13 Noviembre 2020
CRÍTICA. La opositora aseveró que la Legislatura protege a Leiva y a Pisa. twitter@beatriz_avilaok
La crítica situación de los tribunales tucumanos, y las tensiones institucionales que derivan de ello, han llegado al Congreso de la Nación. En la Cámara Baja, la diputada Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social) denunció, mediante la presentación de una cuestión de privilegio contra el Poder Judicial de la provincia, que “la Justicia no funciona” en Tucumán y que, cuando se objeta a magistrados cercanos al poder, la Legislatura se encarga de protegerlos.
Durante la sesión del miércoles, que se extendió hasta la madrugada de ayer, la parlamentaria sostuvo su acusación sobre la base de dos cuestiones principales. Por un lado, planteó el caso del femicidio de Paola Estefanía Tacacho, “una profesora de inglés de 31 años y con una vida llena de ilusiones”, que fue perpetrado el 30 de octubre y “conmocionó a todo el país”.
“Lo más terrible es que ella denunció 13 veces a quien sería su asesino, Mauricio Parada Parejas: 13 veces recorrió tribunales para alguien la escuchara y la ayudara. Lamentablemente, nadie hizo nada”, condenó.
Reparó entonces que la única denuncia que tuvo pedido de elevación a juicio, en 2016, fue archivada en 2017 por el juez penal Juan Francisco Pisa, quien sobreseyó a Parada Parejas.
“A Paola la mataron dos veces. Primero fue la mano de su asesino. Después, la ausencia del Estado”, aseveró la opositora.
La segunda cuestión se refiere a la denuncia por presunto tráfico de influencias, coacción y violación de deberes de funcionario público que el juez de Impugnación, Enrique Pedicone, radicó el 1 de septiembre contra el juez supremo Daniel Leiva.
“No sólo es terrible el caso de Paola: en Tucumán se protege a un miembro de la Corte, como Leiva, que fue grabado por el camarista Pedicone cuando pedía protección para el legislador Ricardo Bussi, acusado por abuso sexual”, afirmó Ávila.
“Y se proteje al juez Pisa, quien ha presentado la renuncia (condicionada al otorgamiento del beneficio previsional del 82% móvil) para evitar el juicio político. Esa cobarde dimisión de ninguna manera va a devolverle la vida a Paola ni va a reparar el dolor que le ha provocado a su familia”, recriminó.
Seguridades
“Los tucumanos hemos superado ya la denominada ‘sensación de inseguridad’ por una real y lamentable seguridad: ante un delito contra una persona común, los tucumanos tenemos la seguridad de que la mayoría de los casos no se van a esclarecer. Tenemos la seguridad de que esto le puede pasar a cualquiera en cualquier momento y en cualquier lugar de la provincia. Y tenemos la seguridad de que si hay cuestionamientos contra jueces, el Poder Legislativo de Tucumán los va a proteger”, disparó la diputada, casada con el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro.
“Frente a este cúmulo de seguridades, la más terrible es que en Tucumán no existe la Justicia, no existe quien proteja al ciudadano común, que se halla completamente desprotegido frente al delito -afirmó Ávila-. La Justicia de Tucumán no funciona porque desde hace muchos años fue cooptada por una corporación política que se sirve descaradamente de ella. Esto se inició de la mano de José Alperovich y los miembros de estos poderes se aferran a sus sillones con la misma pasión con la que hacen crecer sus intereses. Lo que debemos advertir es que si la Justicia no funciona, lo que verdaderamente no está funcionando es la plena democracia en Tucumán”, concluyó.
Las cuestiones de privilegio son “constituyen una verdadera denuncia que un legislador realiza” respecto de la violación de un privilegio o inmunidad constitucional, para que la Cámara adopte una decisión parlamentaria (resolución o declaración) respecto -en este caso- de terceros, informa la página oficial de la Cámara de Diputados.
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