El enemigo del crecimiento

Nahuel Ríos - Investigación Federalismo y Libertad

La realidad impositiva de la Argentina, y en especial de Tucumán, presenta una situación caótica: no sólo por las tasas impositivas, sino también por la burocracia que supone cumplir y mantenerse en regla. En la actualidad se percibe una carga impositiva incluso mayor, debido a que la economía no crece, los salarios reales caen con el tiempo y las ganancias para las empresas son cada vez menores. En un contexto de constante pérdida de valor, debemos considerar que el ciudadano promedio debe afrontar con su sueldo los costos de vida, alimento, alquiler, provisión para su familia -salud, educación, gastos cotidianos- y además debe pagar impuestos considerables mes a mes.

Ahora bien, ¿cuál es el destino de la recaudación de estos impuestos? Los encargados de asignar gastos cuentan con un menú infinito de justificaciones para las diversas finalidades de los impuestos. La realidad económica es que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas, realidad conocida para los gobiernos que deben gestionar políticas públicas en fin de mejorar la calidad de la vida de los ciudadanos.

Alrededor del mundo, todos los países cobran impuestos a sus ciudadanos, pero el caso argentino es particular. Argentina se encuentra entre los países de mayor presión impositiva del mundo, principalmente para las ganancias de las PyME. Los impuestos que cobran los distintos niveles del Estado (Nacional, Provincial y Municipal) se asemejan a los de países desarrollados como EEUU o Japón, y significativamente superiores a los de economías emergentes como México o Chile. Estos fondos son recaudados con el fin de otorgar servicios a los ciudadanos.

Tucumán cuenta con un presupuesto de $ 215.000 millones, de los cuales el 45% de estos gastos son asignados a tareas esenciales -Educación (20%), Salud (16%) y Seguridad (9%)-. Por otro lado, están los gastos para la administración del Estado, que representan el 36% del presupuesto. Para sustentar todo esto debe afrontarse una serie de impuestos en los tres niveles del Estado:

• Nacional: IVA, Ganancias, impuesto a los débitos y créditos, a la ganancia mínima presunta, impuestos especiales, entre otros.

• Provincial: Ingresos Brutos (IIBB), Salud Pública, Inmobiliario, Automotor, Sellos y otros.

• Municipal: TEM, CISI y Tasas en concepto de uso de espacio público; colocación o instalación de cables, telefonía eléctrica, agua corriente, obras sanitarias, estacionamiento de vehículos, transporte público, etc.

A esto debe sumarse el régimen de percepciones y retenciones, que le dan la potestad a determinados agentes de retener tasas impositivas, como es Ingresos Brutos, al momento de hacer una transacción. Así, la Provincia delega la función de recaudar a aquellas personas o empresas que actúan como agentes de retención. Si una actividad realiza muchas transacciones y genera un saldo a favor, tendrá por delante uno de los trámites más engorrosos de la administración pública: obtener el saldo de libre disponibilidad de los IIBB. Tal es la complejidad del trámite que en la práctica muchas empresas desisten de hacerlo por el tiempo que conlleva recuperar el dinero que se obtuvo de forma legal y correspondiente a la actividad, y que fue extraído de forma cuestionable, incluso injusta, por el Estado provincial.

La órbita municipal

Otro conflicto impositivo en Tucumán se presenta con el tributo municipal (TEM) que grava toda la actividad comercial, industrial, de servicios, y cualquier otro título oneroso. Estas son actividades ya afectadas por Ingresos Brutos e IVA en gran parte, lo que en la práctica constituye una triple imposición sobre el mismo hecho.

Argentina manifestó su preocupación sobre la doble o triple imposición de impuestos con la sanción de la ley de 12.139 de 1935, en la cual se planteó la unificación de impuestos internos además de la sanción del régimen transitorio de distribución de recursos fiscales con la actual ley de coparticipación de 1988. Esta última fue tomada para la reforma constitucional de 1994 y con ella se estipula que las provincias o los municipios no pueden cobrar los mismos impuestos. En otras palabras, que el TEM es un impuesto inconstitucional.

Esta preocupación por las elevadas tasas impositivas se hizo presente nuevamente en 2017 cuando se acordó con las provincias el Pacto Fiscal. Éste traería alivio fiscal para los tucumanos ya que preveía la eliminación de impuestos y la baja de alícuotas de Ingresos Brutos. Sin embargo, la política optó por seguir exprimiendo los bolsillos de los tucumanos incluso en el marco de la pandemia de la Covid-19 y la cuarentena más larga del mundo impuesta por el gobierno nacional. El Poder Ejecutivo provincial suscribió con la Nación una prórroga de la aplicación del Pacto Fiscal 2017 y la Legislatura sancionó la ley correspondiente aprobando el Consenso Fiscal 2020. Hubiera sido oportuna la aplicación de este pacto de 2017, que establece pautas para la eliminación gradual de impuestos a los Sellos, la eliminación inmediata de impuestos provinciales sobre la nómina salarial y mecanismos de compensación automáticos para los saldos a favor en IIBB, entre otras medidas que aliviarían a los contribuyentes.

Pero una reducción de impuestos jamás será posible si no se baja primero el gasto público. Tucumán tiene un 45% de gastos que corresponden a servicios esenciales que deberían de ser inalterables. Ahora bien, además de estos gastos, existe un 36% del presupuesto destinado exclusivamente a administración gubernamental, por lo que su recorte sería una decisión política que los gobernantes no están dispuestos a tomar. Por otro lado, el sistema impositivo nacional no genera incentivos a la eficiencia y el ahorro. El que recauda es el Estado nacional y el que gasta el provincial y los municipios. En Tucumán más del 70% de los fondos corresponden a la coparticipación, con lo cual el Estado provincial no tiene incentivos para bajar el gasto si la mayoría de los recursos provienen de la Nación. La reforma de la ley de coparticipación es prioritaria. De la recaudación provincial, el 80,89% se concentra en IIBB, un impuesto altamente distorsivo para la economía ya que afecta a todos los niveles, grava las exportaciones y quita competitividad a la provincia. Es un impuesto que debería ser eliminado, o al menos remplazado, si se espera que la economía provincial se recupere y crezca.

Una política de reducción de gasto no es un capricho, sino una medida que será sostenible si se acompaña de reducción de impuestos y eliminación de regulaciones que permita a la actividad privada funcionar libre y rentablemente. Sólo el crecimiento económico permitirá al país y a la provincia salir de la actual situación socioeconómica. Los contribuyentes individuales y las PyME -mayores generadoras de empleo del país- deben poder trabajar en condiciones óptimas que les permitan desarrollarse plenamente, para así poder aportar al fisco sin que el costo de vida que les cuestan sus aportes sean demasiado altos.