Contra reloj, Lucero intenta frenar la designación que judicializó

La concursante notificó a los senadores que el juez Poviña dio trámite a su amparo y solicitó que se abstengan de prestar un acuerdo.

26 Oct 2020 Por Irene Benito
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ASPIRANTE A DEFENSORA OFICIAL DE LA NACIÓN. Vanessa Lucero.

La funcionaria judicial tucumana Vanessa Lucero se jugó su última carta en un correo electrónico que envió a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a un conjunto de senadores. En ese mensaje, la concursante notificó que el juez federal N°2 de esta provincia, Fernando Luis Poviña, dio curso al amparo presentado para lograr que el Poder Ejecutivo evalúe de nuevo “con una perspectiva de género” la cobertura de la Defensoría Pública ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal local (TOF). Lucero solicitó al Senado que tenga en cuenta la judicialización y que frene el trámite del acuerdo de Mariano Galletta, el candidato que el presidente Alberto Fernández destinó para el cargo ante el TOF. En una última gestión, la aspirante vetada pidió a los senadores que apliquen los criterios de paridad y rechacen el pliego de Galletta.

El correo electrónico procura que los tiempos de la política no tornen ilusorios los actos de la Justicia. Lucero tiene el reloj en contra puesto que esta semana la comisión de Acuerdos celebrará las audiencias públicas con los postulantes escogidos por el Presidente, entre ellos Galletta y el juez federal N°1 de Tucumán, Daniel Bejas, quien fue colocado en la Cámara Nacional Electoral que controla la renovación de autoridades del Congreso y de la Casa Rosada (se informa por separado). El postulante al puesto de defensor público sería entrevistado hoy. El oficialismo dispone de mayoría en el comité encargado de analizar los pliegos, que, tras entrevistar a los candidatos, debe emitir el dictamen que habilita la votación de las designaciones en el recinto. Preside la mesa de Acuerdos la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.

El periplo pendiente en el Senado podría terminar antes de que el Estado Nacional produzca el informe que dé cuenta del interés público comprometido en la solicitud que ordenó Poviña el 21 de octubre a los fines de evaluar la petición de una medida cautelar. El Poder Ejecutivo de la Nación tiene nueve días hábiles para mandar su posición. En su resolución, el juez N°2 consideró a primera vista “proponible” el amparo de Lucero: en función de ello, la amparista expresó a Fernández de Kirchner, Fernández Sagasti, Ernesto Martínez, Julio Cobos, Claudia Ledesma Abdala de Zamora y Luis Naidenoff que correspondía suspender todo hasta que haya un pronunciamiento. “La designación de Galletta, quien ocupaba el tercer lugar de la terna, no debe recibir acuerdo porque resulta arbitraria y violatoria de las normas internacionales en materia de paridad de género”, observó.

La causa de Lucero generó revuelo entre las organizaciones y militantes feministas puesto que aquella alegó que la incorporación de Galletta implicaba generar una hegemonía masculina en la estructura tucumana del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. En el amparo, Lucero esgrimió que Fernández se había inclinado para el cargo tucumano por un abogado con residencia en Buenos Aires calificado con 106 puntos en el concurso mientras que ella, que era oriunda de la provincia y trabajaba allí, había sido vetada pese a lograr 133,75 unidades (la aspirante Natalia Eloísa Castro logró el segundo puesto con 131,5). Según su criterio, este nombramiento no sólo contraviene las disposiciones de los pactos internacionales, sino también la propia política de promoción de la mujer anunciada por la administración de Fernández.

La nueva consideración de la cobertura que pretende Lucero sería la tercera que el Gobierno haga respecto de la Defensoría ante el TOF provincial. El 21 de mayo de 2019, el ex presidente Mauricio Macri había elegido a la amparista, pero el peronismo bloqueó el trámite en el Senado y en febrero el mandatario en funciones retiró la designación de Lucero junto a otras 200. El orden jurídico estipula que el Presidente puede elegir a cualquiera de los ternados y no establece un plazo para definir el nombramiento. El Gobierno acumula otros cinco tercetos para cubrir igual número de cargos de la Justicia Federal de Tucumán.

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