“Fuimos incapaces de generar los anticuerpos para corregir los desvíos institucionales”

“La Corte Suprema de Justicia de Tucumán, ahora, es como un erizo”, compara el abogado Benito Carlos Garzón. En el cotejo, él explica que el puercoespín está tan lleno de espinas “que no se sabe por dónde agarrarlo”. El máximo estrado tucumano, en ese parangón, está tan hincado de internas, escándalos y rencillas (metafóricamente, púas) que se ha convertido, al decir del letrado tucumano, en un organismo inabordable. No se sabe por dónde encarar su actual situación. Ni mucho menos una salida para su atolladero institucional. Especialmente, tras la denuncia del juez de Impugnación Enrique Pedicone contra el vocal de la Corte Daniel Leiva por presunto tráfico de influencias, coacción y violación de los deberes de funcionario público. Y, sobre todo, después de sus derivaciones.

Pedicone sostiene que Leiva, presuntamente, le pidió que “maneje la intensidad” de la causa contra el legislador Ricardo Bussi, según el opositor sea o no funcional al oficialismo. Y asevera que grabó esa conversación. LA GACETA publicó esos audios el 6 de septiembre. Leiva negó la existencia de ese diálogo, dijo que las grabaciones son “fabricadas y editadas” y acusó al ex camarista penal de “armar” una denuncia para distraer la atención del hecho de que dictaminó el cese de prisión para un centenar de imputados por delitos graves. Seis pedidos de destitución se plantearon contra Leiva y todos fueron archivados. Siete se formularon contra Pedicone: todos fueron admitidos y él enfrenta hoy un proceso de destitución ante el Jurado de Enjuiciamiento.

Actualmente, tres planteos del juez denunciante se acumulan en la Corte. En octubre, Pedicone interpuso un “per saltum” para que se revea el fallo del juez Juan Francisco Pisa que le niega rol de querellante y ordena instruir la causa contra Leiva con el anterior Código Procesal Penal, secreto y escrito. Tres vocales se excusaron (Leiva, Antonio Estofán y Eleonora Rodríguez Campos) y los otros dos (Claudia Sbdar -presidenta- y Daniel Posse) fueron recusados por Leiva. En noviembre, llegó un recurso de amparo para anular la acusación de la comisión de Juicio Político de la Legislatura, a la que Pedicone acusa de no ser imparcial. Y este mes promovió una acción de inconstitucional contra el Jurado de Enjuiciamiento. En este último caso ya se habría excusado Estofán.

Garzón ha sido testigo directo de 83 años de historia tucumana. Y ha sido protagonista en diversas instituciones, en numerosos momentos de la convulsionada segunda mitad del siglo XX. En su etapa de alumno de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT fue presidente del centro de estudiantes, primero, y titular de la Federación Universitaria de Tucumán, después. Durante dos períodos, además, fue miembro del Consejo Directivo de la unidad académica. Y luego, también, representante ante el Consejo Superior de la UNT. Egresó en 1962, año en que se instituyó la medalla de oro al mejor promedio: él recibió la primera.

Ideológicamente, se ubicó en la izquierda. A los 23 años, en 1960, viajó como representante de los estudiantes a Cuba, donde el recién asumido gobierno (la Revolución Cubana se había dado el año anterior) mostró sus programas. Conoció a Fidel y a Raúl Castro y a Ernesto “Che” Guevara, y su comitiva fue llevada a recorrer la Sierra Maestra junto con varios líderes revolucionarios de América Latina. “Cuando regresamos, en la escala en Brasil, la Policía Militar nos filmó en el aeropuerto de Río de Janeiro”, relata todavía con gesto de sorpresa. Terminó de comprender las razones un año después: el 16 de abril de 1961, Fidel declaraba el carácter socialista del proceso cubano, en las honras fúnebres de las primeras víctimas de la fallida invasión de Bahía de Cochinos, en su discurso frente al cementerio de Colón.

“Las autoridades argentinas, ya con el gobierno de facto, nos colocaron entre los sospechosos de pertenecer a algún grupo subversivo. Esa situación motivó que, sin prueba ni justificación alguna, me considerasen ‘sujeto disolvente’. Nos echaron de nuestra cátedra en la Facultad de Derecho a mí y a muchos. Sólo cuando retornó la democracia, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, pude concursar en la Cátedra B de Derecho Constitucional”, rememora, no sin amargura.

Desde todos esos miradores Garzón ha podido contemplar las diferentes perspectivas y las sucesivas evoluciones e interrupciones de la institucionalidad provincial. Y en el compendio de todas esas miradas y de todas esas experiencias expresa, resuelta y dolorosamente, que la crisis por la que atraviesa hoy la Justicia tucumana es, para él, una situación nunca vista.

- Frente a su mirada crítica sobre el Poder Judicial, ¿rescata alguna conducción tribunalicia como una suerte de “modelo”, aunque más no fuere para su época?

- Sí, completamente: la Corte Suprema de Justicia que encabezaba Ramón Adrián Araujo, entre 1973 (con el retorno del peronismo tras la proscripción que se inicia con el golpe de 1955). ¿Qué reproche le hicimos a Araujo? Que controlaba hasta el horario de ingreso de los jueces a sus despachos, lo cual se consideraba un exceso en aquel momento. Era tal la jerarquía de Araujo que tras el golpe de estado de 1976, Antonio Domingo Bussi le ofrece que continúe en el cargo, pero él declinó el ofrecimiento porque se declaró fiel a su mandato constitucional. Ese es un ejemplo que deja secuelas. Era un hombre recto. Serio. Y duro. Y en el Senado de la Nación tuvo una actuación brillante a partir de la vuelta de la democracia. (N. de la R. Ramón Araujo fue electo senador nacional por Tucumán por el peronismo en 1983 y era vicepresidente de la Cámara Alta cuando falleció, repentinamente, en 1985)

- Casi medio siglo después de aquella Corte, y después de casi cuatro décadas de democracia, ¿cuál es el balance?

