Cano propone que el Congreso intervenga la Justicia tucumana - LA GACETA Tucumán

Cano propone que el Congreso intervenga la Justicia tucumana

El diputado opositor asegura que la crisis de los Tribunales es tal que no estaría garantizada la vigencia de la Constitución Nacional.

28 Nov 2020
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EN LA CÁMARA BAJA. La propuesta del opositor prevé un interventor federal que dure un año en sus funciones. reuters (archivo)

Para garantizar la forma republicana de gobierno y la independencia de los Tribunales, el Congreso de la Nación debe declarar la intervención federal a Tucumán en su Poder Judicial. Esto ha propuesto formalmente el diputado José Cano (Juntos por el Cambio-UCR), quien argumenta que la Justicia entró en una crisis de tal magnitud que ya no estaría garantizada la vigencia de la Constitución Nacional.

El opositor fundamentó su proyecto ante la Cámara Baja en nueve antecedentes de los últimos 14 años, que a su criterio “describen la crítica situación de la Justicia” y que justificarían una nueva intervención federal en la provincia, como la dictada en 1991, aunque esta vez acotada sólo al Poder Judicial.

Si el proyecto del radical prosperase, el presidente Alberto Fernández debería designar un interventor federal, sin función judicial, pero con la potestad de remover, ratificar o suspender a los magistrados, funcionarios, agentes y empleados que integran el Poder Judicial; el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Pupilar y de la Defensa.

El interventor tendría la función de “normalizar institucionalmente” estas áreas y garantizar la observancia de los derechos y las garantías de la Carta Magna nacional.

La intervención propuesta por el diputado es de un año, prorrogable por 180 días mediante un decreto de la Casa Rosada.

Según el opositor, la situación se debe a “un largo proceso de deterioro institucional durante el cual se acentuó el avance del Ejecutivo y el Legislativo sobre el Poder Judicial”. Agregó que la “abrumadora mayoría legislativa que el partido gobernante obtiene a través del diseño de un sistema electoral fraudulento, es lo que les garantiza las mayorías requeridas para condicionar el accionar de los jueces”.

“Cuando la política entra por la puerta, la justicia huye por la ventana”, señaló Cano, citando al jurista Francesco Carrara. Luego detalló que de los cinco vocales de la Corte Suprema provincial, tres se desempeñaban antes de asumir como fiscales de Estado de la provincia: Antonio Estofán, Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos.

El radical hizo hincapié en la acusación del juez Enrique Pedicone, quien denunció que el vocal Leiva, presuntamente, le pidió, en nombre del gobernador Juan Manzur y del vicegobernador Osvaldo Jaldo, que “maneje la intensidad” de una causa contra el legislador Ricardo Bussi, por supuesta corrupción y abuso sexual, según fuese más o menos funcional al oficialismo.

También enumera el asesinato de Paulina Lebos, ocurrido en 2006, y que según Cano fue perpetrado “por allegados al poder político y fue encubierto por el Poder Judicial”; una causa contra el dirigente opositor Oscar López; el caso de Roxana Tevez; la desaparición forzada de Luis Espinoza; el crimen de la comerciante Ana Dominé; el femicidio de Paola Tacacho; las denuncias por supuesto acoso sexual contra el vocal Estofán y las denuncias del Colegio de Abogados respecto la situación actual de la Justicia.

Cano también reparó en la persecución que sufren los jueces y las voces críticas en la provincia, hecho “que es ampliamente difundido por la prensa”, que según el opositor “es uno de los pocos ámbitos que resiste la dominación oficialista”.

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