14 Enero 2021
Una vasta experiencia en intervenciones a instituciones democráticas hemos cosechado los argentinos a lo largo de más de una centuria. La primera medida que tomaban las dictaduras militares era destituir a las autoridades elegidas constitucionalmente y desarticular los poderes republicanos para suspender las libertades individuales e imponer el autoritarismo. Fue una de las formas de amordazar al soberano y a sus representantes. Con el retorno de un nuevo período democrático a partir de las elecciones, todo volvía a la normalidad. Lo llamativo es que en plena democracia se hayan intervenido organismos estatales y estos sigan hasta la fecha sin normalizarse. Como en tantas otras cosas, Tucumán es una excepción a la regla, aunque no siempre es motivo de orgullo.
El Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), el Instituto Provincial de Lucha contra El Alcoholismo (IPLA), la Caja Popular de Ahorros (CPA), el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSS), conocido como Subsidio de Salud, y el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym) son organismos del Estado que desde hace años permanecen intervenidos.
Creado en 1969, el Subsidio que es el primogénito perdió su “libertad” en 1990, por obra y gracia del decreto 1.217 que establecía que en seis meses se debía integrarse el nuevo directorio a través de comicios, para elegir a los representantes de los empleados y de los jubilados, pero estos quedaron en la enunciación. La ley N° 3910 que data del 16 de marzo de 1973, durante la gobernación de Oscar Sarrulle, convirtió la Dirección Provincial de Cooperativas en Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual, entidad que permanece intervenida desde 1998. En diciembre de 1969, la ley N° 3619 le otorgó la autarquía natal al Ipvdu, y estableció que debe ser conducido por un presidente designado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Poder Legislativo, y su duración en el cargo es de cuatro años; los interventores se suceden desde 1991. Vio la luz en 1994; la ley N° 7243 lo volvió a crear en 2002, tal vez para que el IPLA viviera intervenido. Fundada por el gobernador Ernesto Padilla el 13 de julio de 1915, la Caja Popular de Ahorros es una de las entidades más apreciadas por los tucumanos. En 2003, a pocos días de iniciar su gestión, José Alperovich la intervino. La Legislatura sancionó en 2007 una ley que establecía la normalización de las entidades estatales intervenidas, pero el gobernador la vetó.
Un legislador presentó en 2012 un proyecto de ley solicitando la regularización de los cinco entes autárquicos intervenidos. Como el pedido no fue considerado, tres años después, recurrió a la Cámara en lo Contencioso Administrativo. El abogado de la Fiscalía de Estado dijo en su descargo que el Poder Ejecutivo no había realizado un uso “excesivo e irracional” de la figura de la intervención, a pesar de que el Ipvdu y el Subsidio llevaban entonces 25 años, bajo esa modalidad de administración. En 2015, al asumir la gobernación por primera vez, Juan Manzur afirmó: “Estamos en condiciones de avanzar con decisiones que tienen que ver con el normal funcionamiento de todos los organismos dependientes del Poder Ejecutivo. Impulsaremos la designación de las autoridades acordes a las cartas orgánicas vigentes”.
A través de las intervenciones el PE puede manejar a su antojo estos organismos. La promesa ha cumplido ya cinco años y corre el peligro de alcanzar en algún momento la mayoría de edad.
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