Por Daniel Salvador
15 Diciembre 2020
EN UN PATIO EXTENSO. Los ocupantes dialogaron con nuestro diario, y dieron a conocer nuevas situaciones. LA GACETA / ANALÍA JARAMILLO
Los ocupantes de las instalaciones de una ex fábrica citrícola, en La Mago, esperaron ayer en vano la visita de alguna autoridad provincial o referente político para que atienda sus necesidades y planteos. Esta es la realidad con la que se enfrentan más de 40 familias (unas 150 personas entre chicos y mayores), y esa orfandad repercutió en el ánimo de quienes creían que ponían obtener “algo” a partir de la visibilización del drama social que atraviesan tras la publicación del lunes de nuestro diario.
La esperanza “se les acortó”, duró poco tiempo, y ahora recuerdan que el propietario, el cultivador y productor citrícola, Juan Carlos Morales, no cumplió aún la promesa de regresar al predio con “una oferta” -sería dinero- para un pacífico desalojo.
“La verdad es que dentro de todo estamos tranquilos acá, a pesar de que no tenemos agua ni luz, y hay que pedirle los baños a los vecinos”, apunta Irma Díaz (56 años), una de las voces que más resuena en el inmenso “patio” en que se convirtió un galpón que quedó sin techo, fruto del vandalismo.
Agrega que sería “bueno” que pudieran darle un terreno fiscal, “aunque sea chico”, para poner una casilla y vivir “sola” con su esposo que está enfermo -y sin trabajo-, y sus 4 hijos mayores. “Aceptaría (un resarcimiento) por haber limpiado y cuidado el lugar en estos dos meses; si es así, me voy sin problemas; me vendrían bien esa ayuda para pasar las fiestas”, agregó .
Acuerdo
Al respecto, Giselle Villafañe (34), recuerda que cuando Morales estuvo en el predio, les había ofrecido $ 20.000 para desalojar, pero que muchos lo rechazaron y hasta le pedían $ 60.000.
“Él fue quien prometió volver un viernes, pero nunca más apareció”. Apunta como dato nuevo, que después de esa visita se reunieron todos los ocupantes y estuvieron de acuerdo en aceptar aquella propuesta de $ 20.000.
Ahí fue que se sumó Carlos Zerda (34, tiene esposa y 1 hijo), con otra historia. “Mire; yo vivo a la vuelta, en la Rondeau al 4.000, con mis padres, 8 hermanos, dos nietos y dos cuñadas. Todos en tres habitaciones. Yo duermo en el piso, y si el dueño nos da esa plata, lo primero que haré será salir a comprarme una cucheta”.
Los más desanimados son los jóvenes. Sienten que al hablarles de que se tramita el desalojo se esfuman sus esperanza de reclamar un espacio para vivir. Como Rocío Castillo (16) -está embarazada- y su novio, o Cecilia Giménez (23) con su esposo y la nena de 3 años. También lo sienten Abril Sánchez (21, tiene un varón de 3) y Yesica Peñalva (20 madre soltera de un chico de 2 años).
Mientras, comparten un mate y todos sin barbijos confiados en que sólo tres personas tuvieron covid-19 en un conglomerado urbano de más de 500 personas, salpican la conversación con preguntas y relatos de situaciones que vivieron durante el mes y medio de la usurpación.
“Es mentira que nos apadrina un político”, lanza Noelia, y se acopla Irma para añadir que “esta movida la manejamos nosotros porque esto era tierra de nadie y abundaban los drogadictos”.
Jessica Díaz (32, y 4 hijos menores), asiente con la cabeza algunas afirmaciones de sus “vecinos”, y recuerda que su argumento para ocupar el predio es similar al de Zerda: el hacinamiento. Vive con su madre, once hermanos y los 13 nietos. Todas estas personas conviven en una casa de tres habitaciones.
“No creo en la covid; tengo barbijo pero no lo uso. En cuanto al desalojo, vamos a esperar que nos acerquen una solución a la falta de viviendas”. Ella no opinó sobre la posibilidad de cobrar un dinero para salir.
En otro lugar del predio, entre los vecinos del primer sector, hay quienes ya rechazaron la oferta original de Morales, como Claudio Robles (44) y Sergio Romero (24) y apuntaron a LA GACETA que no quieren plata, sino una posesión en un terreno fiscal para erigir sus viviendas.
Consultados si tenían temor al desalojo, indicaron que no. Que alguien del Gobierno tiene que escuchar al menos sus necesidades, que por otro lado se acrecentaron por la pandemia, afirman. Las jóvenes ponen el acento en que “la esperanza es lo último que se pierde”.
El fiscal
Consultado si había recibido instrucciones para intervenir en este caso, el fiscal de Estado provincial, Federico Nazur, dijo que no. Explicó que se trata de la usurpación de un inmueble privado, cuyo conflicto se termina de dirimir en la Justicia.
Agregó que la fiscalía del Gobierno local interviene cuando se trata de ocupaciones ilegales de terrenos fiscales de la Provincia. Remarcó que no ocurre lo mismo cuando se trata de casos en tierras que pertenecen a las municipalidades y a la Nación.
Mientras, allegados al propietario del inmueble de La Mago, aseguran que tras la denuncia, se gestiona en la Justicia el desalojo.
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