Señales de debilidad - LA GACETA Tucumán

Señales de debilidad

25 Oct 2020 Por Juan Manuel Asis
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Confundido, desorientado, desconcertado. Conceptos que definen la imagen política que ofrece el Gobierno provincial en los últimos días; sometido a la presión de un combo que incluye el hartazgo al confinamiento sanitario, el aumento de la pobreza, la pérdida del valor adquisitivo del salario, las quejas empresarias por el deterioro económico, pero por sobre todo por los dramas de inseguridad que estallan a diario, como el crimen de Abigail y el linchamiento de su asesino. Sensación de Estado ausente, sorprendido y desbordado. En la conmoción, la sociedad busca explicaciones, quiere responsables y exige reacciones de parte de las autoridades, por lo menos un mensaje que revele que se la comprende y que se obra en consecuencia. Un gesto a la medida de las expectativas, o del descontento, o de la bronca y del malestar. Sin embargo, si lo que parece emanar del poder es un aquí todo sigue igual, más que pensar en que no se quiere seguirle el juego a la oposición -que pide que rueden cabezas del Ejecutivo- debe analizarse que, efectivamente, se duda sobre los pasos a dar para sortear el dramatismo de la hora. Incertidumbre que trasunta señales de debilidad política, advertida con incomodidad desde algunos sectores del propio oficialismo, porque se traduce en un desgaste que los arrastra a todos.

Sin embargo, no sólo el Ejecutivo está en la picota; los otros poderes, el Judicial y el Legislativo también están siendo gravemente cuestionados por el asesinato de Abigail. El edificio de la Justicia se mantuvo incólume, ni una palabra surgió de allí, como si no tuviera nada que decir frente a los señalamientos de la sociedad. En la Cámara, en tanto, la oposición exigió la renuncia del ministro de Seguridad -cada vez más acorralado contra las cuerdas-, una demanda que le resulta atractiva a varios integrantes del bloque oficialista, pero que se contienen de opinar sólo para no afectar a la propia gestión y para evitar los enfrentamientos internos. Algunos parlamentarios peronistas esperan que haya medidas, correctivos, en las próximas semanas, una suerte de reacción del Gobierno en favor de aquellos que claman por vivir en una provincia más segura. Hace un par de semanas, un trabajo de la consultora Meraki expuso que el virus mortal no era lo que más les preocupaba a los tucumanos; al ranking lo encabezaban la inseguridad y la corrupción.

Si frente a la inquietud ciudadana y al clamor social de un gesto gubernamental de que hacia allí se ha encaminado, lo primero que se hace ante el reclamo por Abigail es no desplazar a nadie, la ciudadanía tiene todo el derecho de interpretar que se le está dando la espalda, o que no se dimensiona la angustia social. No es que una renuncia de ocasión vaya a pacificar los ánimos, sino que no se concede una respuesta acorde a las inquietudes de la comunidad. Por eso en el oficialismo hay quienes entienden -o tienen esperanzas- que debe haber una reacción a los fines de retomar la iniciativa política y congraciarse con una ciudadanía molesta con el poder político. Lo esperan aquellos que aspiran a que la imagen de desorientación del poder político empiece a desdibujarse, porque en ese carro están todos.

Cuando se analiza qué es lo que debería ocurrir, rápidamente la atención se posa en el área de la Seguridad y, por consiguiente, en la Policía. La idea que surge es la de cambio, tanto de rumbo como de nombres. En el peronismo muchos creen que el ciclo de Maley está concluido y que es insalvable, pero se llaman a silencio por prudencia. Si Manzur no avanza con su remoción -y lo respalda- es porque le tiene estima, porque su designación lleva su impronta -por lo cual debe pagar costos personales- y porque no tendría por ahora un candidato para ocupar el cargo. Se busca, aunque más allá del perfil pretendido, quien venga deberá traer un buen plan de seguridad bajo el brazo. De mínimo, convincente. ¿Con la misma Policía, con la misma línea de conducción, mirando siempre al costado? La respuesta desde el seno del Gobierno debería ser no.

