“El ciudadano paga los efectos de gobiernos corruptos y de la mentira sistemática del poder”

José Luis Sanz (1974, Valencia) nació en España, pero su vida y su corazón pertenecen a El Salvador. El periodista llegó hace 21 años al país más pequeño de América Latina, que incluso es más chico que Tucumán: en 21.000 kilómetros cuadrados viven 6,7 millones de habitantes. Y se enamoró de este territorio enclavado entre Guatemala y Honduras, que mira hacia el Océano Pacífico. Allí se integró a El Faro, un proyecto de periodismo de investigación que genera aplausos y alabanzas internacionales por la calidad de su trabajo. Sanz dirige el periódico digital que está en la mira del presidente Nayip Bukele, cuyo perfil encaja en la definición de “patán” que en este mismo ciclo de entrevistas remotas trazó el cronista estadounidense Jon Lee Anderson. El plan de agresiones a la libertad de expresión estaba más o menos dentro de lo previsto hasta que Bukele acusó a El Faro de estar al servicio del lavado de dinero, una imputación que el director considera programada para habilitar allanamientos y detenciones en la redacción. Consciente de que la acusación refleja cuánto molesta el periodismo, Sanz asegura de que no hay manera de apagar la luz de la verdad y de la libertad. “Se equivocan los que creen que podrán ganar a la democracia”, opina.

En una videollamada por Meet, accidentada como consecuencia del estrés que implica tener que defender la inocencia y asegurar la continuidad del circuito informativo, el director resta toda importancia a los embates. Según explica desde San Salvador, el pueblo se lleva la peor parte de la descomposición de las instituciones y de la violencia. “Es algo que los periodistas debemos recordar permanentemente. El ciudadano paga los efectos de gobiernos corruptos, de la doble moral y de la mentira sistemática del poder”, analiza con un acento que denota su origen ibérico.

-¿Cómo describirías la situación de la prensa profesional en El Salvador?

-El periodismo está viviendo una etapa de enorme pujanza, y creo que, en general, y si la comparamos con la tradición de propio país y de la región, de enorme calidad. El Faro ha sido un proyecto solitario durante buena parte de las últimas dos décadas dedicado al periodismo independiente, de investigación y de profundidad. Pero en estos momentos, sobre todo en los últimos cinco años, han nacido otros proyectos como Factum y Gato Encerrado, y los diarios tradicionales, que dedicaron muy pocos recursos al trabajo de largo recorrido, y que incluso en muchas etapas han sido claramente complacientes con los gobiernos de turno, hoy muestran un mayor compromiso con la independencia y la fiscalización. Eso ha venido acompañado de tensiones constantes con las administraciones estatales. Nosotros y otros medios, como Factum, hemos recibido constantes presiones, amenazas y vigilancia, algo a lo que por desgracia en toda América Latina nos hemos acostumbrado. Lo que ocurre es que con el Gobierno de Nayip Bukele, que ha cumplido un año y cuatro meses, la situación está escalando muy rápido en términos de ataques y de estigmatización a los periodistas. Nos consta que hay escuchas telefónicas y seguimientos constantes, y ahora vemos la utilización del Estado para criminalizarnos. La situación se ha vuelto especialmente preocupante. Estamos en una etapa de desarticulación de nuestro ya frágil sistema democrático y francamente el periodismo es un obstáculo para el Gobierno que se propone concentrar todo el poder.

-¿Bukele traicionó o confirmó las expectativas que había sobre él?

-Un poco de cada cosa. Era evidente que él representaba un proyecto político personalista y que este pasaba por la ruptura del modelo de partidos. Lo que no esperábamos es que cruzara tan rápido la barrera clave de la institucionalidad.

-¿Cuál es ese límite?

-El 9 de febrero entró con militares al Congreso y se sentó en la silla del presidente de la Asamblea Legislativa: durante algunos minutos anuló cualquier posibilidad de división del poder. Eso es algo que ni siquiera los gobiernos militares hicieron. Para un presidente elegido democráticamente, que hoy goza de una alta popularidad, hacer aquello fue un mensaje terrorífico de desprecio al pluralismo democrático y al esquema de controles institucionales. Esto ha continuado con la excusa de la pandemia. Nayip Bukele ha emprendido una campaña constante de descrédito e insultos hacia la Corte Suprema y a su Sala de lo Constitucional, y ha desacatado órdenes y resoluciones directas de la Justicia.

-¿Por qué esto empeoró con la covid-19?

