Qué dice el nuevo pacto fiscal Nación-provincias

Qué dice el nuevo pacto fiscal Nación-provincias

Alberto Fernández, junto a los gobernadores, durante un encuentro en septiembre del año pasado en Casa de Gobierno. Alberto Fernández, junto a los gobernadores, durante un encuentro en septiembre del año pasado en Casa de Gobierno. ARCHVO

El Gobierno nacional propondrá mañana a los gobernadores suspender las obligaciones en materia de exenciones y escalas de alícuotas máximas contempladas para los períodos fiscales 2020 y 2021 para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y las disposiciones de los Impuestos Inmobiliario, a los Sellos, aquellos que gravan la nómina salarial y a los tributos específicos. Será en el marco del Consenso Fiscal que el presidente Alberto Fernández rubrirá, en Casa Rosada, con los mandatarios provinciales, entre ellos el tucumano Juan Manzur. El acuerdo establece, además, que se definirá una estrategia para el endeudamiento responsable de las Provincias que posibilite el acceso a nuevas fuentes de financiamiento y el desarrollo de nuevos instrumentos para captar crédito en moneda doméstica, a la vez que se mantenga como eje la sostenibilidad de sus deudas.

El convenio, sin embargo, tiene algunas particularidades en un momento de tensiones entre la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): se considera "imperioso reducir el nivel de litigiosidad entre el Estado Nacional y las jurisdicciones provinciales en el marco de un 2021 post-pandemia donde la recuperación de la economía será el eje central de toda política pública, resulta necesario poner en suspenso las causas judiciales vinculadas controversias derivadas del federalismo fiscal".

Entre los compromisos comunes que asumirán las partes, se establece que laa Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pondrá a disposición de las provincias las herramientas que colaboren a que todos los organismos de recaudación tributaria validen los números de claves de Identificación (CUIT/CUIL/CDI) y en ese marco devolver los resultados del proceso de análisis e incorporación de los archivos recibidos con la información sobre la titularidad de bienes inmuebles y otros bienes registrables. En otras palabras, se efectuará un cruce de datos para establecer si hay inconsistencias en lo que los contribuyentes declaran al fisco nacional respecto de los datos que posea Rentas. A su vez, las provincias remitirán una vez al año a la AFIP la información sobre la titularidad de bienes inmuebles y otros bienes registrables y su valuación, con corte al 31 de diciembre de cada año.

En el Consenso Fiscal de 2017, la Nación se había comprometido a no crear nuevos impuestos sobre el patrimonio ni incrementar las alícuotas del impuesto sobre los Bienes Personales. Sin embargo, tres años después aquella cláusula ha quedado prácticamente derogado por el reajuste que se aplicó en materia tributaria. De todas maneras, en el texto que mañana será firmado en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, se expresa que el 17 de diciembre de 2019, ante una depresión de la economía nacional que provocó un aumento significativo de la vulnerabilidad económica y social de vastos sectores de la población, resultó imprescindible introducir modificaciones a los compromisos asumidos por las provincias y la CABA.

El nuevo acuerdo, al que accedió LA GACETA, no se especifica qué se hará con el Fondo Federal Solidario (Fondo Soja), que iba a ser restituido para el financiamiento de un plan mínimo de obras públicas, tal como había sido hasta antes de su eliminación, durante la gestión anterior. En cambio, se expresa que la Nación contribuirá para mejorar la cobrabilidad del impuesto Automotor y Rodados en las provincias.

Como sucedió con los anteriores acuerdos, la Nación limita el endeudamiento en las provincias, más aún cuando está en pleno proceso de negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un nuevo entendimiento. "A partir del 31 de diciembre de 2020 y durante un año, las Provincias no podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera respecto a los valores registrados a tal fecha", se señala. No obstante, se deja aclarado que las jurisdicciones podrán tomar financiamiento de organismos internacionales para la ejecución de obras públicas.

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