Porque hay quienes desconfían de las verdaderas intenciones de ciertos elementos de la fuerza y sobre la real ascendencia de Maley en el manejo del área. En cierta forma, el asesinato del peón rural Espinoza a manos de policías -los que luego arrojaron su cuerpo en Catamarca-, fue un indicativo de que se le ha perdido el respeto a los mandos superiores; que no se les teme, que en los niveles inferiores se atreven a hacer lo que se les plazca porque no hay controles. Si hasta se animan a ocultar un crimen. Además, se sospecha que en el linchamiento del asesino de Abigail hubo policías involucrados, pero para favorecer el peor desenlace, al igual que personal de la Justicia. Con su supuesta inacción habrían permitido que los vecinos hicieran “justicia por mano propia”. La ecuación es sencilla: si lo capturaba la Policía, la repercusión hubiese sido favorable al Gobierno. Pero ocurrió lo contrario. Se limó el poder político.

¿Hubo una inteligencia oculta, subterránea, maliciosa, destinada a perjudicar y horadar a los poderes detrás de estas acciones? Como dijo un dirigente político de peso, poniendo un manto de sospecha: en Tucumán pasan cosas. Raras. Si fuera así, a quien le estaría faltando olfato político o una inteligencia criminal para adelantarse a estos hechos sería al propio Gobierno, porque bajo sus narices se producen desórdenes de conductas, por decirlo de una manera elegante. Cabría entender, entonces, que haya cierto desconcierto por acontecimientos que no se pueden prevenir y menos manejar. ¿Está fallando Manzur o todo el equipo de Gobierno en no advertir estos movimientos y en no saber cómo resolver las situaciones de crisis? Cualquiera sea la respuesta, atendiendo a que los ministros son fusibles, lo lógico sería avanzar en un recambio de figuras en el PE. Depende de Manzur el cuándo.

Por causa de la pandemia, hay varios funcionarios que no aparecen en la escena. La que más se muestra al lado del mandatario es la ministra de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse; mientras que su par de Salud, Rossana Chahla, optó por un llamativo y prolongado silencio. Los que pasillean por el palacio gubernamental deslizan que la titular de la cartera de Salud se fastidió. Defendía la necesidad de imponer restricciones o fases duras por el incremento de los contagios por coronavirus. Sin embargo su criterio sanitario debió doblegarse ante el criterio político que suponía no ir en contra del hartazgo social por el encierro. No se quiso pagar el costo político de soportar la desobediencia social. Por ocultar la debilidad política, se la puso en evidencia.

En suma, el Gobierno está pasando el peor momento de toda su gestión, con una sumatoria de crisis: sanitaria, de transporte, económica, de inseguridad. O las enfrenta en serio, o tendrá que aguantar que en las redes sociales se le pida la renuncia a Manzur y se alienten marchas para tomar la Casa de Gobierno. Efectivamente, fue un audio que ataca a Manzur y que circuló en los últimos días lo que alteró a los funcionarios y que determinó una denuncia sobre “intimidación pública” que se realizó ante la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Fiscal. Es que la división de Delitos Telemáticos y Económicos de la Policía señaló que a través de las redes “se invita a la sociedad a llevar adelante acciones que constituirían delitos”.

¿Qué decía el audio que circuló por WhatsApp? Básicamente, convoca a una marcha el 31 de octubre para “tomar” la Casa de Gobierno y para informarle al gobernador que queda despedido de su cargo. Dirigentes capitalinos del peronismo se juntaron este fin de semana para analizarlo y determinar si debían tomar algún curso de acción. “Vamos a tomar la Casa de Gobierno, le pedimos a la Policía que no reprima, porque serán responsables de la primera guerra civil en Tucumán”, se escucha decir a una voz masculina. Es evidente que el Ejecutivo tomó nota y que le prestó bastante atención como para pedir que se investigue si esas acciones incitan a la violencia, conllevan amenazas, intimidación pública o cualquier otro delito. Está claro que no se puede instar a ocupar la sede del Gobierno, por más que haya ansiosos en que la actual gestión finalice antes su mandato, pero ese audio logró su cometido. Pero puso en alerta al Gobierno. Aunque lo que más debería preocupar al oficialismo no es que haya quienes crean que es correcto avanzar en esa suerte de usurpación de la sede del poder político por la fuerza, sino que no está dando respuestas a las necesidades y preocupaciones de la sociedad, como en el caso de mayor seguridad. Sí debería inquietarse por si cala el mensaje, porque indicaría que cualquiera se le anima con lo que sea al oficialismo; en sí mismo implica una señal también de debilidad política.

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