Al final de su carrera, Pisa es obligado a rendir cuentas - LA GACETA Tucumán

Al final de su carrera, Pisa es obligado a rendir cuentas

Por unanimidad, la comisión de Juicio Político trasladó al juez las denuncias formuladas luego del femicidio de Tacacho. Khoder se excusó.

01 Dic 2020 varios autores
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EN LA INAUGURACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO JUDICIAL. El vicegobernador Jaldo toma el brazo del juez Pisa ante el concejal Juri, en un acto de 2018. FOTO DIEGO ARÁOZ

Peligra el acceso a la jubilación con el beneficio del 82% móvil para uno de los jueces más controvertidos del Poder Judicial de Tucumán, Juan Francisco Pisa. Sucede que ayer la comisión de Juicio Político de la Legislatura decidió por unanimidad trasladar a Pisa los siete pedidos de destitución que originó su decisión de sobreseer al femicida de Paola Tacacho, Mauricio Parada Parejas. Zacarías Khoder, el justicialista que preside el cuerpo, se excusó de resolver por enfrentar una causa penal radicada en el juzgado del funcionario denunciado, quien en virtud de la Ley 8.734 dispone de 15 días hábiles para contestar las impugnaciones, término que, por los feriados de diciembre, vencería a fines de este mes. En el supuesto de que los legisladores consideraran que existen motivos para solicitar la expulsión del juez ante el Jurado de Enjuiciamiento y que este órgano así lo decidiese, Pisa perdería el derecho a un haber previsional que en su caso superaría los $ 300.000 mensuales.

Aunque se estrechan las posibilidades de que el gobernador Juan Manzur acepte la dimisión condicionada al otorgamiento de la jubilación presentada el 15 de octubre, 15 días antes del crimen de Tacacho, el juez denunciado aún puede detener el procedimiento en trámite en Juicio Político: el límite para que la admisión de la dimisión por parte del jefe de Estado clausure las actuaciones es la decisión de activar la intervención del Jurado, definición que recién llegaría en febrero de 2021. Pero la realidad es que este lunes, un mes exacto después del femicidio, los legisladores oficialistas y opositores incrementaron la presión sobre Pisa para que rinda cuentas y sobre Manzur para que se abstenga de impedirlo. José María Canelada (UCR), uno de los legisladores que denunció al integrante del Poder Judicial, exigió al gobernador que no interfiera en el camino que abrió Juicio Político.

Las planteos llevan la firma de Canelada; de la estudiante Rosa Noelia Barros; de la Fundación Mujeres x Mujeres representada por Soledad Deza y Agustina Lasquera; de la activista antitrata Susana Trimarco y del abogado Carlos Garmendia por la Fundación María de los Ángeles; del legislador Raúl Albarracín (Partido por la Justicia Social); de 11 mujeres integrantes de gremios (Sindicato de Trabajadores Judiciales), organizaciones de derechos humanos (Cladem) y partidos de izquierda (Movimiento Socialista de los Trabajadores, Partido Obrero Tendencia y Partido de los Trabajadores Socialistas), y de Romina Dip. Con matices, todos estos planteos reprochan a Pisa el haber impedido el juzgamiento de Parada Parejas por la violación de restricciones de acercamiento dictadas en favor de Tacacho.

Los once legisladores en condiciones de votar coincidieron en que era necesario que, por primera vez en una carrera plagada de cuestionamientos, Pisa rindiera cuentas sobre su proceder, en esta ocasión respecto de uno de los 13 procesos que Tacacho inició contra Parada Parejas, quien se quitó la vida luego de apuñalar a la profesora de Inglés oriunda de Salta. Se inclinaron por esta posición los oficialistas Sergio Mansilla, Adriana Najar, Graciela Gutiérrez, Mariela Reyes Elías, Gonzalo Monteros, Renée Ramírez, Enrique Bethencourt y Carlos Gómez; el alperovichista Julio Silman; Raúl Pellegrini (Partido por la Justicia Social) y Mario Casali (Fuerza Republicana). Por la tarde el presidente Khoder explicó que él se apartó porque enfrenta un requerimiento de elevación a juicio por supuestos manejos irregulares de fondos públicos firmado por el fiscal Claudio Bonari en el despacho de Pisa, quien hoy está a cargo de una de las dos unidades de Instrucción de causas del antiguo sistema procesal penal jubilado el 31 de agosto. En ese ámbito, el juez recibió la denuncia explosiva que el juez Enrique Pedicone interpuso el 1 de septiembre contra Daniel Leiva, vocal de la Corte de Tucumán. Pisa emitió al menos tres decisiones -aún en discusión- favorables al denunciado: dispuso la aplicación del régimen escrito y cerrado del viejo Código; denegó los roles de querellantes y excluyó los audios grabados para sustentar la imputación de que Leiva había pedido, mediante la invocación de los nombres del gobernador y del vicegobernador Osvaldo Jaldo, el “manejo de las intensidades” de un caso del legislador Ricardo Bussi (Fuerza Republicana).

La decisión de exigir explicaciones a Pisa produjo una situación inédita de acumulación de procedimientos de destitución puesto que el 18 de noviembre la comisión de Juicio Político resolvió con los votos de los nueve peronistas y del integrante alperovichista acusar a Pedicone ante el Jurado por hechos expuestos a posteriori de que aquel denunciara a Leiva. El 5 de octubre, y con las disidencias de Pellegrini y de Casali, Juicio Político rechazó los seis pedidos de destitución incoados contra el vocal de la Corte Suprema.

Mansilla dirigió la reunión: los legisladores de Juicio Político decidieron acumular las denuncias

Además de resolver que correspondía correr traslado al juez Juan Francisco Pisa de las siete impugnaciones presentadas contra su proceder en uno de los 13 procesos penales promovidos por la víctima Paola Tacacho, los legisladores de la comisión de Juicio Político decidieron acumular las denuncias de mal desempeño en un solo documento. Estas disposiciones ocurrieron en la reunión que el comité mantuvo ayer y que encabezó el legislador oficialista Sergio Mansilla por la excusación del presidente de la comisión, el también peronista Zacarías Khoder.

Auditoría pendiente: la Corte Suprema aguarda una respuesta del ministro público fiscal interino Noguera

La noticia de que Juan Francisco Pisa debe rendir cuentas respecto de su actuación en una causa instada por Paola Tacacho tiene un gran impacto en el Poder Judicial puesto que el mismo criterio podría ser aplicado a los otros jueces y fiscales que manejaron las restantes 12 denuncias penales que formuló la víctima. Esos nombres, que se desconocen, deberían surgir del informe que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán requirió el 11 de noviembre a Alejandro Noguera, ministro público fiscal subrogante, en el contexto de la ampliación de una auditoría ordenada por la presidenta Claudia Sbdar.

“Mensaje para Manzur”: “El gobernador no puede desoír lo que resolvieron los legisladores”, dijo Canelada

El legislador José María Canelada (UCR), uno de los denunciantes del juez Juan Francisco Pisa, celebró la decisión de la comisión de Juicio Político y exigió al gobernador Juan Manzur que no interfiera en el procedimiento de destitución. “Es un mensaje que no puede desoír. Ahora más que nunca el mandatario debe rechazar la renuncia del juez que benefició al asesino de Paola (Tacacho). No dejar que la Legislatura avance con este proceso será pararse del lado contrario de una sociedad que exige justicia y que pide que no se premie con una jugosa jubilación al juez que actuó con desidia”, dijo Canelada.

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