Violó y embarazó a su hija; quedó libre y fue detenido por cometer otro abuso sexual

1.- Condenado, pero libre: siete meses sin que se lo enviara a prisión

En diciembre pasado fue condenado por haber abusado y dejado embarazada a su hija adolescente, pero siguió en libertad. Días antes de que se cumplieran siete meses del fallo en su contra, volvió a caer preso. Su pareja lo acusó de haber atacado sexualmente a su hijastra de nueve años y que podría haber hecho lo mismo con otros niños de la familia. El ministro Pupilar de la Defensa, Washington Navarro Dávila, pidió en la Corte Suprema de Justicia que se investigue por qué el abusador, de 46 años, se encontraba en libertad cuando se produjo el segundo hecho. Para entender el complejo caso, que generó un tembladeral en el Poder Judicial, se lo describe por partes:

2.- El primer ataque: fue denunciado en 2013

La adolescente de 16 años, después de siete años de silencio, tomó valor y contó el infierno que había vivido todo ese tiempo. Lo hizo ante un asistente social de la Dirección de Infancia, Niñez y Adolescencia y Familia (Dinayf). Así se supo que la joven le había contado a su madre que el padre, cuando tenía 14 años, comenzó a tocarle sus partes íntimas cuando ni ella ni sus hermanos estaban en su casa de un barrio de Banda del Río Salí. Los funcionarios de esa oficina presentaron la denuncia en la Justicia el 7 de junio de 2013 y ella declaró en sede judicial. Luego relató que en febrero de 2011, cuando tenía 16 y después de haber festejado su cumpleaños, el acusado ingresó a su habitación y abusó de ella. Por ese ataque sexual quedó embarazada y dio a luz una niña en noviembre de 2011.

La madre, al declarar en la Justicia, dijo que se había enterado por su hija de lo que había sucedido. “La testigo relató los detalles de la conversación mantenida con su hija explicando que había enfrentado a su pareja, aceptando este lo ocurrido, minimizando lo sucedido, al mencionar que había sido esa la única vez. De igual manera, la testigo explicó que no había efectuado la denuncia por miedo a revictimizar a su hija”, se puede leer en uno de los documentos que forman parte del expediente.

La causa fue investigada por la Fiscalía I de Instrucción, que en esos tiempos fue subrogada por varios funcionarios. LA GACETA no pudo establecer si el acusado (cuyo nombre se reserva para proteger a la víctima) estuvo detenido por el hecho ni si se le dictó la prisión preventiva. Sí se comprobó que se ordenaron una serie de medidas para proteger a la víctima y que en marzo de 2017 la fiscala Adriana Reynoso Cuello pidió que la causa fuera elevada a juicio. Lo acusó de abuso sexual con acceso carnal agravados por el vínculo y por la situación de convivencia preexistente. Se supo además que se hizo un estudio de ADN en el que se confirmó que el acusado era el padre de la niña que había nacido producto del ataque.

3.- juicio abreviado: nueve años de prisión

El 22 de noviembre de 2019, el fiscal de cámara Daniel Marranzino informó que el imputado había aceptado someterse a un juicio abreviado con el aval de su defensor, Adolfo Colombres. Con esta figura, el imputado no sólo asumía la culpabilidad de los hechos, sino que aceptaba que se le aplique una pena de nueve años y seis meses (el código establece una pena máxima de 20 años para el delito del que había sido acusado).

El planteo fue atendido por la jueza de la Sala Penal VI, Stella Maris Arce, quien homologó el 10 de diciembre de 2019 el acuerdo. “Es de destacar el valor de la víctima puesto de manifiesto a lo largo de todo el proceso judicial, no sólo por animarse a denunciar lo vivido, sino por transitar con entereza su situación personal y familiar ante el delito sufrido. Felicitar ese esfuerzo con palabras muchas veces tiene a saber a poco”, señaló la magistrada en los fundamentos de la resolución. En el fallo, Arce terminó condenando a nueve años y seis meses al acusado; pidió a la Dirección de Institutos Penales que le practiquen al condenado una evaluación psicológica para que sea sometido a un tratamiento psicológico; ordenó una prohibición de acercamiento a favor de la víctima y envió a Desarrollo Social a que asista a la joven para que pueda seguir estudiando y reciba todos los tratamientos necesarios. En la resolución no figura ningún punto que ordene la detención del enjuiciado -había llegado a esta instancia en libertad- y tampoco ninguna medida que estableciera cuándo debería comenzar a ejecutarse la sentencia.