-En marzo y en abril hubo detenciones de ciudadanos que rompían la cuarentena obligatoria. A la Policía se le dio la atribución de apresar a cualquiera que estuviese en la calle y, si los agentes consideraban que alguien no cumplía los requisitos para circular con un permiso excepcional, lo recluían en los llamados centros de contención. Pero nadie puede estar retenido en un lugar contra su voluntad sin ningún tipo de proceso o de control judicial. Y a pesar de las impugnaciones de la Corte y de la Sala de lo Constitucional, ese tipo de detenciones han seguido ocurriendo. En las últimas dos semanas, el Ministerio de Defensa, con el respaldo del Presidente, incumplió la orden de abrir los archivos militares para una inspección judicial como parte de la instrucción de la Masacre de El Mozote (1981) cometida durante la guerra. Es un abanico muy amplio de desprecio de las críticas. Bukele ha decidido confrontar con todos los que disienten con él, desde la comunidad universitaria jesuítica, la UCA, que siempre ha sido un espacio de denuncia en El Salvador, hasta la Asociación Nacional de la Empresa Privada, y eso incluye a los medios de comunicación, y a las organizaciones feministas y de la memoria histórica. Ayer mismo el Presidente dijo que lo que está haciendo el juez en el caso de El Mozote es un show y ha acusado a las víctimas de estar manipuladas por la oposición. Es decir, todo aquel que no se pliega al discurso oficial merece la demonización, sin importar los límites ni el consenso de paz que ha habido en el país.

-¿Cómo ha logrado este país tan chico para tener un gran ecosistema de libertad de expresión?

-La Guerra Civil de los años 80 generó un grado extremo de polarización ideológica que se vio también en los medios de comunicación. La posguerra sí trajo un lento proceso de conciencia democrática, que tuvo altibajos, y la irrupción de nuevas voces periodísticas. Yo creo que El Faro ha sido el rompehielos de esa tendencia: nació en 1998 cuando los acuerdos de paz habían cumplido seis años y empieza como algo muy pequeñito, era sólo el trabajo voluntario de un grupo de periodistas. Pero había un vacío: el país necesitaba investigaciones periodísticas, y un medio que leyera la sociedad desde una premisa democrática y estándares globales. Sí creo que ayudó el hecho de que en El Salvador haya habido una polarización ideológica auténtica, lo que es algo excepcional en Centroamérica, donde las crisis por lo general son el resultado del pulso interno entre élites. Tras la Guerra Civil, en El Salvador sobrevivieron un gran partido de derecha y otro gran partido de izquierda que mantuvieron enfrentamientos fuertes en las urnas, pero que partían de un pacto de respeto y construcción institucional. Mientras en Honduras la corrupción era galopante y se legitimaba; en Nicaragua (Daniel) Ortega iba armando su plan mesiánico, personalista y familiar, y en Guatemala las cúpulas económicas y el Ejército administraban un sistema de partidos que aparecían y desaparecían constantentemente, en El Salvador sí parecía que lentamente iba a haber un modelo democrático bipartidista. Eso hizo que el periodismo pudiese dialogar con la sociedad de otra manera y que la ciudadanía se comprometiese en la lucha contra la corrupción.

-¿En qué consistió esa batalla cívica?

-En los últimos años, la presión social ha logrado que tres ex presidentes enfrentaran cargos por corrupción. Uno está en la cárcel, Antonio Saca, por haber desviado más de U$S 300 millones durante su gestión; otro, Mauricio Funes, enfrenta imputaciones similares, y está asilado en la Nicaragua de Ortega y prófugo de la Justicia, y el tercero, Francisco Flores, murió mientras estaba siendo investigado por enriquecimiento ilícito. Yo sí creo que el sistema judicial empezó a responder al cambio social que hubo. Nayip Bukele está rompiendo un proceso que fue muy frustrante y lento, pero que tenía sus bases mínimas y que parecía dirigido a fortalecer la institucionalidad. Ahora estamos en una etapa de incertidumbre total.

-La emergencia sanitaria agravó las enfermedades que había en las instituciones. ¿Qué pasó con la promesa de Bukele de construir el mayor hospital de la región?

