Los docentes privados festejan una batalla ganada en su lucha para que se les reconozca el incremento salarial, dispuesto por la Nación para los trabajadores privados. La Corte Suprema de la Nación rechazó un recurso de queja interpuesto por el Ministerio de Educación de la Nación con lo que "ya no quedan dudas del derecho que les asiste a los docentes privados a percibir este incremento", indicó la secretaria gremial de Sadop, Liliana Rojas. "Además, con esto se agotan todos los pasos legales, ya no queda ninguna instancia", añadió.
La aplicación de los decretos dictados desde julio de 2002 implica un incremento de $ 224 en el sueldo básico docente y el pago de $ 50 como suma no remunerativa. En total la deuda asciende a $ 5.000 por docente.
"En un juicio de Sadop contra el Ministerio de Educación de la Nación -Consejo Gremial de Enseñanza Privada- planteamos la inconstitucionalidad de la resolución Nº 1884 que negaba a los docentes el derecho al cobro de los incrementos salariales dispuestos por el PE desde julio de 2002. El Ministerio de Educación interpuso el mencionado recurso de queja, y ahora la Corte Suprema lo rechaza dándole la razón a Sadop", explicó la dirigente.
En Consudec se sostiene que el aumento de salarios en estos términos es impracticable. "Es matemática pura. Con un aumento desmesurado de los sueldos y una cuota que el Gobierno no permite aumentar tendremos más gastos que lo que podemos recaudar y muchos colegios tendrán que cerrar", afirmó el padre Miguel Galland, vicario para la Fe y la Educación del arzobispado de Tucumán. El sacerdote sostuvo que el aumento de los aportes estatales a los colegios no es solución. "Sólo podrían dar el aumento los establecimientos subvencionados, que no llegan al 50% del total. Pero ni aun así los colegios son rentables, como muchos creen; se vive al día porque la situación no permite otra cosa", aseguró.