31 Diciembre 2020
DESOLADO. Los denunciantes llegaron a pagar unos U$S 30.000 para participar del complejo comercial.
Nahuel Toledo
LA GACETA
En Lomas de Tafí, el reclamo de un grupo de personas contra una empresa tiene vínculo directo con una situación que repercute en el ámbito estatal. El Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) también dice ser víctima de la firma en cuestión.
En 2014 debería haber abierto sus puertas un centro comercial en el megaemprendimiento, pero eso nunca sucedió. Las obras iniciadas en 2013 están deterioradas y abandonadas. En el lugar debían edificarse 60 locales comerciales.
Una veintena de personas que hicieron aportes se sienten estafadas y desamparadas. “Nadie nos da una respuesta y el tiempo sigue pasando”, dijo Juan Carlos de Frutos a LA GACETA.
En su momento, los damnificados subcontrataron con la empresa Avercon por la tenencia de los locales y llegaron a pagar, a valores actuales, unos U$S 30.000. “No tenemos respuestas de nadie. Llegaron a decirnos que podríamos tomar posesión del lugar porque en el contrato se fija que el comerciante debía terminar los locales”, enfatizó otra de las denunciantes.
Ante la ausencia de respuestas por parte de la empresa, algunos también recurrieron a la Justicia, pero las respuestas tampoco aparecieron.
Consultada por lo sucedido, la interventora del Ipvdu, Stella Maris Córdoba, relató que la entidad entregó, en el año 2013, a la firma Avercon una concesión por 40 años para el desarrollo de este establecimiento comercial. Ese documento prohibía expresamente a la empresa contratar con terceros o concesionar los locales.
“Los términos del convenio no fueron cumplidos y por eso el Instituto rescindió contrato en julio de 2019. Los titulares de la empresa recurrieron la decisión y presentaron un recurso de reconsideración, pero nosotros la rechazamos con una resolución, en octubre de 2020”, detalló la funcionaria.
En relación a esto, sostuvo que durante estos años la empresa constructora presentó notas pidiendo autorización para subarrendar los locales, pero nunca se los autorizó.
A raíz del reclamo de los damnificados, la encargada del Ipvdu se reunió con ellos la semana pasada y conversaron sobre lo sucedido. “Su convenio no está vinculado al organismo, nosotros no tuvimos un rol activo”, dijo Córdoba, y agregó: “tanto las personas que dicen haber sido estafadas, como nosotros fuimos víctimas porque la firma nunca cumplió con lo previsto en el convenio”, enfatizó.
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