¿Y quién da el ejemplo?

19 Nov 2020 Por Indalecio Francisco Sanchez

Al menos dos batallas se libran por estos días en el Tucumán de las instituciones débiles y violentas. Una se desarrolla en el seno del propio Poder Judicial, con bravuconadas entre ministros y formas alejadas de la solemnidad que debería reinar en los distintos palacios de las leyes. La otra se desarrolla en la Legislatura, en el Concejo Deliberante y en la Casa de Gobierno entre dirigentes que se miran de reojo y apelan a artilugios de los más diversos para no hacerse cargo del escándalo narco que se habría producido en una institución del tamaño del Siprosa. En uno y otro caso, la falta de claridad echa más dudas que certezas sobre lo que acontece en los distintos poderes del Estado.

En el Judicial se desencadenó un silencioso, pero alborotado juego de intereses, que provocó una cadena de entredichos entre los palacios del pasaje Vélez Sársfield, de la avenida Sarmiento y de calle Santa Fe. Todo comenzó aquel Día de los Santos Difuntos, en que la Corte Suprema de Justicia pareció resucitar. Hizo falta que el vaso de la tolerancia social se rompiera para que ese día la titular de la Corte, Claudia Sbdar, pidiera una auditoría urgente respecto del accionar del juez Francisco Pisa en las causas relacionadas a Paola Tacacho. Si bien tardía, la medida tuvo impacto y repercutió en el Ministerio Público Fiscal con potencia. Desde la casa de los ministros del máximo tribunal habrían comenzado a observar que el MPF podría haber errado en no monitorear al cuestionado juez Pisa y ordenar, por ejemplo, que se unificaran las causas contra el femicida. Casi inmediatamente después de la primera revisión, la Corte -o más bien Sbdar- amplió el pedido de auditoría sobre Pisa y otros juzgados penales.

Es sabido que por esos lares los hombres y mujeres del fuero penal se sienten intocables y no agrada que el máximo tribunal mande “un par de pibes” (los auditores) a que revisen cómo realizan su trabajo. Luego, se amplió el pedido de informes sobre el propio ministerio. A partir de allí, desde el MPF y desde el Ministerio de la Defensa, comenzaron los dardos para la Corte -o más bien para su presidenta-. Lo cierto es que algunos de los encumbrados líderes de esos ministerios judiciales estarían interpretando que la Corte -o más bien Sbdar- estaría tratando de apuntar que lo que no estaría funcionando bien no es el Poder Judicial en su conjunto sino los que están apostados principalmente en el fuero penal.

El ministro Washington Navarro Dávila ya salió con munición gruesa a responderle a la presidenta de la Corte, de quien incluso llegó a insinuar que podría estar incurriendo en delitos de incumplimientos respecto de su cargo, dichos que enmarcan una gravedad institucional supina de ser cierto. Lo que sucede es grave.

¿Los magistrados buscan salvarse? ¿O tratan de salir a flote con un salvavidas de plomo, como el de la intervención? La pelea es vergonzosa e impropia de un poder de tal magnitud y relevancia para la sociedad.

Buenas y malas relaciones

Respecto del caso de narcotráfico que roza al Siprosa y a dirigentes políticos, el nerviosismo crece sin pausa y comienzan a aparecer detalles y acusaciones cruzadas entre otrora aliados políticos. La fuerte incidencia del legislador y titular de ATSA Renée Ramírez y del concejal José Luis Coronel en distintas áreas del Siprosa posó la vista sobre ellos en la investigación judicial. De hecho, Coronel está mencionado en la causa, aunque no está imputado de absolutamente ningún cargo. Sin embargo, los tres hasta la semana pasada empleados del sistema sanitario investigados por la Justicia aparecen en imágenes en plena campaña con ambos dirigentes.

Otro hombre del Siprosa, “Tonga” Heredia, también se sumó al baile. Cansado de que lo señalaran a él como quien hizo entrar a los presuntos narcos a la estructura del Siprosa, afirmó que ni Ramírez ni Coronel pueden desconocerlos y que estuvieron con ellos, codo a codo, en la campaña electoral. A su vez, “Tonga” fue compañero de fórmula con Ramírez en 2011, uno como líder de la lista de ediles y el otro, de legisladores. Igual fórmula compartieron el año pasado, pero esta vez Ramírez lo hizo con Coronel. Ahora todos se desconocen y ventilan detalles unos de otros. Por ejemplo, que habría que revisar la “parentela” del legislador: en el segundo lugar de la lista está su hijo, de igual nombre. A Coronel, en tanto, lo secunda la esposa del legislador. Es decir que si uno u otro dejaran el cargo por otro político o por el motivo que fuese, un pariente directo del líder de ATSA asumiría el cargo electivo.

No es el único lío en que envuelven a Ramírez. En los alrededores del Obarrio, los vecinos están en pie de guerra. ¿El motivo? Allí viven hace años en tierras ocupadas decenas de familia que ahora ATSA -según difundieron en audios y redes sociales- hace desalojar en nombre de las tierras que le cedieron al gremio. Varios dirigentes de la zona argumentan que no es de peronistas correr a la gente de terrenos fiscales para dárselo a un gremio. Lo seguidores del legislador aseguran que hay agitadores que quieren perjudicar al influyente sindicalista. Las tensiones están a flor de piel y llevan a unos y a otros a desconocer su pasado, sus contactos y sus personas cercanas en la dirigencia política que los llevó al poder. Hasta se menciona la posibilidad de que la violenta pelea subterránea se vuelva rastrera y haga que afloren “carpetazos” en formato de fotos y videos con cuestiones privadas de algunos dirigentes. Todo un ejemplo del nivel de la dirigencia que ocupa las instituciones tucumanas.

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