4.- Segunda víctima: agresiones en el lugar de trabajo del hombre

El 6 de julio ingresó en la Fiscalía de Delitos Sexuales que conduce María del Carmen Reuter una denuncia sobre abuso sexual en contra de una niña de nueve años. Al día siguiente declara la madre de la pequeña. La mujer detalló que la víctima le había contado que su actual pareja, de 46 años, abusaba de ella desde 2018. Dijo también que los ataques se producían el Hogar Eva Perón, lugar donde trabajaba el hombre. También declaró que ella sabía que su pareja había afrontado una causa penal por abuso sexual, pero que no sabía cuál era el estado de la causa. La fiscala, ese mismo día, le pidió al juez Facundo Maggio la detención del acusado, medida que fue cumplida horas después. Los hombres de Seguridad Personal, al mando del subcomisario Julián López, lo aprehendieron. El 8 de julio declaró ante Reuter y negó todo. Argumentó que la madre pretendía vengarse de él porque quería poner punto final a la relación y la denunció por haberle sustraído varios elementos de su domicilio. Al mismo tiempo, reconoció que tenía una causa abierta en la Sala VI, pero nunca declaró que había sido condenado en un juicio abreviado. Al saber de la situación, la fiscalía solicita el 8 de julio un informe sobre el estado del expediente que mencionó el imputado a la Sala Conclusional II, que debería entender sobre el caso al entrar en vigencia el nuevo código procesal penal. El 23 se recibió la respuesta de que el expediente estaba tramitándose en la Sala Penal VI. Ante este panorama, le enviaron un oficio informando que el hombre se encontraba detenido por otro caso de abuso. Cuatro días después, Reuter solicitó que se le dicte la prisión preventiva por seis meses. Un juez aceptó el planteo, pero dictó la medida cautelar por cuatro meses. Antes de que se vencieran los plazos, la fiscala pidió una nueva prórroga por cuatro meses, pero el jueves le dictaron un aplazamiento de dos meses más.

5.- Preguntas sin respuestas: ¿atacó a otros niños de la familia?

La investigación por el segundo hecho continuó su curso. Por los problemas psicológicos que presentaba la menor y por problemas de salud de sus familiares, varias veces se pospuso la entrevista en Cámara Gesell que se había ordenado. En un proceso de este tipo de delito, ese paso es fundamental, ya que la víctima, a través de juegos, responde por primera y única vez cómo se produjo el hecho, mientras todas las partes (incluido el acusado) la escuchan en otra habitación. La niña, según confiaron fuentes judiciales, no sólo confirmó la versión que dio su madre, sino que además dio indicios de que el acusado podría haber abusado de otros niños de la familia, por lo que se iniciaron otras investigaciones paralelas. La que fue denunciada en julio está cerca de ser elevada a juicio.

Antes de que se realizara esa medida, Reuter confirmó que el imputado trabajaba en el Hogar Eva Perón, lugar donde se encuentran niños y niñas al cuidado del Estado. Por ese motivo, en julio envió un oficio a la directora del establecimiento para que le informara desde cuándo prestaba el imputado servicio en el lugar; cuál era el trato con el resto del personal; si tenía contacto estrecho y directo con los pequeños internados; y si concurría con su hijastra al lugar.

La madre de la víctima había declarado que el acusado en un momento era celador, pero después, por alguna razón, las autoridades lo pasaron al área de mantenimiento. Por ese motivo, la fiscala también pidió copias de actas que se hayan realizado por sanciones disciplinarias u otros apercibimientos. Según fuentes judiciales, hasta el 14 de septiembre no habían respondido su pedido, por lo que envió un nuevo oficio. No trascendió si Reuter recibió las respuestas hasta la fecha.

6.- Estalla el escándalo: idas y vueltas de la causa

La defensora de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida de Banda del Río Salí, María Lorena Arquez, descubrió el caso cuando se estaba por realizar la entrevista a la última víctima. Por escrito, le informó al ministro de la Defensa sobre la situación. “De haberse dado cumplimiento efectivo con la sentencia condenatoria, quizás mi representada no hubiese sido víctima del accionar del imputado”, sostuvo en la nota.

Návarro Dávila, al enterarse de la situación, le ordenó que realice todas las averiguaciones pertinentes. La funcionaria informó lo siguiente:

- La Sala Conclusional II le informó que ese expediente no estaba registrado en su sistema.

- El fiscal de Cámara Marranzino le envió documentación sobre cómo habían sido los detalles del acuerdo al que habían arribado y la sentencia firmada por la jueza Arce.

- La Sala VI le confirmó que el expediente había sido girado al juzgado de Ejecución I, que está siendo subrogado por Ana María Iácono. Y que Arce le había solicitado un informe sobre su estado el 22 de octubre.

.- En ese juzgado le explicaron que la resolución del juicio abreviado había sido enviada vía mail el 14 de julio, ocho días después de que se denunciara al condenado por el abuso de su hijastra. Le confirmaron que fue reenviado a la Sala VI días posteriores, puesto que el condenado se encontraba en libertad porque no se había solicitado su detención oportunamente  y faltaba otra información. También explicaron que la causa volvió el 22 de octubre a esa oficina y, como sólo entonces estuvo todo en orden, se libró una orden de captura en contra del abusado. Se tomó esta medida teniendo en cuenta que al abusador se le estaban venciendo los plazos de la prisión preventiva por el segundo hecho.

- El 22 de noviembre, la defensora informó que la jueza Arce se excusó de seguir participando en la causa y que a partir de ahora debería intervenir la Sala Conclusional II.

7.- Denuncia en la Corte: investigación en el Ministerio Fiscal

Con toda la información, Návarro Dávila se presentó en una reunión de rutina de la Corte Suprema de Justicia. Allí mostró toda la documentación del caso y pidió que se realizara una investigación de manera urgente para que se determinara si hubo negligencia por parte de algún funcionario o si hay elementos para iniciar una causa judicial por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal confirmaron que el viernes se inició un expediente en la Unidad de Decisión Temprana. Su titular, Marcelo Leguizamón, deberá definir en los próximos días si corresponde iniciar una investigación penal y quién será el funcionario que tendrá a cargo esta tarea.

Los integrantes de la Corte no opinaron sobre el tema, pero fuentes consultadas insinuaron que en los próximos días podrían ordenar que se realice una investigación administrativa. Entonces definirán los pasos a seguir.