La titular del Concejo asegura que le impiden sustituir a Caliva

Las semanas previas de lo que se anticipa como la temporada estival más compleja de la historia encuentra a la Municipalidad de Tafí del Valle en una situación de incertidumbre total acerca de quién puede y debe desempeñar las funciones de gobierno. Ocurre que el intendente Francisco Caliva (PJ) informó el 6 de noviembre que había contraído la covid-19 a la presidenta del Concejo Deliberante, Sonia Saavedra (PJ opositor), y que no pudo reasumir el cargo desde entonces. Saavedra, por su parte, manifestó que el gabinete del intendente con licencia le impidió reemplazarlo como dispone la Ley 5.529. “Les pido que recapaciten: están estimulando un caos que perjudicará en primer término a los tafinistos”, expresó ayer la concejala.

Los rigores de la enfermedad obligaron a Caliva a internarse en la capital y es incierto cuándo podrá reintegrarse. “Está recuperándose muy bien”, comentó al respecto Ramona Córdoba, encargada de Prensa de la Intendencia. Córdoba gestionó una conversación con Beatriz Centeno, secretaria de Gobierno de la Municipalidad, pero esta no atendió los llamados ni respondió los mensajes. Centeno sería, según Saavedra, la funcionaria a cargo de hecho de la Intendencia y la que el 13 de noviembre la notificó que debía abstenerse de “realizar cualquier acto administrativo que sugiera el ejercicio del cargo de intendenta interina de Tafí del Valle”. Centeno comunicó a la titular del Concejo que “carecía de sustento legal” para encabezar el Departamento Ejecutivo y que su insistencia podría depararle una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública. “Según la Ley 5.529, estoy legitimada para desempeñar mis funciones como asimismo los demás miembros del gabinete por ‘orden de jerarquía superior’ y hasta tanto se apersone Caliva, como dispone el artículo 42, o se den otras de las condiciones normativas”, dijo con cita al dictamen elaborado por la directora de Asuntos Jurídicos, Ramona María Esther Villagra.

Aquella abogada interpretó que Caliva está facultado para ausentarse del Municipio y permanecer dentro del territorio por 10 días hábiles. “Cuando esta ausencia supere este plazo, recién necesitará que el Concejo le otorgue una licencia. Y en este supuesto, la Intendencia quedará a cargo de la presidenta del Concejo”, dictaminó Villagra. En una entrevista reciente con LA GACETA Play, Centeno expresó que el plazo mencionado por la directora vencía el 1 de diciembre puesto que había que sumar cinco días solicitados inicialmente por el intendente.

“Esta interpretación va en contra de los antecedentes y de la legalidad. En el pasado cada vez que el jefe municipal se ausentó, fue sustituido por quien presidía el Concejo. Centeno lo sabe porque fue concejala, y encabezó el cuerpo durante la gestión del ex intendente y legislador Jorge Yapura Astorga (PJ opositor a Caliva). Yo también lo sé porque fui secretaria de Gobierno y nunca se me ocurrió desconocer el orden de autoridades surgido del voto popular”, opinó Saavedra. Y añadió que daba a los funcionarios de Caliva hasta mañana (martes) para que cambiaran de actitud. “De lo contrario, tomaré medidas”, advirtió Saavedra.

La titular del Concejo aliada a Yapura Astorga envió un acta notarial labrada por la escribana Sara Josefina Delgado donde consta que, tras la partida de Caliva, la Municipalidad permaneció un día cerrada “por asueto” y, luego, otros dos “por desinfección”. En ese instrumento, Saavedra consignó que el artículo 40 de la Ley 5.529 la autoriza a asumir como intendenta interina por “cualquier causal” que produzca la vacancia del cargo. “No sé qué imaginan ni qué quieren ocultar, pero yo pretendo colaborar con la gestión. ¿Qué ejemplo estamos dando? Los funcionarios de Caliva faltan el respeto a la ley y a mi investidura”, acotó. Por su parte el legislador Yapura Astorga presentó un proyecto de resolución para que el ministro del Interior, Miguel Acevedo, intervenga y garantice la institucionalidad en Tafí.

El conflicto se inscribe en la cadena de desavenencias que protagonizaron los sectores políticos en pugna desde el cambio de mando de 2019, que incluyen la parálisis del Concejo y una denuncia penal fundada en una grabación donde la voz atribuida a Caliva promete toda clase de beneficios económicos a uno de los concejales del grupo de Saavedra, Juan Carlos Rivadeneira.