- Cuando vemos aquello y después vemos esto, lo único a lo que nos queda es una situación de alarma y de descreimiento. Hay mucha desazón. Yo siento mucha desazón. Sobre todo porque la crisis del Poder Judicial se debe exclusivamente a una situación política. Es la política la que ha copado el Ministerio Público Fiscal (N. de la R.: su titular es Edmundo Jiménez, quien fuera ministro de Gobierno y Justicia durante las tres gobernaciones de José Alperovich). Y es la política la que ha copado a la Corte Suprema, mediante la consagración como vocales de tres ex fiscales de Estado de la Casa de Gobierno (N. de la R.: son Estofán, Leiva y Rodríguez Campos). Cuando la política interviene abiertamente en la Justicia, la Justicia desaparece.

- ¿No hay anticuerpos institucionales para revertir esta situación que usted describe?

- Es una batalla dura. Y, honestamente, yo veo que sólo está dándola la prensa independiente. No la está librando la oposición. Ni mucho menos la mayoría de las instituciones intermedias. Acaso el Colegio de Abogados, pero yo lo veo respondiendo a medias. Tal vez se deba que se encuentra en pleno proceso de elecciones (N. de la R.: los comicios de renovación parcial de la conducción de la asociación profesional se realizará el próximo jueves). Pero no veo que haya acompañamiento institucional. Hoy más que nunca, el espejo de la república es la prensa.

- ¿Cuán gravosa es la situación institucional de la Justicia tucumana?

- No he visto un ciclo como este en 60 años. Cuando se produce el retorno de la democracia, resulté electo como vicepresidente del Colegio de Abogados de la Capital y la actuación de (Carlos Alberto) Rodríguez Marañón como presidente de la Corte Suprema de la provincia era impresentable. La situación era tan insostenible que yo, junto con varios miembros de la comisión directiva (de la asociación profesional) decidimos que había que pedir institucionalmente su renuncia como vocal. Sometimos el planteo a votación y perdimos por un voto: se impuso la moción de pedir la dimisión de todos los miembros del alto tribunal, lo cual era sencillamente imposible. Esa imposibilidad se verificó en cuestión de horas: al día siguiente, el gobernador (Fernando) Riera regresó de un viaje a Buenos Aires y manifestó que ratificaba su confianza en los miembros de la Corte. Fue un desgaste por nada: solamente conseguí que (René Mario) Goane me retirase el saludo para siempre. Pero ni aún entonces se veía una situación como la actual.

- ¿Cuáles son las alternativas?

- Que yo vea, una de las salidas, y lo digo no sin dolor, es la intervención federal al Poder Judicial de Tucumán. Leí en LA GACETA que eso mismo ha planteado el diputado nacional José Cano (UCR). Su proyecto me parece, desde el punto de vista constitucional, perfectamente viable. Adelanto, eso sí, que en el actual Congreso de la Nación me parece una propuesta impracticable. Con la cantidad de diputados con que cuenta el oficialismo en la Cámara Baja, y con la mayoría propia de que dispone en la Cámara Alta, creo que la propuesta tiene nulas posibilidades. Se van a encender alertas, pero no creo que se vote una intervención federal. En el terreno de las sugerencias y de las expectativas, no dejo de pensar que una división del poder político, producto de que estallara una interna, podría ser bueno para el Poder Judicial. Pero ni siquiera eso repercutiría en el Ministerio Público Fiscal: Jiménez ha construido ahí una cúpula difícil de expugnar.

- Si el poder político ha “copado” el Poder Judicial, como usted interpreta, ¿qué sistema de gobierno tenemos hoy en Tucumán?

- Nuestra Constitución provincial tampoco engendra remedios. Así que esto se parece más a una autocracia disfrazada de constitucionalismo. Y en eso radica buena parte de la desazón: nunca hubiéramos creído en el retorno de la democracia que 37 años después íbamos a ser incapaces de generar los anticuerpos y las válvulas de escape imprescindibles para corregir los desvíos institucionales. Primero instrumentaron la Ley de Lemas; después crearon los acoples; y ahora el clientelismo es dueño de todas las instituciones de la provincia. Entonces, la degradación institucional de la provincia es completa. Nosotros pensábamos en otras cosas...

Garzón se jubiló hace siete años, después de dos cifras de las que se enorgullece sin vanidades: 30 años de ejercicio de la docencia, durante los que alcanzó el cargo de profesor titular por concurso de la cátedra B de Derecho Constitucional; y casi seis décadas de ejercicio liberal de la abogacía.

Con ese bagaje, mira al futuro sin concesiones. “Vamos por mal camino. Como agravante, vamos de mal en peor. Caemos en picada. Rumbo al abismo. Y no veo que vaya a haber una solución política, porque las mayorías oficialistas que nos trajeron hasta aquí son aplastantes –diagnostica-. Pero sobre todo, no avizoro ninguna salida posible con una Corte Suprema desarticulada”.