El pacto fiscal dio PASO a un clamor de gobernadores

Los constantes viajes de Juan Manzur a Buenos Aires no sólo estaban relacionados con el cierre del año financiero. También tuvieron que ver con la estrategia electoral que el presidente Alberto Fernández desplegará el año que viene, en el primer test electoral para su administración de gobierno. El gobernador tucumano asoma como uno de los promotores de la movida que, junto con sus pares, desarrollaron ayer en el asado que se sirvió en la Quinta Presidencial de Olivos, tras la firma del Consenso Fiscal 2020.

Hace un mes, Manzur había considerado prudente suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2021, aduciendo “el difícil momento sanitario y económico que vive el país”. En aquella oportunidad se mostró partidario de alcanzar consensos para evitar contagios de la covid-19 y bajar el gasto electoral (fue estimado en $ 6.000 millones), según escribió en su cuenta oficial en Twitter. Ayer, el tucumano fue otra vez una de las voces que alentó a sus pares a firmar un documento en tal sentido y con la presentación de un proyecto de ley en el Congreso. Al tratarse de una cuestión electoral, la iniciativa requiere el voto de mayoría absoluta en la Cámara Baja (129 diputados) y la mitad más uno en el Senado (37) para suspenderla. La presencia en la Rosada y luego en Olivos del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, no ha sido casual. Forma parte de la estrategia electoral que desplegan los gobernadores justicialistas.

Las PASO forman parte del régimen electoral nacional desde 2009. y se implementaron como mecanismo para la elección de candidatos a los cargos electivos del nivel nacional (ley 26.571) y se utilizaron por primera vez en las elecciones de 2011. Estos comicios permiten que los partidos y alianzas diriman de manera abierta los integrantes de sus listas de postulantes y su reglamentación establecen un mínimo de votos (1,5% del total de válidos emitidos) para que las nóminas puedan pasar a la instancia de las generales.

Un avance hacia la suspensión de las PASO implicaría un fortalecimiento del Gobierno nacional en la interna del Frente de Todos, particularmente con el ala kirchnerista. Fernández tendría más potestad para acordar con los gobernadores el armado de las listas de candidatos, porque en octubre se pondrá en juego la imagen de su gestión, que viene a los saltos por las idas y vueltas en casos polémicos. Aún más, la Casa Rosada aceleró el tratamiento de temas considerados espinosos, como el impuesto a la Riqueza o la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) para llegar al año electoral con menor exposición a la polémica pública.

Paralelamente, el avance de los gobernadores es otra clara señal hacia Horacio Rodríguez Larreta, ausente en la firma del Consenso Fiscal de ayer. El jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es el dirigente de la oposición de mejor imagen y que puede llegar a unificar la estructura no afín a la Rosada con vistas a 2023. Dos artículos del acuerdo fiscal estaban direccionados contra la gestión del alcalde porteño. Una tiene que ver con la reasignación de recursos en el marco de la transferencia de competencias, servicios o funciones no se hará con la coparticipación del conjunto de las provincias. La otra cláusula es la abstención de iniciar procesos judiciales en el próximo año, y suspender por igual término los ya iniciados, relativos al régimen de Coparticipación, a afectaciones específicas de recursos y transferencias de competencias, servicios o funciones, por hechos anteriores a la entrada en vigencia del nuevo Consenso Fiscal.

¿Cuál es el beneficio que Manzur puede llegar a obtener de tanta exposición pública en medio de las internas del frente oficialista y con la pandemia encima? La respuesta está dada en las acciones que Fernández ha desarrollado para que Tucumán obtenga más obras y recursos para salir del ahogo financiero. El Presidente habla permanentemente con el gobernador. De esas charlas, Manzur logró el aval para un financiamiento de $ 5.000 millones con los que saldará la deuda salarial con los estatales de este año. Asimismo, el Gobierno local desplegó una batería de proyectos ejecutivos en oficinas nacionales; varios de ellos serán inaugurados en el año electoral. Esto ha quedado plasmado en el proyecto de Presupuesto provincial para 2021 que prevé un incremento de casi un 220% en los gastos de capital, con una partida estimada en $ 24.300 millones. Por primera vez en casi un lustro, la obra pública tendrá una asignación de fondos superior al 10%, en plena recesión y en pandemia del coronavirus.

En el acto de ayer, el Presidente ha dicho que, con el Consenso Fiscal 2020, a los gobernadores les permitirá contar con unos $ 70.000 millones para reactivar las economías locales. De ese total, a Tucumán le corresponderían unos $ 3.500 millones, casi el equivalente a una planilla salarial neta mensual.