-Con el paso del tiempo, el famoso hospital “El Salvador” se va a convertir en un caso de estudio y en una obra representativa de este Gobierno. Cuando llegó la pandemia, Bukele tomó medidas drásticas muy rápido, lo cual fue muy aplaudido y hasta acertado: cerró las fronteras; decretó una cuarentena estricta y larga, y prometió hacer una inversión extraordinaria en lo que llamó el hospital más grande de América Latina. Para el país más pequeño de ese espacio esto es un gran reclamo político: promete lo que los salvadoreños siempre hemos soñado, que es ser importantes, modernos y eficaces. Por desgracia, esa obra con el paso de los meses se ha convertido en un mar de dudas. Hay serias sospechas de corrupción: lo que está probado es que ha habido adjudicación arbitraria de los contratos. La parte ya inaugurada, que es una restauración de la estructura existente, genera grandes interrogantes. Esto se presentó con mucha pompa. Nayip Bukele tiene un equipo de propaganda extraordinario, y escenifica la ilusión salvadoreña de un país impoluto y ordenado como Alemania. Por momentos todo esto da miedo. Pero la gran tragedia palpable alrededor de ese hospital es que se supone que debía responder a la emergencia. Pasa el tiempo, la pandemia se convierte en esta enfermedad crónica larga, y ese hospital no llega. Se supone que era para julio, después para agosto, y la parte central de ese hospital es una estructura de vigas. Y ya no se sabe qué papel cumplirá en un plan de salud que nadie conoce. Bukele se basa en lo inmediato y en el conflicto permanente, pero nadie sabe cuál es su rumbo cómo nadie sabe cómo será ese hospital si algún día acaba de construirse.

-¿Cuál es el vínculo entre la organización criminal Mara Salvatrucha y el Gobierno?

-Es muy relevante en El Salvador. La Mara Salvatrucha es un rasgo de la posguerra. Se trata de una pandilla juvenil que nace en Los Ángeles (Estados Unidos) en los años 80 y que, con las deportaciones, llega a toda Centroamérica, especialmente a El Salvador. Estos pandilleros, como otros, encuentran un ambiente para desarrollarse y crecen de manera vertiginosa. Se estima que 40.000 de los 6,7 millones de salvadoreños integran la Mara Salvatrucha. Su principal activo es el control territorial en las comunidades más pobres y de la periferia urbana, con pocas excepciones. La Mara Salvatrucha es hiperviolenta y ha generado decenas de miles de muertes en todos estos años. Bukele ha presumido de tener un plan de seguridad para bajar los niveles de homicidios y efectivamente ha habido una reducción. Sin embargo, nosotros en El Faro hemos confirmado hace pocas semanas lo que se sospechaba: que el Gobierno negociaba en secreto con la Mara Salvatrucha para mantener bajos los homicidios a cambio de ciertas ventajas en las cárceles para los líderes y de ciertas concesiones legales. Esta no es la primera vez que los políticos negocian con los pandilleros. Nosotros ya lo habíamos revelado en 2012 y 2014. Para la sociedad es vergonzoso e insultante pactar con la Mara, sobre todo cuando se buscan beneficios electorales. Bukele se jactaba de no hacerlo, pero hemos demostrado cómo sus funcionarios entran a la cárcel para reunirse con los jefes de la pandilla.

-¿Cuál es la principal caja de financiamiento de esta organización criminal?

-El narcomenudeo. La Mara controla la venta de drogas al por menor y una enorme industria de extorsión, que alcanza desde el pequeño comerciante en un barrio marginal hasta a los grandes empresarios. Es una mafia de pobres, que cada vez mueve más dinero.

-¿Qué implica hacer periodismo en medio de estos peligros?

-El Salvador tiene niveles de violencia muy altos. El Faro recibe amenazas e intentos de bloqueo. El Presidente ha dicho que nos están investigando por lavado de dinero, lo cual es un delirio, pero una acusación de este tipo le permitiría detenernos. En este contexto, la vida es difícil para el ciudadano de a pie y es algo que los periodistas debemos recordar permanentemente. Aquí y en todas partes, el ciudadano paga los efectos de gobiernos corruptos, de la doble moral y de la mentira sistemática del poder. Nosotros somos un periódico pequeño, pero tenemos una red internacional de apoyo y un equipo privilegiado, y podemos tomarnos el tiempo para pensar. Trabajamos con grandes cuidados y muy conscientes del terreno en el que estamos, pero en un periódico que hemos diseñado para hacer periodismo. La ira de Bukele es indignante e injusta, pero entendemos que es la reacción a nuestro interés por la verdad.

-¿No te dan ganas de salir corriendo para España?

-A pesar de que mi acento me delate, a mí El Salvador me ha dado mucho más de lo que me quita. Me siento muy salvadoreño y centroamericano. Y los Bukele no van a ganar a la democracia, aunque esto apenas comienza. Existe una presión enorme, pero yo confío mucho en nuestra sociedad. La gente tiene un coraje extraordinario y creo en el periodismo porque hay conciencia de que es fruto de algo que costó mucho conseguir, con una guerra incluida, y es que pudiera haber libertad de expresión y ciertos mínimos democráticos. Si el Presidente cree que va a poder destruir esto, está muy equivocado, aunque sé que nos esperan tiempos duros y que los retrocesos institucionales están a la orden del día en la región. Pero yo estoy seguro de que la sociedad salvadoreña y el periodismo van a resistir para que la democracia no perezca.