AVIGNONE. “Las usan como cajas económicas y para dar trabajo”.
“Da mucha bronca y frustración los argumentos de los abogados de la provincia: cuestionan si como legislador se tiene o no la legitimación para hacer ese planteo, o si le corresponde al Poder Judicial examinar o no la intervención. Sólo queremos que se nos explique por qué estos entes autárquicos están intervenidos por el PE desde hace 30 años; es insólito, inédito y no creo que exista otro antecedente en todo el país”. De esta manera, el ex legislador Alberto Colombres Garmendia (PRO) aludió a la apelación del Poder Ejecutivo al fallo de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que ordenó el cese de las intervenciones del Instituto de Previsión y Seguridad Social, del Instituto de la Vivienda (IPV) y del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA).
Colombres Garmendia recordó que la intervención es un remedio excepcional y ante circunstancias graves que, una vez superadas, cesa. “Lo mismo sucede con los entres autárquicos, una vez regularizada su situación deben normalizarse; las intervenciones por 30 años son algo ilegal, inconstitucional y violatorias del estado de Derecho. El Gobierno, en lugar de explicar esto, va por lo formal, por si tenemos o no legitimación activa; esto no debería ni siquiera ser apelado, sino cumplido para que se normalicen las instituciones de la provincia”, añadió.
Tras mencionar que estos entes deben tener sus directorios, sostuvo que las intervenciones sirven “para poner amigos, y chau autarquía e independencia”. “Así luego tenemos denuncias de corrupción como en el IPV, donde se reparten casas a intendentes y a legisladores”, agregó. “No quieren soltar ese manejo político, porque usan la plata como quieren”, finalizó
Lo excepcional
“Tucumán ha llegado a convertir en regla general algo que debía tener un carácter excepcional, como las intervenciones administrativas. Esta herramienta debe utilizarse durante un plazo determinado, no extenderse hasta el infinito, como pretende el Gobierno, a quien parece no haberle bastado dos décadas de intervención en algunos casos para normalizar estas instituciones. El fallo es una bocanada de aire fresco y llama a dar un paso más allá”, planteó el legislador radical José María Canelada, respecto del fallo judicial. En ese marco, instó a que se trate el proyecto que presentó en 2018 para normalizar la situación de los entes.
“Con la aprobación del proyecto no sólo se procedería a la normalización de estos tres en 90 días, sino también a la de la Caja Popular de Ahorros y del Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym). No es sorpresivo que el gobierno de Juan Manzur se aferre a una maniobra que genera mayor concentración de poder y arbitrariedades en el funcionamiento de estos organismo, pero es hora de terminar con el absurdo de las intervenciones eternas, que se transparenten los procesos institucionales que atraviesan y que quienes sean elegidos para guiar estos procesos rindan cuentas de estas tareas”, advirtió.
Sin sorpresa
“No extraña la posición del Gobierno que ante la resolución de la Cámara Contencioso Administrativo haya presentado el recurso de apelación ante la Corte tucumana, e implica una brabuconada señalar que en el caso que se resuelva en su contra, se dirigirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, opinó el ex concejal José Luis Avignone.
Dijo que los ciudadanos se preguntan por qué los gobiernos justicialistas y el bussista nunca quisieron normalizar los entes. “Porque los utilizan como caja económica y para dar trabajo, ya que allí se manejan miles de millones de pesos y no quieren que los controlen, y mucho menos ahora, antes de un proceso electoral”, respondió. Avignone subrayó que, “como se creen eternos, no las regularizarán; si tuviesen vocación republicana cambiarían la actitud de seguir utilizándolas como una caja propia a piacere”.
Organismos intervenidos
Instituto Provincial de la Vivienda
Fue creado por la ley 3.793, en abril de 1972, con las firmas del entonces gobernador Oscar Sarrulle; establecía que sería conducido por un presidente elegido por el gobernador, con acuerdo del Senado durante cuatro años. Se modificó con la ley 3.619 (gestión José Alperovich), que determinó que la designación del titular del IPV era con acuerdo de la Legislatura. El organismo se encuentra intervenido desde la gestión de Ramón Ortega, en 1991.
Instituto de Lucha contra el Alcoholismo
Nació en noviembre de 1994, a través de la ley 6.600 (gestión Ortega), y establecía un directorio integrado por un presidente y dos vocales, nombrados por el PE con acuerdo de la Legislatura. Durarían cuatro años en sus funciones y podían ser elegidos. La entidad fue intervenida en 2000, durante la administración de Julio Miranda.
Instituto de Previsión y Seguridad Social
En 1993, por ley 6.446 se fija que sería conducido por un directorio compuesto por un presidente, un vicepresidente y tres vocales. El presidente, el vicepresidente y un vocal son designados por el Poder’ Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura. Los otros dos vocales representarán: uno a los empleados en actividad y uno al sector pasivo, los que serán elegidos por el voto directo y secreto de los afiliados al Instituto. Se encuentra intervenido desde 1991, por decisión del interventor Julio César Aráoz.
