Una Corte anclada en la zozobra - LA GACETA Tucumán

Una Corte anclada en la zozobra

30 Nov 2020 Por Irene Benito

Las crisis recurrentes que padeció el Poder Judicial de “Trucumán” en la última década se cebaron con la Corte Suprema. La judicialización de la política y la partidización de la Justicia debilitaron la aptitud de las instancias tribunalicias inferiores para resolver los conflictos sensibles de un modo creíble y rápido. Cada vez más temprano, las disputas desafían al máximo estrado y desnudan sus flaquezas. A este contexto adverso para emitir decisiones que velozmente pacifiquen los ánimos y alivien la desconfianza hay que agregar la presión creciente de los ministerios públicos, que, como advirtió el procesalista Alberto Binder, tratan de mantener las prácticas oscurantistas a costa de lo que sea. No es casual que en medio de los estallidos que generaron la denuncia del juez Enrique Pedicone contra el vocal Daniel Leiva y la noticia del sobreseimiento del femicida de Paola Tacacho por parte del juez Juan Francisco Pisa, el jefe de los defensores oficiales, Washington Navarro Dávila, haya ventilado críticas incendiarias; reclamado respuestas; sugerido gastos anómalos y hasta amenazado con denunciar a la titular de la Corte, Claudia Sbdar.

Hace tiempo que los mensajes dejaron de ser sutiles. Días antes de la explosión de Navarro Dávila, Sbdar había recordado, con otras palabras, que los jueces no son responsables por las investigaciones asignadas a los fiscales y había convocado a “que cada quien haga lo que corresponda” para que el crimen brutal de Tacacho sea un punto de inflexión. En ese mismo comentario, la presidenta había recordado la transparencia de su organización, que difunde los actos administrativos emitidos desde 2011. Este es un punto particularmente irritante para los ministerios públicos, que enfrentan juicios y pedidos de acceso a la información por la ausencia de difusión de las erogaciones, las designaciones, los ascensos y la actividad disciplinaria.

Las diferencias se agravaron a continuación entre los propios vocales, quienes enfriaron el impulso auditor de Sbdar respecto de los procesos iniciados por Tacacho -por cierto, los resultados de las auditorías previas en el juzgado de Pisa permanecen guardados en la Corte-. La realidad es que la última fiscalización sacó poco en claro: los detalles del desastre están en el Ministerio Público Fiscal que, como apuntó Sbdar, debía comprobar las 13 imputaciones que formuló la víctima contra Mauricio Parada Parejas. Finalmente el 11 de noviembre la presidenta, y sus pares Antonio Daniel Estofán y Daniel Posse aprobaron la solicitud de copias y de datos dirigida a Alejandro Noguera, el fiscal que reemplaza a su superior, Edmundo Jiménez. Leiva y Eleonora Rodríguez Campos, quien en esta oportunidad no se excusó respecto del organismo que dirigen su tío y su hermana, Eloísa Rodríguez Campos, firmaron una petición en términos más relajados e incluyeron a Navarro Dávila.

Hoy se cumple un mes del apuñalamiento de la profesora de inglés, y no ha habido rendiciones de cuentas ni en la Legislatura, cuya comisión de Juicio Político postergó todo lo posible la definición sobre las impugnaciones contra el dimitente Pisa; ni en el Poder Ejecutivo, que se abstuvo de informar qué hará con la renuncia del juez -la pandemia otorgó a la ministra Carolina Vargas Aignasse, una política con oficio, el pretexto perfecto para evadirse de los temas candentes de su cartera-, ni en la Justicia. Ni siquiera se sabe si Noguera contestó el requerimiento que le formularon los vocales y si abrió su propia pesquisa interna. Es más o menos la misma inacción detectada en el caso espeluznante de la niña Abigail Riquel. La indignación y las responsabilidades de los funcionarios se diluyen en un cono de sombras, opacidad sistémica que el legislador justicialista Gerónimo Vargas Aignasse denomina “agujero negro de impunidad”. Son dardos que revelan la labilidad de los controles, y que impactan en la Corte porque la Constitución le confirió la superintendencia del sistema judicial, aunque la ley permita a los ministerios públicos actuar como si estuviesen por encima de ella.

A los problemas de gestión se suman los relativos al procesamiento de las causas. Mientras la mayoría peronista de la comisión de Juicio Político apuró el enjuiciamiento del desempeño de Pedicone con el objetivo de “decapitarlo” a lo Marco Avellaneda hacia febrero o marzo de 2021, los Tribunales se ocuparon de enredar el trámite de la denuncia contra Leiva hasta el punto de dejarla inerte. El “per saltum” interpuesto el 5 de octubre para revisar la sentencia de Pisa que envió el proceso al régimen cerrado y escrito del Código jubilado el 31 de agosto -por su ineficiencia estructural- carece de una Corte en condiciones de revisarlo. El más urgente de los recursos disponibles quedó bloqueado cuando Leiva manifestó que deseaba el apartamiento de Sbdar y de Posse. Es la detonación de lo elemental. Si un vocal desconfía de sus pares, ¿qué queda para el resto de la ciudadanía que está a expensas del alto tribunal?

Ni la gravedad de la recusación intentada por Leiva y de las imputaciones que formalizó Pedicone en contra de aquel ni el desprestigio de Pisa han logrado acelerar las definiciones, sino todo lo contrario. El estrado especial formado por Carlos Caramuti, Stella Maris Arce y Patricia Carugatti tuvo que reconocer esta semana que no lograba ponerse de acuerdo ni para complacer a Leiva ni para desairarlo. Este punto muerto, que coloca a la Justicia en un plano de virtual imposibilidad de juzgar, aparece también en otras actuaciones en poder de la Corte, como los sumarios promovidos contra Leiva y el secretario Fernando Valladares; la revisión de la sanción impuesta a Pedicone y los juicios que este inició para frenar su destitución en el Jurado de Enjuiciamiento. Un príncipe del foro recordaba la semana pasada que no hay peor injusticia que la que produce la mora de la magistratura. Esa siesta eterna alimenta el clima de zozobra que pintó el diputado José Cano en su proyecto para intervenir el Poder Judicial de Tucumán. No importa que los escándalos sean cada vez más violentos y lacerantes: la Corte permanece anclada allí, como si hubiese extraviado el catalejo con el que divisar la tierra firme de la credibilidad institucional y el Estado de derecho.

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