El foro interpelado - LA GACETA Tucumán

El foro interpelado

02 Nov 2020 Por Irene Benito

Quizá el 1 de noviembre de 2020 pase a la historia como el día en el que el forastero Alberto Binder miró de frente a los príncipes del foro local y a los séquitos que los entornan, y les preguntó: “¿de qué lado están?”. La respuesta, según el procesalista penal más prestigioso del país, definirá el futuro de la Justicia de Tucumán. Binder precisó que ese porvenir había comenzado dos meses atrás, cuando el juez Enrique Pedicone denunció que habría sido presionado por el vocal Daniel Leiva para “manejar la intensidad” de una pesquisa de supuestos abuso sexual y actos de corrupción atribuidos al legislador Ricardo Bussi. El gurú opinó que la basura estaba a la vista y llamó “a limpiarla” a los abogados (que forman la magistratura, el funcionariado, la academia, el Consejo Asesor de la Magistratura y los colegios), pero también a los ciudadanos que en la provincia, y en la Argentina anhelan un Poder Judicial respetable, creíble y eficiente.

“Nadie puede hacerse el tonto”, advirtió Binder. Y en unas líneas para enmarcar y colgar apuntó que le alegraba que en Tucumán las cosas se hayan blanqueado: “aquí no hay lugar para el pesimismo, que se vuelve la justificación de la doctrina acomodaticia para quienes sacan beneficio de la corrupción de las instituciones”. Más allá de incitar a la acción de las “cosas concretas”, el jurista certificó la validez de los audios de Pedicone donde la voz de Leiva formula la solicitud de manipular el caso inherente al líder de “un espacio que nos es funcional” -el peticionario se ríe cuando se escucha a sí mismo hablar en plural, como si perteneciera al oficialismo- en nombre del gobernador Juan Manzur y del vicegobernador Osvaldo Jaldo. A continuación, el procesalista refirió que resultaba contrario al sentido común impedir que el vocal fuera investigado con el esquema de transparencia implementado el mismo día que “comenzó el futuro” del Poder Judicial. No es una opinión más: Binder fue el autor último de esa reforma, y su militancia contra las escuchas ilegales y los servicios de inteligencia espurios lo acreditan como un guardián indiscutible del debido proceso.

Las palabras del experto ponen quicio en el caos. Binder trabajó codo a codo con Leiva y sus pares de la Corte; con el jefe de los fiscales, Edmundo Jiménez, y con el ex legislador justicialista Marcelo Caponio para remodelar el bastardeado proceso penal vernáculo. Es un conocedor de la cepa “trucumana”. Sabe que aquí son capaces de superar a la Inquisición y a la condena de Galileo Galilei en el afán de mantener el secretismo y la impunidad de los que mandan. Binder citó como ejemplo de la insensatez el dictamen de la fiscala Mariana Rivadeneira a favor de la exclusión de las grabaciones de Pedicone. Sin oír los audios oficialmente, Rivadeneira opinó que su difusión los había contaminado, y de que violaban la privacidad y la intimidad del funcionario denunciado. De inmediato, el juez Juan Francisco Pisa excluyó las pruebas. Es una negación de la realidad en la línea de la censura a la confirmación de la teoría copernicana que sufrió Galilei. Sí, la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés.

Con la ayuda de una infinidad de cómplices de la violación del Estado de derecho y de la Constitución, en esta jurisdicción la corrupción ha avanzado hasta el punto de destruir la confianza en el Poder Judicial como generador de verdad. Ese “institucidio” produce que los delitos que cometen las autoridades no son denunciados porque nadie cree que la exposición de los hechos vaya a generar condenas para sus autores y existen temores fundados de que los denunciantes sí sufrirán las consecuencias. La historia de Pedicone aporta un ejemplo cristalino: Rivadeneira y Pisa fulminaron la evidencia de los supuestos actos ilícitos antes de peritarla, y el denunciante afronta la friolera de siete solicitudes de destitución. Cuando la corrupción es total, las mafias ya no necesitan disimular y hasta parece que gozan con la explicitación del escarmiento.

La reacción frente a Pedicone y a Leiva ayuda a entender cómo opera esta institucionalidad disfuncional que desnudó Binder. Como la comisión de Juicio Político de la Legislatura se dedica a perseguir a quienes ventilan los atentados contra la independencia judicial, los que agachan la cabeza pueden cometer cualquier clase de tropelía porque -¿siempre?- gozarán de la protección que dispensa el poder al que sirven. Ello explica, por ejemplo, que a Pedicone lo hayan acusado por disponer “sin competencia” el cese de la prisión preventiva del acusado Ángel Bravo, pero que nadie cuestione al fiscal Alejandro Noguera, que no sólo consintió la actuación del magistrado, sino que también dio el visto bueno a la libertad del imputado. Tampoco irrita que Pisa haya ejecutado la liberación de Bravo, pese a que los vocales Antonio Daniel Estofán, Leiva y Eleonora Rodríguez Campos habían ratificado la inhabilitación de Pedicone. Minucias. ¿Cómo tocar a Noguera si luego se prestó para opinar, como representante de la sociedad en la Justicia, que el recurso de per saltum de Pedicone en el caso “Leiva” carecía de interés constitucional, gravedad institucional y urgencia? No contento con ello hasta solicitó sanciones disciplinarias para el juez y sus abogados.

¿Y qué decir de Pisa? El “Oyarbide tucumano” superó con creces el apodo que le colgó la oposición. Su contribución a la cleptocracia es tan superlativa que seguro no le quita el sueño haber sido quien, en 2017, sobreseyó al femicida Mauricio Parada Parejas, pese a que el fiscal Diego López Ávila había pedido su juzgamiento por el acoso al que sometía a Paola Tacacho, la víctima que mató a puñaladas. También pueden respirar tranquilos los fiscales Daniel Leguizamón y Adriana Reinoso Cuello que soltaron a José Guaymás, quien luego habría abusado y matado a la niña Abigail Riquel, y terminó asesinado en un acto de venganza popular. Que se sepa, estos fiscales no ofrecieron una rendición pública de cuentas, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puso el grito en el cielo. Pareciera que llevan razón los abogados de Pedicone, Arnaldo Ahumada y Fernanda Battig, cuando dicen que la puerta giratoria tiene un solo portero: su cliente. También es evidente que, como observó Binder, hay un vínculo directo entre el caso de Leiva y la implantación de la “ley del más fuerte”. El foro ha sido interpelado este 1 de noviembre en términos que valen para todos: la ausencia de una tutela judicial efectiva engendra una violencia de la que nadie saldrá indemne.

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