SE PRESUME INOCENTE. Valladares pidió que se archiven las actuaciones. LA GACETA / FRANCO VERA
El secretario judicial Fernando Valladares quiere que se dé por concluida la investigación administrativa sobre su actuación en la denuncia del juez de Impugnación Enrique Pedicone contra el vocal Daniel Leiva.
El funcionario redactó el acta del 28 de julio según la cual el miembro del alto tribunal citó al entonces camarista al bar Ohana para que dialogaran antes de la audiencia de las 10, que Pedicone había convocado en el marco de la denuncia por presunto abuso sexual y corrupción contra el legislador Ricardo Bussi. En esa charla, como se sabe, Pedicone sostiene que Leiva le pidió que “maneje las intensidades” del caso, según el opositor se comportase más o menos funcional al oficialismo. El documento de Valladares también da cuenta del regreso de Pedicone.
El juez denunciante aportó esa acta como respaldo de la denuncia que presentó contra el miembro del alto tribunal el 1 de septiembre. Pero el 4, el propio Valladares se presentó ante el Ministerio Público Fiscal y aseguró en una presentación ante la Justicia que fue obligado por el ex camarista a redactar el escrito; afirmó que nunca escuchó los audios a los que se refiere el documento que firmó; subrayó que en realidad Pedicone le dictó los textos; y manifestó que obró de esa forma por “temor reverencial” hacia su superior.
Frente a esta circunstancia, el Colegio de Abogados de la Capital, por un lado, y la gremialista judicial Alejandra Martínez Romero, con el patrocinio del abogado Gustavo Morales, por otro, promovieron sendos pedidos de apertura de un sumario administrativo. La dirigente de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, inclusive, reclamó la cesantía del fedatario.
Oficios
La Justicia le corrió traslado de estas denuncias a Valladares, quien se defendió manifestando no haber incurrido en ninguna falta administrativa. Sostuvo que no se encuentra en condiciones físicas ni psíquicas para afrontar un descargo y agregó que existe un proceso penal (el que se inició a partir de la denuncia de Pedicone en contra de Leiva) “en el que se dilucidarán los interrogantes”. Por ello, solicitó que se archivaran las actuaciones de superintendencia.
En simultáneo, la Justicia desplegó todo un procedimiento para comprobar la existencia del acta en cuestión. El documento (al igual que el dispositivo electrónico -un iPod- con el cual Pedicone asevera haber grabado a Leiva) se encuentra despositado por el juez denunciante en la escribanía de la notaria María Cecilia Aragón, por lo que a través de la Fiscalía Conclusional especializada en Delitos Complejos se solicitó copia certificada del instrumento refrendado por Valladares.
“De lo solicitado por los denunciantes, sin perjuicio de que no acreditan el interés o el perjuicio ocasionado por el acta en cuestión, debe decirse que no se advierten cuáles serían las faltas administrativas mencionadas”, consigna en su informe la relatora de la Corte Suprema Fátima Raquel Alzabé.
“En efecto, no consta en las actuaciones de qué modo el funcionario se retractó del acta realizada, ni las circunstancias de modo y lugar en que ello supuestamente tuvo lugar, por lo cual lo denunciado carece de sustento fáctico en esta instancia de las actuaciones”, subraya en las actuaciones que elevó al alto tribunal provincial.
Sin embargo, Alzabé no dio por terminado el expediente. “Previo a emitir opinión respecto de la posible responsabilidad funcional y disciplinaria del secretario Valladares, considero que se libre oficio a Mesa de Entradas Penal a fin de que se informe si existe registro de causa penal relacionada al funcionario”, planteó.
Aunque se trata de un procedimiento de rigor (Alzabé también recomendó librar un oficio a la Fiscalía Conclusional especializada en Delitos Complejos para que le informasen si había actuaciones relacionadas con el acta labrada por el fedatario), lo cierto es que la consulta a la Mesa de Entradas Penal sí generó una novedad. Surgió que Valladares “registra como antecedente” una denuncia en un presunto caso de violencia doméstica, que data de 1993.
El informe que consigna ese “antecedente” fue emitido el 2 de diciembre. El final del sumario administrativo sigue abierto.
