Las maestras integradoras hacen changas para subsistir

El Estado provincial y las familias les confían lo más valioso y frágil de la sociedad: los niños con discapacidad. Son el nexo entre la familia y la escuela. Ayudan a los niños en la casa y en el aula. Su objetivo es lograr la inclusión del alumno en la escuela común, por eso los llaman docentes integradores. Pero conseguir una maestra integradora se ha vuelto una odisea para los padres que, muchas veces, deben acudir a una acción de amparo para tener ese servicio. Del otro lado, los docentes integradores son cada vez menos: ganan la mitad que lo que perciben otros maestros lo hacen con retraso de varios (este año no cobraron todavía) y para que les paguen tienen que iniciar un expediente que debe pasar por nueve oficinas del Estado.

“A pesar de la pandemia seguimos trabajando con los chicos pero hace ocho meses que no cobramos. La directora de Educación Especial, Viviana Páez, se niega a recibirnos”, denuncia la docente Romina Jiménez. “También acudimos sin éxito al Ministerio de Gobierno. Tenemos una ley de colegiatura que nunca se reglamentó. Nuestras condiciones de trabajo son pésimas: somos monotributistas, no tenemos aguinaldo, ni seguro de vida, ni licencias médicas, en vacaciones no cobramos, los meses de julio y de diciembre percibimos la mitad de nuestro sueldo. Tenemos que estar al día con AFIP y Rentas porque nos exigen cumplimiento fiscal, para adjuntar todo eso al expediente para poder cobrar nuestro sueldo. Sin esos pagos tampoco tenemos obra social. Estamos obligados a pedir al director de la escuela y a la familia que certifiquen que hemos trabajado”, se queja la docente.

Los educadores que hacen integración escolar no pertenecen al sistema educativo como los demás maestros. Son monotributistas. Pueden cobrar a través de las obras sociales o por medio del Ministerio de Educación.

“Se aprovechan de que amamos lo que hacemos. Pero ya no podemos vivir así”, lamenta Vanesa Acosta, que hace tres años trabaja en integración escolar y ahora lo hace desde su casa. “Nuestro sueldo es de $ 17.464 y a eso hay que descontarle 7,5 % que nos cobra el banco por ser agente de retención y $ 2.000 en monotributo”, dice. Pero lo que más le pesa a Vanesa es sentir que sus sueños caen al piso: “cuando me recibí sentía un orgullo muy grande, era el anhelo de mi vida ser profesora. Pensé que con mi título me iba a dar una mejor calidad de vida. Yo siempre trabajé limpiando pisos. Pero me equivoqué. Hoy tengo más necesidades que antes”, admite en completa perplejidad.

Judith Torrejón también recuerda el esfuerzo que hizo para recibirse: “vivía en Simoca y viajaba dos horas con trasbordo para dejar a mis dos hijas y poder estudiar en Famaillá”. Consiguió su título y se especializó en la enseñanza de personas sordas e hipoacúsicas, pero ahora trabaja en el comercio. “Tengo un alumno y no me doy abasto y el Subsidio de Salud que demora muchísimo en pagar”, plantea. No es la única que vive de otro trabajo, la mayoría lo hace con más o menor suerte.

Yésica Nadal se las arregla como ayudante de albañil para mantener a su hija de seis años. “A pesar de eso nunca dejamos de acompañar a nuestros alumnos, porque lo hacemos por vocación”, asegura quien debe repartir sus días entre el delicado trabajo con los niños y la ruda, pero más redituable tarea con los ladrillos.

“Estamos en una situación muy difícil porque si no cobramos no podemos pagar AFIP ni Rentas y, a la vez, si no abonamos esos impuestos tampoco podemos cobrar nuestros sueldos”, explica la docente-albañil.

A Gabriela Peralta también le toca hacer trabajos pesados para compensar su falta de remuneración en la docencia: va a la cosecha de arándanos. “Me deben los sueldos de julio a diciembre de 2019 y me acaban de avisar del Ministerio de Educación que extraviaron mi expediente. Ahora tengo que presentar toda la documentación de nuevo”, reniega la docente que tampoco cobró ningún mes este año.

Gabriela se levanta cuando todavía es de noche. A las 6 tiene que estar en los cultivos y vuelve a las 14. A la siesta comienza a trabajar con sus dos alumnos por videollamada y whatsap. “Yo solo sé que todos los días tengo que tener el teléfono con carga para ayudar a mis alumnitos y a mi hijo que tiene seis años y está en primer grado”, explica.

El papelerío es grande y todos los docentes integradores tienen contadores para llevar sus cosas al día. Un tropiezo los deja sin sueldo. “Yo no pude enviar ni una factura al Ministerio de Educación porque Rentas no me envía mi cumplimiento fiscal”, se lamenta Ayelén Morales que con trabajos al crochet mantiene su casa porque su marido está sin empleo.

“En tesorería de la provincia nos dicen que no hay fondos para pagarnos”, averiguó Sofía Proto quien solo pudo cobrar cuatro meses por una de sus alumnas. Estaba haciendo una licenciatura en Educación Especial en la Universidad de San Martín de Buenos Aires, y ahora no sabe cómo pagar la cuota. Y tuvo que volver a vivir con sus padres.

Sin ningún gremio que las respalde, Mariana Zanetti dice que son más de 200 docentes de Educación Especial los que están en la misma situación. Pero no quiere que sólo les paguen los sueldos atrasados: “queremos ser considerados trabajadores en blanco. Por eso, por primera vez, los docentes de apoyo a la inclusión pedimos ser incluidos”.