban en condiciones de acceder a esos beneficios”, explicó el defensor Gustavo Morales.

Según el profesional, Acosta debió haber recuperado la libertad condicional en agosto de 2020, puesto que en su estadía de encierro comenzó a estudiar la carrera de Derecho. También indicó que Fernández debía obtener ese beneficio en diciembre pasado. Argumentó que los plazos ya se habían cumplido si se consideraba que ambos estuvieron privados de su libertad por más de tres años sin que fueran enjuiciados. “La Ley indica que no deben permanecer presos más de dos años sin antes haber afrontado un juicio”, sostuvo el profesional. “Si se suma ese plazo a los 12 años de prisión que cumplieron bajo sentencia, ya cumplieron con la condena firme”, agregó.

Morales explicó que la pareja fijó como domicilio legal la vivienda de El Cadillal, lugar donde el Ministerio Público Fiscal y los investigadores de la Policía realizaron numerosas requisas y rastrillajes en búsqueda de alguna pista. Se sospechaba que allí o en sus alrededores, podrían haber enterrado a “Betty”.

“La casa está ubicada a unos 50 metros de la comisaría de El Cadillal, por lo que no creemos que vaya a haber problemas de vigilancia. Ya se excedieron todos los plazos legales y en principios no habría problemas para que se ordene la libertad de ambos”, concluyó el abogado.

La Justicia decidió realizar dos audiencias distintas para tratar estos temas, dado que la situación procesal de ambos es diferente.

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