CARACAS, Venezuela.- Venezuela arranca hoy un nuevo capítulo en su historia política, con dos parlamentos pugnando por representar el poder legislativo. El chavismo defiende su derecho a renovar la Asamblea Nacional tras las elecciones de diciembre y la oposición a Nicolás Maduro sostiene que, tras el “fraude” electoral, solo cabe la prórroga de la legislatura.
La actual Asamblea Nacional parte de los comicios del 6 de diciembre de 2015, en los que la oposición se hizo con la victoria frente a las fuerzas leales a Maduro.
El chavismo reconoció su derrota, pero se sirvió de otros instrumentos, principalmente el Tribunal Supremo de Justicia, para anular “de facto” a los diputados.
Así, la Asamblea fue declarada en desacato y el gobierno promovió una Asamblea Nacional Constituyente que reafirmaba a Maduro en el Ejecutivo. El Parlamento opositor siguió reivindicándose como poder legítimo, dentro y fuera del país.
Este alegato en aras de la legitimidad se hizo palpable tras las elecciones presidenciales de 2018, en las que los principales partidos opositores a Maduro rechazaron participar por considerar que no había garantías de transparencia y justicia. También parte de la comunidad internacional vio con recelo dicha cita electoral.
Ni la oposición ni los gobiernos internacionales que rechazaron los comicios presidenciales reconocieron el mandato que Maduro dio por comenzado en enero de 2019, lo que se tradujo en la autoproclamación de Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional, como 'presidente encargado' del país. Estados Unidos fue el primer país en darle su apoyo públicamente y después siguieron más de medio centenar de gobiernos, incluido el de España.
El escenario político apenas ha cambiado en los últimos años, de forma que Maduro sigue controlando Venezuela a nivel administrativo y Guaidó perdió el empuje inicial, desgastado en parte por la aparición de grietas entre los movimientos de la oposición.
La mayoría de los grupos coincidieron en rechazar las elecciones del 6 de diciembre, de nuevo por considerar que el chavismo había diseñado una cita a su medida gracias a su control del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la persecución reiterada de la oposición.
El Gobierno rechazó incluso una propuesta de la Unión Europea para aplazar los comicios, manteniendo que el 5 de enero de 2021 era la fecha en la que debía concluir el mandato de los actuales diputados y comenzar una nueva legislatura. Como estaba previsto, el chavismo, aglutinado en el Gran Polo Patriótico, obtuvo una holgada mayoría y se hizo con 253 de los 277 escaños en juego.
“Ese circo que pretende montar la dictadura no va a ser reconocido”, insistió este fin de semana Guaidó, que defiende la prorroga de la Asamblea Nacional hasta que haya elecciones “libres”. El Parlamento aprobó el 26 de diciembre un texto con el que precisamente quería dar armazón jurídico a esta continuidad constitucional.
Guaidó sostiene que esta continuidad no es un capricho y tanto él como su entorno político defienden que su objetivo no es el poder por el poder, sino promover una transición que ponga fin a la “usurpación”, como describen a la actual etapa de Maduro en el poder.
El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, compartió en Twitter una imagen del Palacio Federal Legislativo con la que quiere hacer ver que, pese a las críticas, el hemiciclo está ya listo para la toma de posesión de los 277 nuevos representantes -110 más que en la actual legislatura-.
Guaidó cimenta su estatus en el respaldo de parte de la comunidad internacional. Tanto él como su entorno consideran que no hay razones que justifiquen no seguir reconociendo a la Asamblea Nacional saliente. El representante de Guaidó en España, Antonio Ecarri, considera que no tiene sentido cambiar de criterio a estas alturas para reconocer una “asamblea fraudulenta”. (DPA)
